En Tamaulipas se rompieron los pactos y este miércoles el protagonista de la decisión que tomará la Sala Superior del Tribunal Electoral respecto a la validez de la elección del 5 de junio será el crimen organizado. Dos exgobernadores encarcelados, tres investigados y un candidato asesinado en los últimos 30 años evidencian una oscura realidad: nadie puede llegar a gobernar esta entidad fronteriza estratégica si no logra, tácita o implícitamente, acuerdos con los poderes fácticos, incluyendo a los cárteles de la droga.
Más allá de las campañas políticas o de la estructura de gobierno, la economía local está infiltrada desde hace muchos años por el dinero ilícito. No solo por una lógica de rentabilidad o negocio, sino por un instinto de supervivencia que prevalece entre los habitantes de aquellas zonas donde el poder del Estado se ha visto rebasado por el de la delincuencia, y en las que los niveles de violencia no permiten otro camino más que el de ceder a la ilegalidad, o en el mejor de los casos aprender a convivir con ella.
En este escenario es que el PAN y el equipo del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca impugnaron la elección para Tamaulipas bajo el argumento de que en la campaña del candidato morenista, Américo Villarreal, circularon recursos de procedencia ilícita. Según el expediente de impugnación SUP-JRC-101/2022, los panistas denunciaron que el hoy gobernador electo habría sido financiado por el Cártel del Golfo, por el Cártel del Noreste y por una banda dedicada al huachicol internacional.
En la impugnación elaborada por el exconsejero electoral Marco Baños y por el asesor de Cabeza de Vaca, Roberto Gil Zuarth, se incluyen publicaciones y videos de dominio que aseguran que la campaña de Villarreal fue apoyada por un presunto brazo del Cártel del Golfo, conocido como la Columna Armada de Pedro José Méndez; que tuvo relación y financiamiento de Gerardo Teodoro Vázquez, "El Gerry", presunto operador financiero del Cártel del Noreste, y que fue beneficiado con dinero del empresario Sergio Carmona Angulo, relacionado con el negocio del huachicol y asesinado en Monterrey en noviembre del año pasado.
Los argumentos convencieron al magistrado presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, quien en el chat de Whatsapp que comparte con sus compañeros de pleno comentó varias veces “la solidez” de esta impugnación. No obstante, estos argumentos fueron desechados en la resolución propuesta por la ponencia del magistrado José Luis Vargas, en la que se perfila esta tarde declarar la validez de los cómputos electorales y entregar la constancia de mayoría a Américo Villarreal, quien mientras tanto fue a refugiarse a su escaño del Senado el lunes, para evitar supuestas órdenes de aprehensión promovidas por Cabeza de Vaca.
“Tomando en consideración que el actor no demostró tales hechos, resulta inviable estimar que los hechos aducidos por el actor sean suficientes para estimar que se configuró alguna irregularidad susceptible de incidir en la elección”, expone el proyecto de sentencia, el cual abre la puerta a un cambio de gobierno justo en el momento de mayor riesgo para García Cabeza de Vaca, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador vuelve a considerarlo parte de una mafia y resurge una investigación que lo vincula también con el narcotráfico.
Posdata
El caso de Sergio Carmona Ángulo seguirá dando mucho de qué hablar, en dos vertientes: por un lado, hay indicios de que el dinero del empresario vinculado con la importación ilegal de combustibles financió el ascenso político del hoy gobernador, para luego voltear bandera y relacionarse con Américo Villarreal y su familia.
Adán Augusto y Ramírez de la O, a capilla
Los dos secretarios de Estado más importantes en materia de política interior y economía, Adán Augusto López y Rogelio Ramírez de la O, comparecieron ayer ante el Congreso de la Unión. El primero fue citado en el Senado y el segundo en la Cámara de Diputados. Ambos fueron a defender los temas espinosos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como la investigación del caso Ayotzinapa y la militarización de la seguridad pública, así como las sobreestimaciones del Paquete Económico del 2023 y la concentración de recursos presupuestales en los proyectos prioritarios del presidente.
Adán Augusto López defendió lo que ha cabildeado en los últimos días y que podría granjearle réditos para su futuro político: la militarización de la seguridad pública y la extensión a 2028 del Ejército en las calles. El secretario de Gobernación también se enfrentó a los reclamos por el caso Ayotzinapa, al récord de homicidios dolosos en el país y a las acusaciones contra el gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal, y su presunta relación con el narcotráfico. El funcionario le hizo segunda a su jefe y defendió, como era de esperarse, al morenista. “Aunque les duela, va a ser un buen gobernador”, le lanzó a la senadora panista Lilly Téllez, quien ha puesto en aprietos a más de un secretario de la 4T y a los legisladores de Morena y sus partidos aliados.
No fue una tarde sencilla para Adán Augusto, quien el fin de semana cumplió 59 años. Aunque está en la cumbre de su carrera política, con el sueño de convertirse en el candidato de Morena a la Presidencia en 2024, aún le falta mucho para que el presidente piense en concederle esa oportunidad. Sobre todo si no saca la reforma para extender cuatro años más la militarización de la Guardia Nacional.
En lo que hace a Rogelio Ramírez de la O, tampoco salió airoso. Se enfrentó a las críticas y reclamos de la oposición política por la sobreestimación del crecimiento económico en 2023 y la distribución del presupuesto “histórico” de 8.3 billones de pesos para el próximo año. El secretario de Hacienda le colgó el “milagro” al nearshoring que, dijo, detonaría las exportaciones mexicanas en 35 mil millones de dólares. A buen santo se encomendó, cuando en el mundo se comienza a hablar de una inminente recesión económica en Europa y muy probablemente también en Estados Unidos. Hoy va a comparecer al Senado. A ver cómo le va.
@MarioMal
