Las últimas semanas no han sido buenas para el hombre más rico de México. Su empresa de construcción, Grupo Carso, enfrenta la tragedia de la Línea 12 del Metro, cuyos peritajes se darán a conocer esta semana y apuntan a fallas en su edificación; mientras que a su principal grupo, América Móvil, le acaban de retirar la banda de 2.5 GHz por no pagar una contraprestación.
El 28 de mayo pasado, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) notificó a América Móvil del retiro de 42 concesiones en la banda de 2.5 GHz por la falta de pago de una contraprestación obligada.
En 2017, la empresa de Carlos Slim le pagó al grupo MVS, de la familia Vargas, 5 mil 305 millones de pesos –unos 303 millones de dólares al tipo de cambio de aquel entonces– para hacerse de esta porción del espectro radioeléctrico. La intención era usarlo en lo que denominaron su GigaRed 4.5 para aumentar la velocidad de sus usuarios de telefonía móvil.
Según consta en actas, América Móvil omitió un pago a la Tesorería de la Federación por 2 mil 300 millones de pesos.
En total, lo que el organismo regulador le está retirando al grupo de Slim son 60 MHz.
El tema ha involucrado varios intercambios de llamadas y oficios entre el IFT, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; sin embargo, no hubo forma de evitar el cumplimiento de la orden judicial. Trascendió incluso que funcionarios involucrados enfrentarán responsabilidades administrativas y penales.
América Móvil aún puede promover nuevos litigios, pero debido a que en materia de telecomunicaciones no hay “suspensiones” a las instrucciones del IFT, la empresa de Slim debe regresar las bandas de frecuencias.
La ley estipula que si la autoridad o cualquier tercero lo sorprende usando frecuencias que le fueron retiradas, podría ser acreedor de una multa de hasta 50 mil millones de pesos.
Por lo pronto, el emporio de las telecomunicaciones ha perdido unas de sus bandas más codiciadas. El evento debió haberse reportado a sus inversionistas en México y en Nueva York, donde también cotizan sus acciones.
A la par de esta crisis, otra empresa de Slim está relacionada con la tragedia de la Línea 12 del Metro de la CDMX. La sección del tramo elevado que se cayó y ocasionó la muerte de 26 personas y 79 heridos fue construida por Cicsa, una filial de Grupo Carso.
Este lunes, los peritos que contrató el gobierno de la capital darán los primeros resultados de lo que ocasionó la tragedia.
Según información contenida en los peritajes, las autoridades declararán serios errores en la construcción, que concluyó en 2013. En oficios de julio de 2010, de los cuales esta columna tiene copia, el calculista de la obra, el despacho Colinas de Buen, alertó que Carso buscaba “ahorros en tiempo o dinero” y que había “diferencias en lo construido con respecto a lo proyectado.”
Con esto, el tema central de las investigaciones gira en torno a si Carso construyó las estaciones del Metro sin proyecto de los calculistas, y si los ahorros que hicieron en ese entonces costaron vidas en la tragedia del 3 de abril.
Carso ha alegado que la caída de la trabe se debió a vicios en el mantenimiento. Esta semana se sabrá lo que los peritos del despacho noruego DNV encontraron.
Para las pesquisas han sido claves los despachos calculistas de la Línea 12, el Grupo Rioboo y Colinas de Buen.
La misma empresa de Slim que participó en la construcción de la Línea 12 ganó contratos en el proyecto del Tren Maya.
Se viene un escenario más que complicado para Slim y sus negocios.
El SAT y sus proveedores
Todo indica que en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no han conseguido la imparcialidad de todos sus servidores públicos, en línea con los objetivos anticorrupción que se ha planteado la 4T, o al menos eso hacen pensar algunos de los miembros de la plantilla liderada por Raquel Buenrostro. A través del jefe del Departamento de Control de Unidades de Gestión de Servicios, Manuel Fernando Calderón Herrera, la empresa Decoaro y Supervisión S.A. de C.V. permanece como una de las proveedoras de limpieza desde abril pasado, aun cuando no se encuentra al corriente con sus obligaciones obrero-patronales.
De acuerdo con reportes del IMSS, la firma que se ha visto relacionada con Enrique Gómez Mandujano tiene dos registros que suman adeudos totales por 11 millones 457 mil pesos. Pese a todo, el convenio con el SAT sigue en marcha e implica un monto por 34 millones 587 mil pesos y el aseo de instalaciones en Torreón, Nuevo Laredo, Tampico, Monterrey y Reynosa.
Twitter:@MarioMal
