El acuerdo de inversión privada en el sector energético que se anunciará en los próximos días no contendrá ‘sorpresas’ positivas, como había dejado entrever el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo , con la posibilidad de que se reactiven los farmouts de Pemex y las rondas de hidrocarburos.
De acuerdo con un borrador de los proyectos de inversión, la mayor parte serán contratos de servicios con Pemex vía licitaciones y adjudicaciones directas, con el fin de incrementar la producción hasta en un millón 866 mil barriles diarios.
Los nuevos campos aportarán 180 mil barriles diarios y el resto un millón 686 mil, de los cuales un millón 466 mil serán campos marinos y 400 mil campos terrestres.
Los Contratos de Servicios Integrales de Exploración y Extracción (CSIEE) están enfocados en Veracruz, en el proyecto Los Soldados; en Nuevo León, para gas y condensado (proyectos Cuitláhuac y Comitas); en el Golfo de México, aceite y gas (proyecto Ayin); y en Chiapas y Tabasco (aceite y gas) en el proyecto Giraldas.
El presupuesto de inversión para el sector petrolero es de 253 mil millones de pesos (cerca de 14 mil millones de dólares): 57 mil millones para exploración, 135 mil millones para producción y 61 mil millones para nuevos campos.
A finales de enero, Alfonso Romo dijo que el programa de inversión en infraestructura energética podría considerar algunos farmouts o asociaciones estratégicas entre Pemex y los privados.
Anunció que el plan incluye 137 proyectos con un valor de 95 mil a 100 mil millones de dólares, los cuales fueron turnados a la Secretaría de Energía, a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y al Centro Nacional de Control Gas Natural (Cenagas).
Romo dijo que el número de proyectos podría reducirse o ampliarse, ya que han recibido muchos, sobre todo de los estados.
La realidad es que el monto de inversión podría quedar muy por debajo de lo estimado por el enlace del presidente Andrés Manuel López Obrador con los empresarios. Al menos en el sector de petróleo y gas, prioritario para Pemex y para los objetivos de producción del gobierno.
Aunque todavía no hay un plan definitivo, todo parece indicar que la visión centralista y estatista de la secretaria de Energía, Rocío Nahle , se impuso, junto con la del director general de la CFE, Manuel Bartlett, y no habrá ninguna sorpresa como la que esperan los analistas de las calificadoras para evitar degradar a Pemex.
En lo tiene que ver con la CFE, tampoco se anunciará la reapertura de las subastas en el mercado eléctrico.
El resto de las inversiones estarán enfocadas la renovación de las refinerías, infraestructura de transporte (habrá anuncios de nuevos gasoductos), almacenaje, energías limpias y la ampliación de la red de distribución de las empresas de gas natural.
El anuncio ha sido catalogado por los empresarios como la ‘última llamada’ al gobierno para generar confianza y certidumbre a la inversión privada.
El recién reelecto presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar , y Antonio del Valle, líder del Consejo Mexicano de Negocios, están convencidos de que es el ‘último campanazo’ que definirá la relación entre los hombres y mujeres de negocios del país y la Cuarta Transformación.
Es también la última llamada para Pemex, la empresa productiva del Estado que muy probablemente perderá el grado de inversión en los próximos meses, luego de que Moody’s reduzca su calificación crediticia, colocando sus bonos en estatus de chatarra, como lo hizo el año pasado Fitch Ratings.
No debe sonar exagerado decir que lo que se anuncie en los próximos días definirá el rumbo económico de México.
Corte analiza impuestos a casinos
Algo que será muy comentado en las próximas semanas es que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que preside Arturo Zaldívar , se dará luz verde a la propuesta de la ministra Yasmín Esquivel para impedir que los estados cobren impuestos tanto a clientes como a empresas de la industria de juegos y sorteos. Esto, con el objetivo de que se mantenga una recaudación centralizada y con ello inhibir los riesgos que podrían surgir por actos de corrupción, y vaya que sobran ejemplos de esto.
Y es que actualmente todas las entidades, con excepción de Puebla, que gobierna Miguel Barbosa, han obligado a que los casinos del país entreguen 6% de sus ingresos, además de cobrar 10% más a cada uno de los usuarios, por lo que muchos se cuestionan si esta forma de recaudación creada en 2017 en Nuevo León ha sido equitativa y, más aún, a dónde van los recursos. De por sí las salas legales ya pagan más de 4 mil 700 millones de impuestos al año.
Así, se perfila que en próximas fechas este impuesto quede eliminado y sea la Federación quien tenga el control de este sector, tal como lo mandata la Constitución, garantizando la repartición de las participaciones locales correspondientes. Esto no dejó nada contento al senador por Nuevo León, Samuel García, quien defiende la permanencia de estos impuestos, al tiempo que se le relaciona con una empresa de software que daría servicios en el sector casinero, siempre y cuando logre detener la resolución de la SCJN.
Twitter: @MarioMal
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