A pesar de que se le quitó la fuerza que había tenido en sexenios pasados, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) sigue siendo una dependencia opaca, señalada por irregularidades en sus adjudicaciones de obras, y con luchas de poder internas que la mantienen más débil de lo que la dejó el presidente Andrés Manuel López Obrador , sin ninguno de los cuatro proyectos insignia ni el control de los puertos del país.
Por si fuera poco, hasta ahora sus dos titulares, Javier Jiménez Espriú (quien duró 20 meses en el cargo) y Jorge Arganis (actual secretario desde julio de 2020), han dejado que se rezaguen proyectos clave en materia de conectividad y telecomunicaciones, mientras se acumulan las quejas de contratistas de obra pública y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sitúa a la SCT como la dependencia federal con más pliegos de observaciones y las solicitudes de aclaración.
En 53 revisiones realizadas al ejercicio de 2020, los auditores de David Colmenares encontraron irregularidades prácticamente en todas las operaciones de la SCT, por lo que se estableció que la dependencia no tiene manera de comprobar el correcto uso de 629 millones de pesos, una cifra que representa casi 40% del monto que se marcó como irregularidad en el total de oficinas del gobierno de la 4T.
De acuerdo con el compilado de Informes que se presentaron ante la Cámara de Diputados, el proyecto con mayor número de observaciones, por unos 324 millones de pesos, es el interminable Tren Interurbano México-Toluca, principalmente por el desastre financiero que representó la construcción del Túnel Ferroviario del Portal Poniente al Oriente, en el que pudieron haberse desviado 194 millones.
Para ese mismo proyecto se señalaron otros 94 millones de pesos de la construcción del tramo ferroviario Zinacantepec, y también se puso en duda el uso de 34 millones de pesos para el pago de material rodante, sistemas ferroviarios y de comunicaciones, sistemas electrónicos, de energía y hasta para el boletaje y el centro de control. Todo indica que este tampoco será el sexenio en que vea la luz este medio de transporte entre la CDMX y Toluca.
La ASF también puso la lupa en las operaciones de 2020 sobre la ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Suburbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara, dependiente del presupuesto federal. A esta obra en la capital tapatía se le señalan posibles desvíos por 258 millones de pesos.
En especial se alerta que dentro del plan de construcción de la SCT dieron anticipos indebidos, se cometieron errores en los procesos de actualización y ajuste de costos, y se omitieron reportes en la entrega y recepción de insumos para la obra. También se habrían desperdiciado, por mal uso y descuido, materiales con valor cercano a 16 millones de pesos.
Otras irregularidades identificadas por la ASF están en la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, por 17 millones de pesos; en la Aguascalientes-Zacatecas, por 10 millones; en la autopista El Colorado-Higuerillas de Querétaro, por 8 millones; en el paso inferior vehicular de Ocotoxco, Tlaxcala, por 6 millones de pesos, y en la carretera Badiraguato-Parral, por 5 millones de pesos; esta última, un tramo en Sinaloa que, extrañamente, le interesa mucho al presidente Andrés Manuel López Obrador .
Con observaciones menores se encuentra la carretera Durango-Parral; la ampliación de la carretera Tequisquiapan-Ezequiel Montes, en Querétaro, y el paso a desnivel para la incorporación de la Autopista NL-40D al Boulevard Aeropuerto en Nuevo León.
A todas estas observaciones en el ejercicio del gasto de la SCT se suma que el secretario Arganis fue señalado por tener cuentas en paraísos fiscales, las cuales fueron reveladas por la investigación periodística Pandora Papers.
El funcionario es uno de los más serios candidatos a dejar el gabinete en la siguiente sacudida presidencial, que se espera antes de que termine el año.
La cabeza de la SCT podría quedar en manos de un actual gobernador, amigo y cercano al funcionario que también aspira a ese puesto: el subsecretario Jorge Nuño .
@MarioMal
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