Alfonso Romo
y Carlos Salazar siempre fueron una dupla improbable. Aunque ambos tienen una raíz regiomontana que surge del grupo Fomento Económico Mexicano (FEMSA), su reencuentro en tiempos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador no pintaba para ser exitoso. Y no lo ha sido. Al revés: la autodenominada Cuarta Transformación los ha vapuleado.
El jefe de la Oficina de la Presidencia es un regiomontano de adopción que terminó peleado con el Grupo de los 10, donde el mandamás de FEMSA, José Antonio Fernández Carvajal , tiene una gran influencia. En lo particular, Fernández Carvajal, el ex jefe de Carlos Salazar, no se lleva con Romo. O no se llevaba, porque en septiembre del año pasado lo reunió con Andrés Manuel López Obrador. Romo dice que ya limó asperezas con el Grupo Monterrey, pero algunos empresarios norteños aseguran que no es bien querido en su tierra.
El caso es que se creyó que la combinación de dos norteños millonarios, buenos operadores de negocios y políticamente correctos iba a funcionar frente a un calculador y aventajado Andrés Manuel López Obrador; se pensó que sacando de la jugada a los empresarios a los que el tabasqueño considera la “mafia del poder” era suficiente para construir una agenda pro inversión privada. Pero al cabo de 18 meses la estrategia les estalló en la cara: el Presidente los sigue considerando ‘minoría rapaz’ que en su imaginario son los causantes de la desigualdad social, la corrupción y hasta la violencia.
La labor de Alfonso Romo como enlace del Presidente con los empresarios inició estrellada, con la promesa de que el aeropuerto de Texcoco no se cancelaría. Luego siguieron los contratos de gasoductos, la refinería de Dos Bocas, la apertura de los farmouts y las rondas de hidrocarburos hasta la más reciente ocurrencia de la 4T: cancelar mediante una consulta popular una planta cervecera de la estadounidense Constellation Brands, con la que le dio otro golpe a la confianza de la inversión y de paso al bajacaliforniano presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos , a quien acusó recientemente de ser una extensión del PAN.
Después de esta vergonzosa escena para México, sobre todo tras la ratificación del T-MEC, Alfonso Romo no ha asomado la cabeza ni por equivocación. No se ha aparecido en ningún evento público ni ha acompañado al Presidente en ningún acto. Está más que tocado y su credibilidad tan mancillada que es inevitable su salida del gabinete en los próximos ajustes que ya prepara López Obrador para inicios de mayo.
En lo que respecta a Carlos Salazar, quien logró hacerse ‘amigo’ de AMLO, también su destino está echado, pues no ha logrado que la agenda de la iniciativa privada transite por Palacio Nacional. Quizá fue el tono demasiado complaciente del principio el que no le dio margen de maniobra con el Presidente, o tal vez los tiempos se le vinieron encima con la crisis económica que acarreó el coronavirus, pero su interlocución quedó en entredicho no solo por la cancelación de la planta de Constellation Brands, sino por la negativa del gobierno federal de aplazar impuestos y echar a andar un plan de medidas que apoyen a las empresas y ayuden a preservar el empleo.
El golpazo de la 4T, y en especial del Presidente, ha sido seco en contra de estos dos interlocutores de la iniciativa privada. Los han vapuleado y quién sabe si haya un futuro medianamente promisorio para los líderes empresariales que sustituyan a Romo y Salazar.
El estrangulamiento de la ‘contingencia’
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue muy cuidadoso de no invocar a la Ley Federal del Trabajo en la declaración que hizo ayer el Consejo de Salubridad General. Incluso fue el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell , el encargado de llamar a los empresarios a preservar los empleos y pagar completos los salarios de sus trabajadores.
El detalle, según expertos en materia laboral, se encuentra en que la 4T se cercioró de no mencionar la palabra ‘contingencia’ en el “Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la pandemia de enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19)”, publicado ya en el Diario Oficial de la Federación.
Esto, debido a que aludir a una contingencia sanitaria por el coronavirus involucraría la entrada en vigor del artículo 427 de la Ley Federal del Trabajo, mismo que señala que entre las causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en una empresa o establecimiento se encuentra “la suspensión de labores o trabajos, que declare la autoridad sanitaria competente, en los casos de contingencia sanitaria”.
En ese caso, la Ley establece que el patrón no requerirá aprobación o autorización de un Tribunal para la suspensión de los contratos y estaría obligado únicamente a pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente; esto por cada día que dure la suspensión, sin que se exceda un mes en esa situación.
Sin embargo, los propietarios de las más de 5 millones de empresas que operan en el país parece que no podrán acudir a dicha norma para mantenerse a flote en tiempos en que la producción será baja y, en algunos casos, nula, pues la administración fue muy hábil en atender las recomendaciones que realizó la titular del Trabajo, Luisa María Alcalde .
Lo que sí informó el Servicio de Administración Tributaria de Raquel Buenrostro es que no habrá plazos ni condonaciones de impuestos por la pandemia, por lo que todos los empresarios deberán cumplir con sus correspondientes declaraciones anuales en estos días.
“Pon tu granito de arena, tienes hasta el 31 de marzo para presentar tu declaración anual” dice el SAT en su campaña de difusión, y a través del comunicado 009/2020 sentencia que en la coyuntura se apela a la dimensión social de los grandes contribuyentes y a elevar el rango de valores como la solidaridad y empatía; todo para mantener la operación de las instituciones esenciales del Estado mexicano.
La redacción del acuerdo de emergencia sanitaria deja también a los empresarios sin posibilidad de acudir al recurso de amparo para no pagar impuestos, pero sí con la invitación a pagar las nóminas en su totalidad. Será pues un mes en el que se estrangulará al comercio formal.
De ahí que el Consejo Coordinador Empresarial estima que las medidas adoptadas hasta ahora por el Gobierno federal podrían orillar a la pérdida de unos 800 mil empleos en las próximas cuatro semanas.
Se sabe que serán las más de 4 millones de pequeñas y medianas empresas, las que generan hasta el 72% del empleo en el país, las que más sufrirán con la pandemia; esto ante un silencio cada vez más incómodo de Arturo Herrera , titular de la Secretaría de Hacienda, y de Graciela Márquez , secretaria de Economía.
Casanova blinda a clientes y empleados
Ante la crisis sanitaria ocasionada a nivel mundial por el COVID-19, empresas de todos los sectores se han sumado a las medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y autoridades federales para evitar la propagación. En el mundo automotriz, destaca lo que hizo Casanova Rent, quien de inmediato desarrolló acciones para limitar al máximo el contacto entre clientes y colaboradores, así como rotar al personal y enviar a colaboradores vulnerables a casa. En adición, la empresa liderada por Carlos y Joaquín Echenique Casanova desinfecta a diario cada una de sus unidades en renta, flota con la que se ha convertido en uno de los líderes del mercado de arrendamiento vehicular, mismo que espera un crecimiento de doble dígito debido a los beneficios que conllevan para empresas y gobiernos. Así, la firma mexicana está al pendiente de las instrucciones de las autoridades, para ajustar en tiempo real sus protocolos de seguridad, al tiempo que garantiza la continuidad de sus operaciones.
@MarioMal
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