La trama del llamado “cartel de la sangre”, que tendió diversas redes en instituciones de salud pública, tuvo recientemente uno de sus capítulos más oscuros. Se trata de una operación que llegaría a cerca de los mil 600 millones de pesos a las arcas del ISSSTE por la adjudicación de contratos irregulares a una compañía inhabilitada.
El caso de la colusión de un grupo de compañías dedicadas a la administración de servicios de laboratorio de análisis clínicos y de banco de sangre ha estado en el escritorio del presidente Andrés Manuel López Obrador desde hace meses, por lo que se pidió al instituto que dirige Pedro Zenteno cortar de raíz esa proveeduría y a desarrollar plataformas para que el personal interno opere de manera directa esas prestaciones. El asunto es que Zenteno es parte del problema, junto con su director Normativo de Salud, Ramiro López Elizalde.
Zenteno tiene un gran operador a quien identifican como el “Sr. Hidalgo”, encargado de tejer una red de corrupción junto con Daniel Meraz González, exdirector de Planeación de la Secretaría de Salud de Jalisco, quien es ubicado como el operador en el estado que gobierna Enrique Alfaro y quien estaría ayudando a las empresas inhabilitadas a colarse en los multimillonarios contratos.
El presidente instruyó a la Secretaría de la Función Pública inhabilitar por un periodo de siete años a las firmas Impromed, Instrumentos y Equipos Falcon y Centrum Promotora Internacional, lo cual se concretó el 23 de agosto del 2022 y fue publicado en el Diario Oficial de la Federación dos días después. Centrum fue la única que pudo conseguir una suspensión judicial para seguir participando de contratos con el sector gubernamental.
En este contexto y con la consigna de estructurar un servicio sin intermediarios de laboratorio y banco de sangre, el ISSSTE convocó el 1 de noviembre a una reunión de proveedores de insumos a la que asistieron directivos de marcas como Roche, Abbott y Terumo. Según una serie de correos electrónicos, el encargado de explicar el nuevo esquema de operación fue el directivo de Pharmacur, Carlos de la Torre Sánchez.
De la Torre Sánchez se reunió previo a esa fecha con representantes de Roche y de Abbott, a quienes les aseguró que él era el encargado de amarrar el trato en el ISSSTE. También son conocidos los vínculos del directivo con las firmas Impromed e Instrumentos y Equipos Falcón, al grado de que los competidores aseguran que la persona moral Pharmacur es una prestanombres de las empresas inhabilitadas.
Así tejían el retorno tras bambalinas de Impromed y Falcón cuando la directora Normativa de Administración y Finanzas del Instituto, Almendra Lorena Ortiz solicitó a la Función Pública autorización para contratar de manera directa a las compañías inhabilitadas, bajo el argumento de que desechar sus plataformas dejaba al ISSSTE sin operatividad en el servicio.
El 16 de diciembre de 2022, la Función Pública autorizó un caso de excepción para que el ISSSTE pudiera contratar a las empresas inhabilitadas por una única ocasión y sin exceder un periodo de entre 60 y 90 días, necesarios para concretar la transición a otras plataformas de proveedores sin restricciones para contratación.
El 30 de diciembre de 2022 la oficina de Almendra Ortiz adjudicó de manera directa seis contratos a la inhabilitada Instrumentos y Equipos Falcón, por 365 días y un monto asegurado de mil 567 millones de pesos. El ISSSTE entregó a esta empresa los servicios de laboratorio y banco de sangre en regiones donde no tenía plataforma instalada.
Instrumentos y Equipos Falcón, de los hermanos Noé y Rolando Ramírez, ha sido beneficiada desde 2015 con contratos millonarios en el sector público, aunque su suerte parece mejorar con la llegada de la 4T.
Los vuelcos del caso de la ministra Esquivel
Sigue dando mucho de qué hablar el caso de la ministra Yasmín Esquivel y la originalidad sobre quien escribió la tesis de licenciatura con lo que la UNAM y la SEP están enredados.
El rector de la UNAM, Enrique Graue, informó el viernes que se va a seguir analizando el caso debido a nuevas pruebas que han surgido en los últimos días. ¿A qué se refiere? A la imagen que dió a conocer EL UNIVERSAL este jueves sobre la fe de hechos que hizo el notario público 121 de la CDMX, en la que se observa a Édgar Ulises Báez Gutiérrez firmando en su casa el documento en el que asegura que tomó varias partes importantes del trabajo, textos y referencias que desarrolló la actual ministra de la Corte. Previamente lo había negado a un medio de comunicación.
La ministra ha enfrentado un auténtico linchamiento en las últimas semanas debido a que todas sus pruebas fueron cuestionadas por la falsedad de Báez, sin embargo, las nuevas evidencias y argumentos podrían hacer que tanto la UNAM como la SEP terminen por otorgarle la verdad a la ministra Esquivel sobre la autoría original del documento.
Uno de sus argumentos es que existe y está registrado un capitulado fechado en diciembre de 1985 a nombre de la funcionaria pública y hay un dictamen pericial que acredita que ella comenzó el trabajo de forma previa pero no se podía titular debido a que trabajaba en la delegación Coyoacán y aún no le era liberado su servicio social.
Otro hecho es que la profesora Martha Rodríguez Ortiz, asesora de ambos abogados, reconoció en una declaración antes las autoridades de la UNAM que le entregó a Báez Gutiérrez y a otros alumnos el proyecto de tesis de Esquivel que había comenzado en diciembre de 1985 y concluido en abril de 1986, de acuerdo a los registros y dictámenes periciales existentes.
La UNAM afirmó que actúa y lo seguirá haciendo en el marco de la legislación universitaria y anticipó que no actuará de manera apresurada ni irresponsable ante presiones externas para hacer juicios sumarios. El Comité de Ética de la UNAM va a analizar las evidencias que continúan surgiendo y la documentación que reunió la FES Aragón, que dirige Fernando Macedo, para conocer quién comenzó la tesis y no sólo basarse en la fecha de publicación.
