Operador de Ovalle, perseguido por caso Segalmex

Todo ha sido un escándalo en Segalmex. El organismo que fusionó a Diconsa y Liconsa, creado el 18 de enero de 2019 para centralizar la compra y el subsidio de productos agropecuarios, ha sido un desastre de corrupción que inevitablemente alcanza a uno de los amigos del presidente: Ignacio O valle Fernández , un exfuncionario priista que, en 1977, como director del Instituto Nacional Indigenista, se convirtió en el primer jefe en el sector público del ahora titular del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador.

La semana pasada, la Fiscalía General de la República (FGR) consiguió 22 nuevas órdenes de aprehensión contra exfuncionarios y empresarios que presuntamente participaron en delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado derivado de la compra simulada de miles de toneladas de azúcar en Segalmex.

Si bien el nuevo proceso judicial no incluye directamente al exdirector del organismo, Ignacio Ovalle Fernández, sí alcanza a uno de sus socios más cercanos: Luis Fernando Zurita Mora. Se trata del llamado “rey del abarrote”, propietario de empresas a las que Segalmex compró 25 mil toneladas de azúcar para el Programa de Abasto Rural, las cuales no fueron entregadas en su totalidad, pero fueron liquidadas con recursos públicos presuntamente por instrucción directa de Ovalle.

Fuentes de Segalmex y del gobierno federal aseguran que Zurita Mora es el prestanombres de los negocios de Ignacio Ovalle, y en esa misma categoría la FGR pretende llevarlo ante la justicia en tanto se logran elaborar más carpetas que lleven directamente hacia exdirector general de Segalmex.

A mediados del año pasado, previo al Cuarto Informe presidencial de Andrés Manuel López Obrador, se intentó dar un golpe de autoridad en Segalmex al liberarse 15 órdenes de aprehensión contra funcionarios de mediano y bajo nivel que ejecutaron una instrucción de pago anticipado de 142 millones de pesos al proveedor Servicios Integrales Carregin. La razón social involucrada era de Zurita Mora, pero la presión aún no se desbordaba, por lo que el nombre del empresario no figuró entre los objetivos judiciales.

En el escenario actual, la FGR busca también aprehender por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado a Manuel Lozano Jiménez, exdirector comercial de Liconsa; Carlos Antonio Dávila, exdirector de Asuntos Jurídicos; Laura Patricia Hernández, excoordinadora corporativa de Gerencia de Presupuestos en la Dirección de Finanzas; Jesús Morales Garza y Roberto Rivera Ramos, exgerente y subgerente, respectivamente, de la Dirección Comercial encargada de la programación y adquisición de granos y azúcar.

En la pesquisa se incluyen a gerentes y subgerentes de los almacenes rurales al interior de la República, entre los que se encuentran Elías Ávila Peña, del almacén La Luisiada; Simón Escobar Copca, del almacén de San Luis de la Paz; Jorge Humberto González Bocardo, del almacén de Tlaxcala, y Artemio Gutiérrez Rodríguez, de Guanajuato. Esta es una lista ya depurada, pues el año pasado se incluyó al exsubgerente de la Unidad Operativa en Querétaro, Hugo Armando Rosas Medina, fallecido por complicaciones por Covid-19 meses antes de que se le girara orden de aprehensión.

Y aunque recientemente obtuvo un amparo y en dos ocasiones logró que se le permitiera llevar su proceso en libertad, la lista de funcionarios que la FGR busca llevar a prisión la encabeza René Gavira Segreste, extitular de la Unidad de Administración y Finanzas, quien dejó su encargo a principios del 2020 señalado por realizar inversiones por hasta 800 millones de pesos en instrumentos bursátiles de diversas instituciones financieras.

Los desvíos en Segalmex detectados durante la gestión de Ignacio Ovalle suman más 15 mil millones de pesos, pero hay otros que conducen hacia el actual titular, Leonel Cota Montaño, por lo que se esperan más acusaciones por otras compras y contrataciones irregulares que involucran a más empresarios y funcionarios.

Posdata 1

El caso de Emilio Lozoya está más que complicado. Su presunto acuerdo reparatorio con Pemex y la Fiscalía General de la República (FGR) está enterrado. De la negociación que encabezó su padre, Emilio Lozoya Thalmann, con la Fiscalía hoy no queda nada.

Como lo publicamos en esta columna el 17 de febrero pasado, bajo el nombre “Caso Lozoya: empantanado y sin voluntad política” ( http://bit.ly/3mDvOi6 ), en ninguna área del gobierno ni de la procuración de justicia existe voluntad de otorgarle un criterio de oportunidad o acordar con el exdirector de Pemex, entre otras cosas por la supuesta ‘arrogancia’ –nos dicen– con la que se ha conducido el propio Lozoya Austin y su abogado, Miguel Ontiveros, quienes hace unas semanas daban por hecho que se les aceptaría el acuerdo reparatorio y el exfuncionario saldría de prisión sin ninguna cuenta pendiente.

Así que, si bien la defensa de Lozoya echó abajo algunas de las pruebas presentadas por la FGR sobre el caso Odebrecht, al otrora poderoso director de Pemex aún le queda un largo proceso que recorrer en el Reclusorio Norte, según fuentes conocen a detalle su caso.

Posdata 2

Ahora que quebró el Silicon Valley Bank, el decimosexto banco más grande de Estados Unidos y donde la mayoría de los multimillonarios de la tecnología tenían su dinero invertido, vale la pena voltear los ojos a lo que ha sucedido en México con bancos y sofomes mal manejadas que terminaron en la quiebra en los últimos meses. Tres de los más grandes y conocidos son Accendo Banco, Crédito Real y Unifin.

¿Qué ha pasado con estos casos? En cuanto a Accendo, solo uno de sus exdirectivos está vinculado a proceso, en su casa (Francisco Javier Reyes de la Campa), pero no se han recuperado los más de 600 millones de pesos invertidos por parte de gobiernos como Puebla, Hidalgo, Veracruz y Chihuahua con los que quebró en la panza.

O en el caso de Unifin vale preguntarse si sus dueños siguen sin acusaciones y dándose una vida de ensueño en sus yates, aviones y mansiones de México y Estados Unidos. Muchas preguntas para los reguladores y autoridades del sector financiero, ahora que viene la Convención Bancaria en Mérida, Yucatán.