Luego de haber tenido una participación más bien gris en lo que va de la actual legislatura en la Cámara de Senadores, Napoleón Gómez Urrutia ‘asomó la cabeza’ para proponer una iniciativa que pone en riesgo la ratificación del nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara Alta se fue por la libre y propuso una reforma laboral que busca equiparar la figura del outsourcing a un delito de delincuencia organizada, tal y como sucedió con las factureras.
Gómez Urrutia, además, busca plantarle cara a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, de quien acusa maltratos y descortesías, según sus cercanos. Su padre Arturo Alcalde, a quien Napo considera el verdadero timón de la dependencia, es además un personaje con el que no se ha llevado bien desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió rescatarlo de su exilio en Canadá.
Por lo mismo, no los consultó con la iniciativa que busca regular la tercerización ni lo hará en sus siguientes pasos. Pero a pesar de que el líder minero sabe que no tiene apoyo del Ejecutivo, busca dar un ‘albazo’.
El problema de fondo, y que pone en riesgo la ratificación del T-MEC, es que las empresas de capital estadounidense y canadiense que operan el país utilizan la figura de tercerización de manera regular.
Entonces, la iniciativa del ex líder minero apunta a trastocar el sector laboral e incluso el de comercio exterior y las relaciones bilaterales con Estados Unidos y Canadá, pues no fue abordada como tal en las negociaciones de la reforma laboral.
La iniciativa que propone Gómez Urrutia obligaría a las empresas a contratar a sus trabajadores por medio de otros esquemas que no sean de outsourcing, a pesar de que funcionan en buena parte del mundo y son regulado por las autoridades laborales.
Gómez Urrutia pasó de ser un prófugo de la justicia a convertirse en presunto perseguidor de empresarios y empresas, todo con el poder de su fuero y su escaño en el Senado de la República.
El dirigente sindical de los mineros pasó de ser acusado y perseguido de la justicia mexicana durante 12 años, por disponer de 55 millones de dólares propiedad del sindicato minero, a promover una ley que criminaliza algunos rubros de la actividad empresarial.
Cobijado en el paraguas de Morena, el senador presentó el pasado 24 de octubre una iniciativa para modificar la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, la cual no sólo tiene serias deficiencias de técnica legislativa, sino que atenta contra preceptos constitucionales.
Pero lo más grave: no alienta la economía, el empleo, la productividad laboral y colocaría a México en desventaja frente a sus socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, justo en el momento en que la economía mexicana necesita crecer y acoger la inversión productiva que genere empleo.
Entre los puntos más controversiales de la iniciativa de Gómez Urrutia está que sanciona cual cosa juzgada como ilegales los actos realizados al amparo de una norma derivada del poder legislativo y que está vigente.
Asimismo, coloca como parte de grupos delincuenciales de manera retroactiva a todos aquellos que hubiesen subcontratado con la normativa vigente desde 2012. Esto implica pago de contribuciones y reparto de utilidades del pasado.
Y también pone en riesgo a todo el sector productivo de México, pues la reforma considera que toda empresa que utilizó subcontratación lo hizo de forma ilegal, incluido el denominado insourcing, atacando la fuente de empleo de más de 8 millones de trabajadores.
La Coparmex, de Gustavo de Hoyos, dijo que como fue presentada la medida deja al esquema de subcontratación como una práctica ilegal, cuando incluso la Ley Federal del Trabajo la avala y plantea sanciones en casos irregulares.
Por su parte, la Concamin, que preside Francisco Cervantes, expuso que la iniciativa del senador de Morena afectará la capacidad productiva del país.
Lo rescatable del asunto es que hay voces entre los mismos legisladores de Morena que opinan que antes de tener una propuesta legislativa se convoque a un parlamento abierto, exclusivamente para ver este tema y tener un debate de fondo.
Es una reforma que criminaliza muchas de las actividades que actualmente se desarrollan, donde se pagan salarios de mercado y prestaciones, y tiene a los trabajadores registrados con sus salarios tanto en seguridad social como ante autoridades fiscales.
La inexperiencia de Alberto Ortiz Bolaños podría salirle muy cara al Fonacot, pues en el afán de apresurar la creación del Fondo de Protección de Pagos habría entregado información falsa a la Bolsa Mexicana de Valores, acción con la que estaría violentando el artículo 368 de la Ley del Mercado de Valores en el que se prohíbe entregar información que induzca al error sobre la situación operacional de las emisoras.
Y es que al observar los últimos eventos relevantes del instituto nos encontramos con que pretendían crear el Fondo de Protección de Desempleo a mediados de agosto; sin embargo, sin previa explicación cambió el nombre del mismo a Fondo de Protección de Pagos el 3 de septiembre pasado, falta con la cual se haría acreedor a una multa de 30 mil a 150 mil días de salario, de acuerdo con el numeral siete del artículo 392 de la Ley del Mercado de Valores, correspondiente a las sanciones administrativas que impone la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de Adalberto Palma.
@MarioMal
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