La incertidumbre que envuelve al mercado de las gasolinas y el diesel en México, tras el congelamiento de 400 solicitudes de permisos de expendedoras por parte de la Comisión Reguladora de Energía, se ha agravado con las investigaciones por actos de corrupción del Órgano Regulador. A esto se suman el incremento de los marcadores internacionales del petróleo y que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha podido frenar su venta irregular e incluso ha manipulado los precios.
Al interior de Pemex Transformación Industrial se realizaron ajustes en el otorgamiento de descuentos a los combustibles, con diferencias marcadas en ciertas regiones que afectan la posición competitiva de clientes que habían logrado alcanzar el nivel de consumo exclusivo de productos de la marca Pemex, el cual es necesario para acceder a los descuentos.
Este es el caso del ajuste realizado a los rangos de descuentos para la región denominada “Golfo”, que agrupa las Terminales de Escamela, Jalapa, Minatitlán, Pajaritos, Perote, Puebla, Tehuacán, Tierra Blanca, Tuxtla Gutiérrez, Veracruz y Villahermosa, conforme a la “Publicación de descuentos de productos petrolíferos, gasolinas y diesel”, que hasta junio pasado Pemex Transformación Industrial publicaba en su portal comercial, pero que repentinamente dejó de hacerlo.
El clúster Golfo tuvo, de un día para otro, un cambio más que evidente al reducir el rango mensual de consumo en metros cúbicos requerido para acceder al máximo nivel de descuento de 65 mil 686 a tan sólo 5 mil 393 para el caso de la gasolina regular, lo que representa una baja de 92%; de 18 mil a 15 mil 844 para el caso de la gasolina premium, equivalente a una disminución de 12%, y de 28 mil 286 a 9 mil 48 para el caso del diesel, que significa un recorte de 68%.
Se sospecha que esta baja sustancial de parámetro para acceder al máximo descuento que otorga Pemex en la región se hizo con el objetivo de beneficiar a un solo cliente: el dueño de Grupo Orsan, Carlos Sandoval Delgado , quien es el aliado estratégico en México de la petrolera estadounidense Exxon-Mobil, con la que desde 2017 realizó una asociación empresarial para arrebatarle a Pemex la comercialización y el reparto de 500 estaciones ubicadas principalmente en la zona centro y norte del país, integrando así una cadena de suministro y logística totalmente independiente de Pemex.
Fuentes de la petrolera aseguran que la compañía propiedad de Sandoval fue la que dio indicaciones a la Subdirección Comercial de Pemex Transformación Industrial sobre los rangos de precios que debían aplicarse en toda la región para comprometer la compra de producto en las terminales de Villahermosa y Minatitlán, donde mantiene algunas unidades de negocio abastecidas por la empresa estatal, ya que su mayor interés y compromiso empresarial están con la petrolera americana.
El magro consumo que Orsan ofreció adquirir directamente a Pemex es mucho menor al de los comercializadores relevantes en la región, y por ello era preciso un cambio de las dimensiones tales como el que se materializó en las tablas de descuento aplicables a partir del 16 de julio de 2021.
Resulta más conveniente para Orsan adquirir el producto que expende en el sureste que importarlo de su aliado americano, dadas las distancias que debe recorrer desde las refinerías texanas, amén de las condiciones de inseguridad en ciertas rutas de la región que con este arreglo son asumidas por Pemex.
La pregunta de los competidores y de funcionarios de Pemex es quién, y a cambio de qué, otorgó semejante concesión al empresario gasolinero sin importar los efectos colaterales y la disminución de la competitividad de los socios comerciales de alto consumo y leales a la empresa.
Investigan presunta corrupción
Y hablando de Pemex, un funcionario que es investigado por presuntos actos de corrupción es Juan Carlos Reyna Carrera , gerente de Supervisión de Proyectos de Infraestructura Estratégica en la Subdirección de Proyectos de Explotación Estratégica en Pemex Exploración y Producción (PEP). El funcionario fue puesto bajo la lupa por sospechas de enriquecimiento ilícito. De acuerdo con la denuncia presentada ante el Órgano Interno de Control, entre 2012 y 2014 quedó a cargo de nueve contratos que habría utilizado para su beneficio, los cuales sumaban montos por 22 mil millones de pesos y 290 millones de dólares, firmados con compañías como Operadora CICSA y Swiber Offshore México. No obstante, entre sus consentidas se posicionó a Demar Instaladora y Constructora, empresa a la que autorizó técnicamente en cuatro procesos que resultaron en adjudicaciones desde 2018 a la fecha, ya que se desempeñaba como gerente de Proyectos de Infraestructura Marina en la Subdirección de Servicios a la Explotación.
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