A contrarreloj, Emilio Lozoya busca que su proceso judicial le sea favorable y que la Fiscalía General de la República (FGR) autorice el criterio de oportunidad que le expidió en julio de 2020, luego de ser extraditado a México, acusado por delitos de delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita por el caso Odebrecht.
Ayer venció el plazo de la investigación complementaria para que la FGR decida si autoriza el criterio de oportunidad al exdirector de Pemex. A partir de hoy, el juez que lleva el caso podrá determinar una audiencia intermedia para que el imputado presente las últimas pruebas de las denuncias que hizo y que señalan lo mismo a expresidentes, exsecretarios de Estado, exlegisladores y empresarios relacionados con la trama de corrupción de la petrolera en el sexenio pasado.
Lozoya fue vinculado a proceso por haber cometido actos de corrupción como el financiamiento ilícito de la campaña a la Presidencia de Enrique Peña Nieto. Entre los casos que se le imputan está la compra de la planta de Agro Nitrogenados a AHMSA a sobreprecio, así como haber recibido por lo menos 10.5 millones de dólares de sobornos por parte de la brasileña Odebrecht.
La extradición de Lozoya a México se dio luego de un acuerdo que hizo su padre Emilio Lozoya Thalmann con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, para someterse al criterio de oportunidad con la condición de que presente las pruebas que involucran a sus superiores en el esquema de corrupción que envolvió a Pemex en el sexenio anterior.
Sin embargo, según fuentes cercanas al gobierno y a la Fiscalía, Lozoya no ha podido acreditar con pruebas las denuncias contra los exsecretarios Luis Videgaray, José Antonio Meade y José Antonio González Anaya; el exdirector de Pemex, Carlos Treviño; exlegisladores como David Penchyna, Ricardo Anaya, Miguel Barbosa, Jorge Luis Lavalle, Salvador Vega Casillas, y a los gobernadores de Querétaro, Francisco Domínguez, y de Tamaulipas, Francisco Javier García. También denunció a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Luego de mantener por varios meses a Javier Coello Trejo como su abogado, incluso el tiempo que anduvo a salta de mata en España, donde fue aprehendido y extraditado, Lozoya contrató al influyente exjuez español Baltasar Garzón.
A inicios de julio, el abogado Miguel Ontiveros Alonso asumió la defensa de Lozoya. El litigante es doctor en Derecho Penal y Derechos Humanos por la Universidad de Salamanca, España, y realizó estudios de Política Criminal y Derecho Penal en la Universidad de Múnich, Alemania. En enero de 2012 fue promovido por la exprocuradora General de la República, Marisela Morales, como subprocurador de Derechos Humanos de la PGR.
La defensa de Lozoya; sin embargo, ha tenido que batallar con la falta de pruebas de las denuncias que hizo y que ahora lo tienen en una encrucijada, lo mismo que al fiscal Gertz Manero quien ‘compró’ la versión estridente en la que acusó a más de una veintena de personajes de alto nivel de estar coludidos en actos de corrupción.
Lozoya acaba de contratar al abogado José Miguel Castillo, luego de una road show con litigantes cercanos al gobierno del presidente López Obrador que no quisieron tomar el caso. Castillo es cercano al abogado Alonso Aguilar Zínser, quien lleva el caso del desafuero contra García Cabeza de Vaca.
El tiempo se agota para un Emilio Lozoya que se muestra nervioso y preocupado por su futuro. En próximos días su proceso va a definirse y ante la falta de pruebas, lo más probable es que tenga que enfrentar los cargos que se le imputan y que lo tienen por el momento en libertad condicional.
mario.maldonado.padilla@gmail.com
Twiter: @MarioMal
