En el round de sombras entre Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador por los cargos en el gabinete del próximo sexenio, todo indica que están empatados, aunque la mayoría de las posiciones estratégicas han sido para la futura presidenta, quien ha logrado imponer a sus cercanos y personas de mayor confianza.
Uno que no convencía en lo absoluto a Sheinbaum, pero que por consideración al Presidente no pudo dejar fuera de su gabinete, es el de Octavio Romero, a quien adelantamos aquí hace tres semanas como nuevo titular del Infonavit. Si bien el Instituto llevará la voz cantante en el proyecto de construir un millón de viviendas, al exdirector de Pemex le pondrán cuñas en las direcciones más importantes, para que no vaya a ocasionar un desastre similar al que ocasionó en la petrolera estatal.
Por otro lado, la influencia del Presidente no fue suficiente para perdurar en la Conade a Ana Gabriela Guevara, quien será sustituida por un abierto detractor: el exclavadista Rommel Pacheco.
La noticia de que el otrora diputado federal será quien tome las riendas de promoción del deporte a nivel federal debería preocupar a Guevara, luego de que Pacheco aseguró en julio de 2023 que preparaba una denuncia contra ella por irregularidades en su gestión.
En las elecciones del 2 de junio, Romel Pacheco obtuvo el 39.89% de los votos, para quedar en un segundo lugar, por detrás de la candidata del PAN, Cecilia Patrón Laviada, quien ganó con el 50.20%.
Algo tuvieron que ver las actividades de su “hermano incómodo”, Irak Abraham Greene Marrufo –medio hermano por parte de la madre–, a quien se le ubica como empresario favorecido con contratos de gobiernos panistas y de Morena.
Greene Marrufo es socio fundador de la razón social Greene Corp SA de CV, una empresa inmobiliaria y de construcción que entre 2019 y 2021 fue beneficiada con contratos por más de 22 millones de pesos con las alcaldías capitalinas de Miguel Hidalgo y Benito Juárez. Irak Greene también es accionista de las compañías Rompac y Thermo Health, ambas constituidas en 2020 en Yucatán, en las que su hermano Rommel es accionista.
Otros nombramientos relevantes fueron el de Efraín Morales como director de Conagua, quien es hermano de Carlos Morales, particular de Sheinbaum. También el de Iván Escalante como titular de la Profeco, una dependencia codiciada por muchos por la vigilancia y supervisión de todo tipo de negocios. Esta designación es relevante porque deja en vilo la Dirección de Comunicación de la futura presidenta, toda vez que Paulina Silva será la coordinadora de la Ayudantía. Quedan Alfonso Brito y César Yáñez como posibles voceros, pero sin estar definida todavía cuál será la ruta de Sheinbaum.
Otros nombramientos que aún no se anuncian, pero que están prácticamente amarrados son el de Nestor Núñez como coordinador de Política y Gobierno de Presidencia, aunque su tarea principal será destrabar los temas relacionados con los derechos de vía de los proyectos ferroviarios de la próxima administración.
Arturo Medina sigue siendo un candidato para el SAT. Algunas cosas han pasado en los últimos días que han puesto a la presidenta electa a meditar si ratifica a Antonio Martínez Dagnino. En su defecto, los otros dos cargos que se evalúan para él son uno que ya tuvo: la Procuraduría Fiscal o una Subsecretaría en Gobernación, dada su buena relación con Rosa Icela Rodríguez. Por cierto que quien se perfila para ser subsecretario de Gobierno es Carlos Alpízar, exsecretario general del Consejo de la Judicatura Federal y actual funcionario de la dependencia. En tanto que Andrés Lajous apunta a la Subsecretaría de Transporte federal, mientras que el expresidente de Morena en la CDMX, Sebastián Ramírez, será subsecretario de Turismo.
Posdata 1
Una vez aprobada la Reforma Judicial en la Cámara de Diputados y el Senado, y muy pronto también en los 17 congresos estatales que se requieren para poder ser promulgada, comenzará un nuevo debate: el de sus leyes secundarias y los artículos transitorios.
Los inversionistas, los trabajadores de Poder Judicial, las calificadoras y los socios comerciales de México tienen esperanzas de que en las reglas de implementación de la reforma se corrijan algunos vicios de origen y, sobre todo, se endurezcan los criterios para la elección de jueces, magistrados y ministros. La propuesta concreta es que la mayoría o todos los aspirantes a uno de estos cargos, quienes aparecerán en las boletas, sean de carrera judicial.
Ayer en mi programa Noticias de la Mañana del Heraldo TV cuestioné al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, si hay la disposición de Morena y sus aliados para analizar tal planteamiento y su respuesta fue un no rotundo. “El espíritu de la reforma es que todos puedan participar, y no solo los de carrera judicial, así el pueblo podrá elegir a sus jueces, magistrados y ministros”, me dijo tajante.
Todo indica, entonces, que la dureza y el autoritarismo con el que el oficialismo aprobó la Reforma Judicial van a perdurar en la discusión y elaboración de sus leyes secundarias.
Posdata 2
Por cierto que la agencia calificadora Moody’s consideró que la aprobación de la reforma al Poder Judicial podría socavar la fortaleza económica y fiscal de México, además de que los cambios legales deteriorarán los controles y equilibrios del país, así como la nota soberana.
Actualmente la nota crediticia de México se ubica en “Baa2 con perspectiva Estable”; sin embargo, “un choque en la confianza podría ampliar los diferenciales gubernamentales y frenar la inversión privada, lo que presionaría la asequibilidad de la deuda y las perspectivas de crecimiento para 2025 en adelante”, expuso Moody’s.
Además de la nota crediticia de México, el impacto alcanzaría a las empresas financieras, las compañías eléctricas, de infraestructura y los bancos.
Moody’s agregó que la Reforma Judicial sería particularmente perjudicial para las futuras inversiones producto del nearshoring. “Si la incertidumbre sigue presionando al peso mexicano, esto también afectaría los indicadores crediticios de las empresas que calculan sus costos en dólares estadounidenses”.
Posdata 3
Los trabajadores adscritos a la Delegación Oriente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) denuncian malas prácticas de algunos de sus principales funcionarios. En particular señalan a Víctor Adrián Cuellar Villegas, jefe de Servicios Generales.
Las denuncias apuntan al nepotismo, ya que el funcionario en cuestión otorgó un cargo a su hijo, Adrián Cuellar Avilés, quien trabaja directamente bajo sus órdenes desde enero de 2021. Asimismo refieren casos de acoso laboral a mujeres de diferentes unidades médicas.
Para la atención del director general, Zoé Robledo, quien repetirá en el cargo en el gobierno de Claudia Sheinbaum.
@MarioMal