La minuta de reforma para entregar el control de la Guardia Nacional a la Sedena pasó la aduana de la Comisión de Puntos Constitucionales y con la confirmación del INE sobre que Morena tendrá la mayoría calificada en el Congreso se garantiza que el cuerpo de seguridad pública más importante del país será de corte totalmente militar. Junto con esto, la dependencia que encabeza el general Luis Cresencio Sandoval maneja un multimillonario presupuesto que se ha acelerado en los últimos meses, incluso por arriba de sus asignaciones formales, lo que se denomina en la jerga política “el año de Hidalgo”.
Si bien en abril del año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el cuerpo policiaco debía seguir reportando a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana –además de diversas suspensiones judiciales que impedían que los mandos castrenses metieran mano en su administración–, la Secretaría de la Defensa Nacional se mantuvo de manera permanente como la encargada de ejercer el presupuesto para equipamiento, capacitación y expansión de la Guardia Nacional, argumentando que las compras se destinaban a la Policía Militar.
La Policía Militar “tiene a su cargo coadyuvar a la conservación del orden y la vigilancia del cumplimiento de las Leyes, Reglamentos y demás disposiciones militares de carácter disciplinario, dentro de las Unidades, Dependencias, Instalaciones y áreas de terreno pertenecientes al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos”. En marzo pasado se dio a conocer una convocatoria para que hombres y mujeres, entre los 18 y 29 años, se incorporaran a este cuerpo para hacer supervisión en los batallones.
El cuerpo de Policía Militar de la Sedena tenía 45 mil 899 integrantes en 2018, al final del gobierno de Enrique Peña Nieto, y para el cierre de la administración de López Obrador los efectivos se han más que duplicado hasta llegar a 96 mil 546. Otro dato confirmado con archivos militares es que el total de esos casi 100 mil integrantes de la policía interna del Ejército se encuentran asignados a labores de seguridad pública en la Guardia Nacional.
Bajo este cruce de conceptos y designaciones se entiende que entre 2023 y 2024 la dependencia de Luis Cresencio Sandoval haya destinado casi 20 mil millones de pesos para equipamiento y atención de su Policía Militar. En las especificaciones de procedimientos licitatorios o adjudicaciones directas sobre equipo, armamentos, uniformes o vehículos para este cuerpo de seguridad interno se especifica, en algunos casos, que se debe incluir, bordar o rotular las letras “GN” y el logo de la Guardia Nacional.
El concepto se repite en muchos procedimientos de compra, por lo menos durante los últimos dos años: “Equipamiento y Obra Pública del Cuerpo de Policía Militar para contribuir a las operaciones del Orden Interior y Seguridad Nacional”. Así se ha ejercido cada año una tercera parte de los alrededor de 30 mil millones de pesos del presupuesto asignado a la Guardia Nacional, a través de un esquema en el que los militares estarían incurriendo en desacato judicial.
En las últimas semanas y mediante el mismo esquema, la Sedena ha armado a la Guardia Nacional con 50 camionetas blindadas por 215 millones de pesos, 5 mil lanzacohetes por 232 millones y 3 mil pistolas calibre 9 milímetros por 32 millones de pesos. También busca adquirir armamento menos letal y agentes químicos para el control de disturbios por otros 200 millones de pesos, aunque la licitación para esto último se declaró desierta recientemente. A la Sedena llegó el “año de Hidalgo”, gastando más de su presupuesto.
Posdata 1
En Chiapas, el estado que pronto gobernará el morenista Eduardo Ramírez Aguilar, el Poder Judicial será protagonista de un episodio de los que hacen al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la 4T querer reformar todo el sistema. Se trata de lo relacionado con el juicio 432/2010 con el que jueces, magistrados y peritos buscan hacerse de cantidades millonarias para cerrar el sexenio a través de un peritaje de la fiscalía estatal, mediante el cual convirtieron un adeudo de 711 mil pesos por un conflicto vecinal, por la colindancia de un muro de apenas 35 metros cuadrados, en uno de 3 mil millones de pesos.
El asunto involucraría al presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, Guillermo Ramos Pérez, así como a un exmagistrado del Poder Judicial Federal, José Tomás Garrido Muñoz, quien se asoció con el dueño del terreno vecino al Marriott Tuxtla Gutiérrez, Francisco Echeverría Blanco. También están bajo el reflector la juez local Ángeles Guadalupe Mendoza, quien emitió sentencia en la que el primer adeudo se transformó en 648 millones de pesos, al igual que los magistrados del Tribunal de Justicia Estatal, María Itzel Ballinas Barboza, Claudia Lucía Domínguez Acuña y Guillermo Horacio Esponda Orantes, que ratificaron la sentencia.
Después de ese incremento a casi 650 millones, los magistrados resolvieron en enero pasado un nuevo recurso de apelación basándose en el mismo peritaje, condenando de nuevo a Grupo Diestra, pero ahora incrementando el monto a 3 mil millones de pesos. Cuando los abogados de la empresa propietaria de los hoteles Emporio conocieron la sentencia, en diciembre del año pasado, fueron a hablar con la juez Guadalupe Mendoza, y aseguran que recibieron como respuesta una disculpa y la confirmación de que ella no había realizado la sentencia, sino que solo fue la encargada de firmar el documento.
El caso tiene en alerta a varias empresas del sector que han amagado con retirar sus inversiones, causando afectaciones que se estiman en 28 mil millones de pesos anuales por concepto de actividades turísticas en el muy afectado estado en el que no solo impera la corrupción desde hace décadas, sino la pobreza, la inseguridad y los conflictos armados.
Posdata 2
Se confirma lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre algunos ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre que no se trabaja con lo que llama “austeridad republicana” o “pobreza franciscana”. Resulta que la autonombrada “ministra del pueblo”, Lenia Batres, absorbe de manera importante recursos que carecen de justificación.
En el Portal de Transparencia del máximo órgano de justicia se observa que la hermana del todavía Jefe de Gobierno de la CDMX, Martí Batres, ocupa en su ponencia a 79 colaboradores ―de los 11 ministros es la que tiene más personal―, a los que el Poder Judicial les otorga un pago mensual de casi 5 millones de pesos. Como referencia, la ministra Norma Piña tiene sólo seis colaboradores, a quienes se les destinan unos 500 mil pesos. Un ejemplo del enorme costo de no saber hacer sentencias ni tener carrera judicial.
Posdata 3
A menos de un año del paso del huracán Otis y como resultado de una intensa promoción, el puerto de Acapulco logró una buena temporada de verano, con un afluencia de más de 943 mil turistas extranjeros y nacionales, así como una derrama económica de más de 6 mil millones de pesos.
El sector turístico cerró filas y trabaja de la mano con el gobierno del estado que encabeza Evelyn Salgado, y el federal por órdenes del presidente López Obrador, por lo que Acapulco, Ixtapa y Taxco lograron una ocupación promedio general de 67.52%.
La ocupación hotelera que se registró muestra que Acapulco se está recuperando y renovando. El objetivo es que resurja como el destino turístico más tradicional del país, principalmente para los capitalinos. Y para continuar con su reactivación turística y económica se anunció que la agenda de eventos de los próximos meses contempla la realización del Premier Major Pádel en Acapulco, el Urban Trail Taxco y la apertura del Centro Cultural y Turístico El Partenón en Zihuatanejo.
@MarioMal
