Este martes será especial en la guerra que mantienen la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y su fiscal, Renato Sales, contra el presidente del PRI, Alejandro Moreno. A favor del priista jugará que en el pleito se involucró, de manera oficial, la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
A las 17:00 horas de hoy está citado el fiscal general de Campeche para comparecer ante la comisión legislativa y explicar a los diputados el presunto robo de un equipo de espionaje de la desaparecida Policía Federal en los tiempos en los que el funcionario se desempeñaba como Comisionado Nacional de Seguridad, en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
La tesis transmitida a los legisladores, a través del presidente de la Comisión, Pablo Angulo Briceño, es que la cabeza del Ministerio Público campechano ha utilizado ese supuesto equipo de espionaje para llevar a cabo la persecución del presidente del PRI; y para obtener ilegalmente y manipular los audios que la gobernadora del estado exhibe cada semana y que presentan al priista en su más clara realidad.
El asunto se refiere al llamado “Sistema Rafael”, contratado a la empresa Rafael Advanced Defense Systems LTD en diciembre de 2015 para realizar el “análisis, diseño e implementación de la Plataforma del Sistema de Explotación de la Información de Inteligencia”. El monto comprometido por la Policía Federal para ese proyecto, según el contrato PF/SG/DIVINT/CTO/03/2015, fue de 130 millones 800 mil dólares.
Efectivamente, entre los funcionarios que integran las corporaciones de seguridad se tiene claro que el Sistema Rafael fue un ejemplo de los niveles de corrupción que se alcanzaron en el gobierno peñista. Por este caso en específico es prófuga de la justicia la exsecretaria general de la Policía, Frida Martínez, colocada en el cargo por el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Por ello, las indagatorias de la contratación e implementación del sistema deben enfocarse principalmente a la decisión de adjudicarlo de manera directa y con la partida de “seguridad nacional”; también se debe poner el ojo en los pagos por adelantado –casi 40 millones de dólares, según los registros– y en la búsqueda de los 65 millones de dólares que se presupuestaron para el servicio y que no se pagaron a la compañía proveedora.
La Auditoría Superior de la Federación estableció un daño al erario por la compra de este sistema por alrededor de 800 millones de pesos, con observaciones por la ausencia de un análisis previo para la implementación, la falta de justificación para la compra y el pago de materiales o equipo que nada tenía que ver con la operación de este proyecto de inteligencia. Se habla de un sistema que nunca existió y ni siquiera se pagó por completo.
No obstante, la comparecencia también se explica porque el diputado Angulo Briceño es en la práctica un ahijado político de Alejandro Moreno: priista, originario de Campeche, ligado en toda su trayectoria al exgobernador de su estado y beneficiado por su líder partidista para convertirse en diputado federal y en presidente de su Comisión.
En este escenario, la instancia de comparecencia no es la más adecuada, pero Renato Sales sí tiene mucho que explicar, pues, por los tiempos en que se ubican algunas de las conversaciones grabadas de Alito –cuando era todavía gobernador y presidente Peña Nieto–, parece que el fiscal campechano se benefició de los recursos de inteligencia del Estado mexicano para escuchar, por lo menos, a quien gobernaba su entidad.
Posdata
Van 15 periodistas asesinados en México en menos de ocho meses. La indolencia e ineficacia del gobierno para garantizar las condiciones mínimas para ejercer el oficio aterrorizan. ¿El presidente y su vocero seguirán linchando a los periodistas casi todas las mañanas, fomentando el discurso de odio contra los medios y los comunicadores?
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