La empresa estatal Gas Bienestar que el presidente Andrés Manuel López Obrador planea echar a andar para suministrar el combustible a un “precio justo” en las zonas vulnerables del país, se construye bajo el andamiaje con el que las administraciones ‘neoliberales’ realizaron los negocios más oscuros de Pemex, con razones sociales de regímenes privados constituidas en paraísos fiscales, las cuales no están sujetas a obligaciones de transparencia de la administración pública.
De acuerdo con el acta constitutiva de la compañía gasera que promueve el Presidente, los accionistas originales de esta empresa son Mex Gas Internacional y Mex Gas Supply; ésta última empresa, dirigida actualmente por Javier López Ramos , será la encargada de comprar e importar el hidrocarburo, toda vez que México es deficitario en la producción de gas y tiene que adquirir en el extranjero hasta una tercera parte del producto que demanda el mercado interno.
Mex Gas Supply es una subsidiaria de la holding constituida en España, Mex Gas International. Es la razón social con la que Pemex, en tiempos de Emilio Lozoya , firmó una decena de contratos con la suiza Vitol para abastecer de gas a la petrolera mexicana hasta 2024.
Todos estos acuerdos se mantienen vigentes actualmente y la administración de Octavio Romero Oropeza no ha podido —o no ha querido— deshacerlos, a pesar de que la europea carga con una historia de corrupción muy parecida a la de la brasileña Odebrecht, con señalamientos de sobornos a funcionarios mexicanos para asegurar contratos.
Vitol, encabezada por Luis Roca , tiene contratos vigentes para el resto del actual sexenio, y sería la candidata natural para vender el energético que Gas Bienestar distribuirá y comercializará de manera directa a los consumidores.
En los parámetros de constitución de la futura gasera del Estado mexicano se dejó abierta la posibilidad para que el suministro de este nuevo competidor tenga como origen “cualquier otro proveedor”, además de Petróleos Mexicanos, Pemex Transformación Industrial y Pemex Logística.
No obstante, si el gobierno —a través de Mex Gas Supply— decide cancelar unilateralmente los acuerdos con la empresa suiza acusada de corrupción, la alternativa para asegurar el suministro es todavía más escandalosa pues, de acuerdo con empresarios del sector energético en Houston, Texas, las compradoras han entrado en negociaciones con la empresa Cava Energy, de Carlos Álvarez de Alba . Se trata de la empresa cuyo cabildeo y cierre de contratos están bajo la responsabilidad de la empresaria Carolyn Adams , esposa del hijo de AMLO, José Ramón López Beltrán .
Adams es cabildera de Cava Energy, subsidiaria de Stella Holding, desde 2016. Al igual que Vitol, aunque en menor escala, la firma con sede en Monterrey, Nuevo León, y constituida el 10 de junio de 2014, ha sido proveedora del sector energético mexicano, principalmente en el transporte y suministro de gas natural a proyectos de Pemex y CFE, aunque su objeto social le permite participar en toda la cadena productiva y de distribución de cualquier tipo de hidrocarburo, incluyendo el gas LP que requiere Gas Bienestar.
Estas acciones que se perciben en el aparato de gobierno apuntan efectivamente hacia un pronto relevo en la proveeduría del gas, sobre todo por la cruzada que ha iniciado la titular del SAT, Raquel Buenrostro , para involucrar a Vitol en delitos de evasión fiscal; esto por presuntas irregularidades en los documentos de importación de los petrolíferos que trae al país.
La implacable recaudadora pondrá a la empresa suiza contra las cuerdas, lo que facilitará un escenario para retirar contratos y buscar muy pronto a otro nuevo proveedor.
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