La política laboral del gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene un estratega, encargado de diseñar las iniciativas en la materia y de tomar las decisiones operativas que corresponden a la Secretaría del Trabajo. Su nombre es Arturo Alcalde Justiniani, abogado laboralista y padre de la titular de esa dependencia, Luisa María Alcalde Luján.
Entre las más recientes propuestas elaboradas por este ideólogo se encuentra la iniciativa que el Presidente envió al Congreso de la Unión para reformar las leyes en materia de subcontratación –mejor conocida como outsourcing–, la cual no tuvo otro filtro para llegar al Presidente más que el del Consejero Jurídico, Julio Scherer Ibarra.
Los diferentes párrafos que se incluyen en la exposición de motivos para modificar la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la Ley de Impuesto Sobre la Renta, la Ley del Impuesto al Valor Agregado y el Código Fiscal de la Federación dan cuenta de la añoranza que Alcalde Justiniani tiene por los modelos laborales del siglo pasado.
El padre de la secretaria del Trabajo fue asesor legal del Frente Auténtico del Trabajo (FAT), un organismo que, según sus propios principios, tenía como objetivo máximo la autogestión de la clase trabajadora y priorizaba fórmulas socialistas, como las ya casi desaparecidas sociedades cooperativas, frente a modelos capitalistas calificados como neoliberales.
Abogados laboralistas que lo conocieron en aquella época aseguran que tales tendencias e ideas lo llevaron a posicionarse como uno de los asesores legales favoritos de los sindicatos, con estrategias que llevaban a los extremos las exigencias de los trabajadores, mientras que a los patrones y a las empresas prácticamente las llevaban a la quiebra.
Con estas metodologías, Alcalde Justiniani ofreció –y sigue ofreciendo en la mayoría de los casos– servicios de asesoría a la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, a la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México y de Sobrecargos, al Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, al Sindicato Único de Trabajadores de Nacional Financiera y al Sindicato Nacional Único y Democrático de Trabajadores del Banco de Comercio Exterior, entre muchos otros.
Precisamente en sus años como asesor del FAT coincidió con su hoy esposa Bertha Luján Uranga, también cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador y colaboradora del mismo desde sus tiempos como jefe de Gobierno del Distrito Federal. Durante la llamada “presidencia legítima” de AMLO, en 2006, Luján Uranga fungió como secretaria del Trabajo.
De su relación nacieron las también funcionarias de la 4T Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo, y Bertha Alcalde Luján, actualmente superdelegada del gobierno federal en el estado de Chihuahua y anteriormente secretaria Ejecutiva Adjunta del Consejo Nacional de Seguridad Pública, posición en la que administraba y repartía los apoyos estatales y municipales para programas de Protección Ciudadana.
Al interior de la 4T se asegura que nada se mueve en la Secretaría del Trabajo si no es con la autorización de Alcalde Justiniani, y que todos y cada uno de los funcionarios que acompañan a Luisa María en el sector han sido palomeados en la oficina de su padre, tal como sucedió con la selección de Alfredo Domínguez Marrufo como director del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, coincidentemente hijo de uno de los fundadores del FAT, Alfredo Domínguez Araujo.
Bajo estas tendencias de la familia Alcalde el gobierno de AMLO impulsará el decreto único para desaparecer el régimen de la terciarización, mientras que en las cámaras legislativas parecen mostrar algo de resistencia, resucitando y poniendo a parlamento abierto las 34 iniciativas que sobre este tema se habían presentado con anterioridad.
La semana pasada, tras la presentación de la iniciativa, Alcalde Justiniani dijo en un foro que se “tiene que avanzar”.
Alcalde compite con el senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, en las propuestas radicales para acabar con el outsourcing, aunque ambos buscan un mismo fin: que los sindicatos tengan más poder frente a las empresas y que el negocio de la subcontratación sea para ellos.
La presión de las cúpulas empresariales, pero sobre todo los acuerdos con países como Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea –cuyos representantes aseguran que se violentan los derechos de sus empresas– hicieron recular ayer al presidente López Obrador, quien reconoció que su propuesta (o la de Arturo Alcalde) puede suavizarse.
@MarioMal
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