Los otrora Lobos BUAP están a nada de regresar a Puebla, de donde salieron en 2019 para convertirse en los Bravos de Ciudad Juárez.
Fuentes con conocimiento del tema aseguran que la Universidad Autónoma de Puebla tiene lista una demanda mercantil que permitirá, en un par de meses como máximo, retornar la franquicia a la capital poblana, incluso con posibilidades de lograrlo para jugar nuevamente en el estadio de su Ciudad Universitaria en el Torneo de Apertura 2021.
El proceso legal es, en específico, contra Mario Mendivil Blanco, un promotor que firmó un contrato para representar y administrar el equipo de fútbol profesional, pero que, según los términos del documento firmado con la universidad que encabeza Alfonso Esparza Ortiz, carecía de las facultades para venderlo.
La historia se remonta a mediados de 2018 cuando, tras perder la categoría, la escuadra universitaria tuvo que desembolsar 120 millones de pesos para permanecer en la primera división; una cantidad fue financiada por Mario Mendivil y su firma Garden Teas de México S.A. de C.V.
El empresario obtuvo como recompensa la posibilidad de encabezar plenamente la operación del equipo, incluidos los procesos de negociación para la adquisición de jugadores y de los contratos de patrocinio. Prácticamente se convirtió en un integrante más del exclusivo club de dueños de la LigaMX.
En la cláusula 2.1 del convenio mercantil que se oficializó el 13 de diciembre de 2018, al cual tuvo acceso esta columna, la BUAP otorgó al administrador la posibilidad de recibir ofertas de compra del equipo hasta por una cantidad mínima de 90 millones de pesos, aunque no de aceptarlas y procesarlas sin la autorización de los verdaderos propietarios.
En los hechos, Mendivil halló una oferta en el norte del país por 380 millones de pesos, la cual procesó sin consultar a nadie y ofreció únicamente a la Universidad poblana aquellos 90 millones establecidos como límite mínimo para la transacción.
Con esto ignoró también la cláusula que lo obligaba a pagar 180 millones adicionales a la institución educativa por el manejo del equipo, depositada ésta en el convenio del 30 de abril de 2018 e identificada como “Pago BUAP”.
Ya encarrilado, y ante los intentos de los universitarios para recuperar su escuadra, el empresario entabló una denuncia contra el rector Esparza en la Fiscalía General del Estado, por un supuesto desvío de recursos públicos hacia el equipo de fútbol.
En medio de una confrontación política contra el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa, la Universidad ya ha demostrado que los 400 millones de pesos invertidos durante seis años en el cuadro licántropo provienen del capital propio generado por la institución, autorizados por el Consejo Universitario para la promoción deportiva y ajenos a las partidas públicas provenientes del estado y de la Federación.
Así las cosas, se abre el camino para el regreso de la jauría a tierras poblanas, incluso en contra de los deseos del propio gobernador Barbosa, quien veía en el escándalo deportivo una oportunidad para instalar en la Rectoría a un personaje que le ofreciera total sumisión.
En la esquina perdedora, también estaría el gobierno de Chihuahua, de Javier Corral, pues la dueña de los Bravos, Alejandra de la Vega Arizpe, es ni más ni menos que la secretaria de Desarrollo Económico del estado.
La conspiración antiAMLO y la IP de Jalisco
Una parte importante de los hombres de negocios de Jalisco ven con preocupación la forma en la que el presidente López Obrador lleva los destinos del país. La razón: sus empresas y sus relaciones con el poder se han visto afectadas.
Para sobrellevar esta situación pusieron en marcha una estrategia que corre por dos líneas. Por un lado buscan mantenerse en la gracia del presidente, a través de un decano del empresariado jalisciense, José Luis González íñigo, que es amigo entrañable del jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo.
Gracias a esa relación han logrado reunirse en dos ocasiones con el Presidente. Él es el puente para obtener interlocución con la actual administración, dado que el gobernador Enrique Alfaro mantiene una relación más bien ríspida con el jefe del Ejecutivo.
Asimismo, es a través de la Oficina de la Presidencia que promocionan ante AMLO a uno de los suyos para ser el candidato de Morena a la gubernatura por Jalisco en 2024: Pablo Lemus Navarro, ex presidente de Coparmex Jalisco y actual alcalde de Zapopan por Movimiento Ciudadano, a quien dieron órdenes de distanciarse públicamente del gobernador Alfaro, dada su mala relación con la 4T y su calificación de escasos 20 puntos porcentuales de aprobación.
Las reuniones de este grupo compacto de empresarios, cuyas cabezas visibles son González Íñigo y César de Anda Molina (el primero se encarga de la relación con el gobierno federal y el segundo con el gobernador de Jalisco), se realizan a puerta cerrada. Y su operación se disfraza con las que realizan las diferentes cámaras y cúpulas.
El próximo 4 de febrero, por ejemplo, se ha convocado a una comida en el primer y largo puente del año, en casa de José María Andrés Villalobos, ex líder de Canaco local y líder del proyecto turístico en Chalacatepec, proyectado como el “Cancún jalisciense” desde hace dos sexenios.
La reunión tiene por objetivo actualizar los avances de su escalada hacia el poder y cerrar filas en torno a Lemus Navarro.
La segunda línea de trabajo que han elegido es la de minar el poder social lopezobradorista. Para ello han creado lo que denominan una plataforma llamada Civilitas.
Reconocen que AMLO tiene una base social consolidada, misma que ellos y su dinero nunca han podido tener. Por ello desde hace un año trabajan en un proyecto de laboratorio social que ya ramifican en varias ciudades dentro y fuera de Jalisco.
Para articular estas redes contrataron a dos asesores, Eduardo Caccia (cercano a Claudio X. González) y Jesús Gómez Espejel (el asesor del que salió la idea de prohibir las minifaldas en Guadalajara, en los años noventas, decretada por el entonces alcalde César Coll Carabias).
Como si de una secta se tratara, a los líderes de Civilitas se les obliga para poder ingresar a los primeros círculos, a leer el libro “De la dictadura a la democracia”, de Gene Sharp, que de acuerdo con Gómez Espejel y Caccia es el manual básico sobre cómo destruir una dictadura (la de AMLO) y prepararse para tomar el poder.
“Si ante los atropellos, los abusos y la ineptitud de este gobierno te preguntas cómo puedo yo participar para impedirlo y para lograr mejorar el bienestar y progreso de México. La respuesta es: Unirnos para formar Células Ciudadanas. México es nuestro, no de ningún líder manipulador y demagogo”, reza una de sus comunicaciones.
Las Células Ciudadanas aseguran tener cientos de ellas en la entidad, realizan reuniones ‘secretas’ y buscan alianzas con otras organizaciones opositoras al régimen lopezobradorista.
Parte de este movimiento contra AMLO fue creado desde el empresariado tapatío con Células Ciudadanas por México, Xciudadanos y Todos con México.
Consolidados ya en Jalisco, luego de un año más de trabajo, sus tentáculos están ya en actuación también en Querétaro y Ciudad de México. Y están en la conformación de células en Guanajuato y Baja California.
La actuación de este secreto y selecto grupo de hombres de negocios ha incluido las denuncias contra el amigo del presidente, el farmacéutico Carlos Lomelí, así como las marchas en Jalisco y Ciudad de México en contra de AMLO.
SOS por hemodiálisis en Guerrero
Y hablando del sector farmacéutico, donde hay focos rojos es en Guerrero, donde la empresa Fresenius Medical Care fue contratada por el IMSS, de Zoé Robledo, para encargarse del servicio de hemodiálisis en Acapulco, a pesar de que la clínica desde donde se operarían los servicios se encuentra ubicada aproximadamente a 90 metros de una estación de gas, causa que ameritaría la descalificación de la empresa por incumplir disposiciones de Protección Civil.
Se trata de la Licitación Pública Internacional LA-050GYR988-E5-2019 para proveer el servicio de hemodiálisis en la unidad “Vista Alegre”. El tema es que al momento en que el IMSS inspeccionó las instalaciones de Fresenuis, la gasera Carburadora Santa Cruz estaba clausurada, pero a partir del pasado 6 de enero regresó a operar con normalidad, lo que representa un riesgo para los más de 91 mil pacientes que serán tratados.
Así, y después de la tragedia de la guardería ABC en Sonora, la cual provocó el fallecimiento de 49 niños, las medidas se endurecieron y se especificó que ninguna gasolinera, dispensadora de gas, fábrica o ducto de Pemex debe estar localizado a menos de 150 metros de las Unidades Médicas Subrogadas.
La Secretaría de la Función Pública inhabilitó a Fresenius Medical Care en 2016 precisamente por incumplimiento de contrato y por provocar daños económicos que ascendieron a 557 millones de pesos.
@MarioMal
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