Este martes los ojos del mundo estarán colocados en el acontecimiento que definirá el futuro de la política y de la economía internacional: las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. El resultado influirá también en el rumbo del gobierno de Claudia Sheinbaum, sobre todo si se materializan las promesas de campaña más extremas de los candidatos, en especial las expresadas por el republicano Donald Trump.
El escenario apunta a un empate, con la candidata de los demócratas, Kamala Harris, liderando por poco más de un punto porcentual el voto popular, pero con un panorama complicado frente a Trump en el conteo de los 530 votos que pone en juego el Colegio Electoral en las 50 entidades de Estados Unidos. Los estados que terminarán por definir al ganador serán Arizona, Georgia, Michigan, Carolina del Norte, Wisconsin, Nevada y, sobre todo, Pensilvania, en las que los candidatos reportan un empate técnico, con porcentajes de entre 48 y 46 puntos de preferencia en la votación.
En México se da por sentado que el escenario más favorable es una eventual victoria de Kamala Harris; sin embargo, su voto en contra del T-MEC cuando fue senadora ha hecho que los políticos y empresarios del país tomen con reservas esa opción. El impacto económico de la relación bilateral es tal que cerca de 55% del PIB del país tiene una relación directa e indirecta con el TMEC, según el Consejo Coordinador Empresarial.
La renegociación del tratado está programada para 2026 y México no llega con las mejores credenciales: la reforma judicial y la posible desaparición de organismos como la Cofece y el IFT podrían tomarse como violación a las reglas trilaterales, lo cual endurecería las posturas de cualquier gobierno y también invariablemente de como queden conformadas la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos.
Está en juego un intercambio comercial bilateral que alcanza los 740 mil millones de dólares anuales, de los cuales casi 60% son las ventas en el mercado estadounidense de productos fabricados en México. Ese es el tamaño de las amenazas que Trump lanzó en sus cierres de campaña, al prometer que impondrá un arancel de 25% a todas las mercancías importadas desde nuestro país, en caso de que no detenga la “avalancha de criminales y drogas”. Los amagos iniciales del republicano con la industria automotriz amenazaban con impactar en un punto porcentual el PIB, pero la nueva promesa afectaría con mayor fuerza.
Los temas de migración, narcotráfico y seguridad son los que conectan al territorio y gobierno mexicanos con los discursos de los candidatos. Con Trump prevalece la línea de doblegar a nuestras autoridades para que éstas hagan el “trabajo sucio”, de manera que conviertan al país en una férrea aduana de entrada a suelo estadounidense, aunque también ha planteado la posibilidad de catalogar a los cárteles de la droga como terroristas, de manera que Estados Unidos pueda combatirlos. En el caso de Kamala Harris, su estrategia también suena “intervencionista”, toda vez que ha prometido que como presidenta enfrentará directamente a los cárteles mexicanos del crimen organizado.
Bajo ese último enfoque, parecería convenir más al gobierno mexicano una victoria de Trump, sobre todo por el temor de que se repitan operativos de inteligencia y autoridades estadounidenses en territorio mexicano, como el que derivó en la aprehensión del Mayo Zambada, la cual tensó las relaciones bilaterales y tiene en la antesala del desafuero –y posible juicio– al gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha.
En cualquier caso, se espera una participación más activa del secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, quien es el autor del concepto que ha venido expresando Sheinbaum en sus conferencias matutinas respecto a la relación que se tendrá con los Estados Unidos: “coordinación sin subordinación”. Lo mismo aseguró como coordinador del equipo de transición de Sheinbaum respecto a la relación que la presidenta tendría con Andrés Manuel López Obrador.
Posdata 1
Pese a la cargada gubernamental, todo indica que este martes el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sí votará el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara sobre declarar parcialmente inconstitucional la Reforma Judicial.
El ministro, quien por cierto fue propuesto por el expresidente Andrés Manuel López Obrador para integrarse a la Corte, busca que la elección de jueces y magistrados sea invalidada, por lo que requiere del voto de siete de sus compañeros para su aprobación, más el propio, es decir, un total de ocho.
Los votos que están seguros son los de el ponente, González Alcántara, el de la presidenta de la Corte, Norma Piña, y los de Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez, Jorge Pardo y, se afirma también, el de Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena. Los votos de Margarita Ríos Farjat y Luis María Aguilar están en duda, aunque, por sus posturas públicas sobre la Reforma Judicial tendrían que respaldar el proyecto.
La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que tiene un plan B en caso de aprobarse dicho proyecto, lo que exacerbaría la crisis constitucional, aunque más bien parece ser que éste es esperar a que los señalamientos sobre los ministros y ministras “rebeldes” hagan efecto y no se logren los ochos votos.
Posdata 2
Hace dos años, Maribel Aguilera Chairez asumió la dirección de Talleres Gráficos de México (TGM), un organismo gubernamental que tiene por objeto ofrecer y prestar servicios editoriales en el campo de las artes gráficas a los sectores público, social y privado.
Desde entonces a la fecha, la empresa Gráficas Corona JE ha recibido casi 500 millones de pesos en contratos, uno de estos por más de 420 millones para producir materiales del reciente proceso electoral.
Esta empresa, propiedad de Juan Estrada Hernández, ha sido vinculada a Antonio Meza Estrada, esposo de Aguilera y exdirector de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), debido a un supuesto parentesco entre Meza Estrada y el empresario. Aunque Meza Estrada ha negado este vínculo, fuentes exponen que las autoridades están por abrir una investigación para confirmar o descartar un posible conflicto de interés.
Durante su gestión en Conaliteg, Antonio Meza fue acusado de otorgar contratos millonarios a empresas como Litografía Magno Graf y Grupo Bio Pappel, lo que ha intensificado el escrutinio sobre la administración de Aguilera en TGM y sobre la posible influencia de su esposo en las decisiones de la dependencia.
Posdata 3
Tal cual lo había advertido hace unos días, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, anunció que la próxima semana comenzará la discusión para desaparecer a los organismos autónomos, como la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
La iniciativa de reforma constitucional la heredó la anterior Legislatura y será retomada por los actuales diputados y diputadas coordinados por Monreal, además de las bancadas de partidos aliados. Como fue el caso de la Reforma Judicial y la Reforma de Supremacía Constitucional, Morena logrará la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y el Senado, de manera que los organismos autónomos serán extinguidos o fusionados con alguna secretaría de Estado.
Si bien el argumento para erradicarlos será el presupuestal, la realidad es que la reforma fue ordenada por el expresidente López Obrador, por lo que los legisladores morenistas ven prácticamente imposible “desacatar” esa orden. Por ejemplo, el presupuesto asignado a los organismos autónomos para 2024 fue de poco más de 5 mil millones de pesos, lo que representa ni 1% del gasto público del gobierno.
Otro problema es que dentro de algunos organismos autónomos han habido situaciones que en nada han ayudado a su supervivencia; está el caso del IFT, que referí ayer, sobre denuncias por borrar información para favorecer a empresas y la destitución de altos funcionarios, así como y la pelea por el poder entre los comisionados del INAI.
Posdata 4
La encuestadora Demoscopía Digital dio a conocer su ranking nacional de gobernantes de octubre, y pese a los sucesos de violencia, principalmente en Acapulco, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, obtuvo una buena calificación de 65.7%.
Apenas ayer, hombres armados asesinaron a siete personas en la comunidad de Tres Palos, en Acapulco. Uno de los grandes problemas del Puerto es su alcaldesa, la también morenista Abelina López, quien simplemente reconoce que está “rebasada” y que a ella no le toca investigar porque “no es fiscal”.
Todo indica que los negativos por la crisis de inseguridad en Acapulco se los está llevando la alcaldesa, pues a pesar de que en el estado pegaron los huracanes Otis y John, que dejaron una secuela de destrucción enorme,los guerrerenses siguen teniendo confianza en su gobernadora.
Otras mandatarias bien evaluadas son la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, con 69.7%, y la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, con 66.9%.
@MarioMal
