En un escenario en el que la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, parece caminar tranquilamente hacia las elecciones de junio, la batalla de mayor prioridad para Andrés Manuel López Obrador, en su último año como presidente, será la reforma al Poder Judicial de la Federación que, entre otras cosas, busca modificar estructuralmente el formato actual de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y cómo se elige a los más altos representantes de este poder.
Los tambores de guerra ya suenan en el recinto de la calle de Pino Suárez, desde donde la nueva ministra Lenia Batres, enfundada en la toga que deberá portar hasta 2039, pronunció un discurso en el que, si bien no recoge textual la consigna de mandar a votación popular a ministros, magistrados y jueces, vaticina una pérdida de su poder frente a otros órganos del Estado que fueron electos mediante “democracia directa”.
Cobijada por integrantes de la cúpula morenista, en especial de la identificada con la ideología más radical, Batres acusó a los ministros de subordinar a sus interpretaciones a la propia Constitución; de supeditar las leyes emanadas del Congreso a sus jurisprudencias, y principalmente de ignorar aspectos sociales y económicos en la población mexicana que impiden garantizar la justicia.
El discurso tuvo sus partes técnicas y políticas. Casi se podía identificar por las palabras precisas y conceptos a quienes participaron en su elaboración; algunos de ellos, como Jesús Ramírez en la parte política, estaban presentes en el recinto, y otros, como el exministro Arturo Zaldívar en la técnica, se encontraban un poco más lejos analizando los escenarios para afinar el proyecto de Reforma Judicial, el cual se espera que esté en el pleno el primer día de septiembre.
Además de Zaldívar, hay otros abogados y funcionarios morenistas que arrastran la pluma para darle forma al proyecto que ha venido adelantando desde hace tiempo López Obrador. Hay al menos una propuesta que se trabaja desde el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que preside el magistrado Rafael Guerra, la cual apunta hacia la puesta a elección popular de los jueces.
El borrador del proyecto establece que serán elegidos mediante un proceso de elección democrática aquellos jueces que tengan responsabilidades que obliguen al contacto directo con la ciudadanía; es decir, los juzgadores que atienden asuntos de lo familiar y lo relacionado con delitos contra la propiedad podrían someterse al voto popular, y por consiguiente a la evaluación de resultados.
La propuesta toca a la SCJN, aunque no vulnera su papel de guardiana de la Constitución ni considera la elección por voto popular de los ministros. En este caso, se busca acotar técnicamente las facultades del máximo órgano de justicia frente a las decisiones tomadas en el Congreso y frente a los decretos del Poder Ejecutivo. Coincide con los preceptos de la ministra Batres, de manera que por este lado es por donde podrían venir los cambios.
En su discurso, la autodenominada “ministra del pueblo” tocó también el tema de la seguridad y, más allá de los escasos resultados que arroja la estrategia de este gobierno en esa materia, puso énfasis en las sentencias que liberan a los delincuentes por errores de procedimiento en las policías y ministerios públicos. En otras palabras, reclamó que no se dejen impunes delitos por presuntas violaciones al debido proceso.
El tema es un reclamo legítimo que debe analizarse en un proyecto de Reforma Judicial que no tenga tintes políticos, pero en Palacio Nacional el ánimo que prevalece es el de revancha y los argumentos jurídicos son superados por decisiones con tendencias dictatoriales.
Posdata 1
A propósito de la flamante ministra Lenia Batres, quien pidió que le recortaran el sueldo y que la incorporaran al ISSSTE para no utilizar ningún otro servicio médico, todo indica que ninguna de las dos solicitudes será posible, porque, irónicamente, así lo mandata la Constitución y la propia Corte.
En lo que respecta al deseo de renunciar a su sueldo actual, simplemente no será posible porque no es una más de las prestaciones que tienen los ministros y ministras, de manera que tendrá que devolver el dinero a la Tesorería de la Federación, a cargo de su amiga María Elvira Concheiro, también del ala radical de la 4T.
Y sobre su incorporación al ISSSTE, el pleno de la Corte definió que los ministros y ministras fueron equiparados a patrones, por lo que no pueden cotizar en dicho instituto, según lo informó este fin de semana Proceso en su portal.
Así que, pese a sus “buenas” intenciones, Lenia Batres no podrá renunciar a lo que ella misma, y quizá también las ministras cercanas a la 4T, Yasmín Esquivel y Loretta Ortíz, consideran como privilegios.
Posdata 2
El senador morenista y líder del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, se reunió recientemente con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y con los líderes del Sindicato Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de España (UGT) en Madrid. Los temas principales fueron hacer una revisión de las prácticas laborales de ambos países, sobre todo ahora que en México se debate en el Congreso la reducción del horario laboral.
Por otro lado, el expresidente Enrique Peña Nieto se reunió con Yolanda Díaz, vicepresidenta de España. La líder del partido Sumar repitió como vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo con el actual presidente Pedro Sánchez. El expresidente mexicano está más activo con sus reuniones de alto nivel, pues hace unos días también fue fotografiado con el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton. Ambas reuniones fueron gestionadas por el publirrelacionista mexicano Carlos Salomón.
Posdata 3
Hoy va a definirse el futuro de la aún fiscal capitalina Ernestina Godoy y se anticipa que se ve igual de gris que estos últimos días en la Ciudad de México.
Este lunes el Congreso capitalino finalmente someterá a votación la ratificación de Godoy, la cual los morenistas venían postergando por los votos que les faltaban. Pues todo indica que la espera fue en vano: la oposición está decidida a bloquear sus aspiraciones, más tras lo sucedido el fin de semana, cuando la Fiscalía capitalina esposó y llevó a declarar como detenido al secretario general del PRI en la CDMX, Tonatiuh González.
Ernestina Godoy ya debe tener plan B y este quizá esté en la alcaldía Iztapalapa, pues la exalcaldesa y actual candidata a la jefatura de Gobierno, Clara Brugada, la ve bien como su posible sucesora.
@MarioMal