Las revisiones de la ASF al Ejército

Más que furiosa, la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador al revés que le dio esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se observa nerviosa, con tintes a proteger y a dejar en la opacidad todas las decisiones que en materia administrativa y presupuestaria ha tomado la Sedena con la Guardia Nacional.

La vida de lujos del general secretario, Luis Crescencio Sandoval, y su familia, son apenas una pequeña muestra de las frivolidades o irregularidades que podrían encontrarse, por lo que el objetivo ahora es ocultar la mayor cantidad de información.

Bajo el argumento de que las Fuerzas Armadas son víctimas del espionaje por parte del Pentágono de Estados Unidos, el Presidente anunció que, por seguridad nacional, clasificará la información del Ejército y la Marina. Asimismo, encabeza abiertamente una cruzada para desaparecer a los órganos contralores y de acceso a la información, empezando por el INAI y, según los dichos del diputado Ignacio Mier, también van por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

¿Para qué sostener al máximo órgano contralor?, considera el coordinador de los diputados morenistas, “si en la propia Cámara de Diputados tenemos una Unidad de Evaluación y Control, y si en todas las dependencias públicas tienen instrumentos de revisión y de contraloría”. Se contempla una revisión para analizar su permanencia, al igual que la de órganos autónomos como la Cofece, el IFT y la CRE.

En la revisión de la Cuenta Pública 2021, cuyos resultados se entregaron al Congreso de la Unión hace apenas unas semanas, el equipo de David Colmenares se atrevió a señalar irregularidades en el manejo presupuestario de la Sedena. Documentos en poder de esta columna confirman que la ASF promovió responsabilidades administrativas sancionatorias contra los militares. Quizá ahí sentenciaron la desaparición del órgano fiscalizador.

La Auditoría de Cumplimiento 2021-0-07100-19-0326-2022 señala diversas irregularidades en el ejercicio de un presupuesto de 2 mil 500 millones de pesos con el que la Sedena adquirió 272 mil 311 paquetes de enseres y electrodomésticos para la población afectada por diversas inundaciones en los estados de Tabasco, Chiapas, Veracruz, Puebla e Hidalgo.

De entrada, se estableció la Promoción de Responsabilidad 2021-9-07100-19-0326-08-001, porque la ASF nunca encontró justificación para comprar por adjudicación directa y exceptuar la licitación pública. Además, la Sedena aludió a un estudio de mercado entre los ofertantes del Registro Único de Proveedores de Compranet, pero jamás se halló rastro en éste de razones sociales como Ata toys, Importadora 2MG y Avacor, beneficiadas con contratos millonarios.

A todo esto se suma que dichos proveedores terminaron vendiendo los enseres a precios más elevados que los ofertados por otros competidores en su estudio de mercado; que la ASF detectó que estas mismas actuaron únicamente como intermediarios y que los materiales, colchones, camas, estufas y refrigeradores se entregaron con varias semanas de retraso, a pesar de que los militares las apoyaron con convenios modificatorios.

Estos son apenas los datos de la revisión del ejercicio de 2021, cuando el Ejército aún no metía las manos de lleno en la Guardia Nacional. Los Informes de las compras realizadas durante el año pasado estarían finalizados en febrero de 2024, probablemente cuando la ASF ya no exista o haya sido disminuida por Morena y la 4T.

Posdata 1

A los ocho ministros de la Corte que votaron por declarar inconstitucional el traslado operativo y administrativo de la Guardia Nacional al Ejército –lo que se hará efectivo hasta enero de 2024– ya les pusieron el ojo de la UIF y los ministerios públicos, según fuentes del gobierno.

Uno de los ministros que ya había sido denunciado por su sucesor, el expresidente Luis María Aguilar, sería uno de los investigados. Más bien se reabrieron carpetas que se tenían desde hace poco más de un año, cuando se enfrentó a Arturo Zaldívar.

Ahora las denuncias son mayores a las de años pasados, aseguran las fuentes, y tienen que ver con su gestión como presidente de la SCJN del 2015 al 2018. Las denuncias van desde actos de corrupción, adquisición de productos y servicios, obra pública a sobreprecio e incluso venta de exámenes para los concursos de jueces federales. Estas apuntan a su secretaria particular de toda la vida, María Bertha Fernández García.