El presidente Andrés Manuel López Obrador quiere cerrar su último año de gobierno con el control total de la salud del país. A diferencia de los concesionarios de gasoductos, prisiones, vías de ferrocarril y mineras, en el sector de hospitales quiere expulsar a su máxima expresión a la iniciativa privada.
En esta cruzada por la estatización de la salud pública es que busca retirarle las concesiones a las empresas que operan y administran hospitales en el país, cuyos dueños además tienen cuentas pendientes con su gobierno, como es el caso de los españoles de Acciona, que controlan el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, ubicado en León, Guanajuato, y quienes por otro lado tienen una denuncia penal por el presunto delito de peculado en un contrato para la construcción del Tramo 5 del Tren Maya.
El presidente López Obrador pretende invocar el artículo cuarto constitucional, en el que se inscribió la repartición de apoyos sociales y, además, en el que definió que el Estado debe “garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social”.
La primera enmienda, concretada en mayo del 2020, le cargó al erario un gasto anual por una cantidad que se acerca a los 2 billones de pesos, mientras que la segunda es la que mantiene en López Obrador una obsesión por comprar los hospitales concesionados a los privados, para hacer crecer la infraestructura del sistema de salud mexicano, aunque los servicios que ofrece éste no sean de calidad.
El artículo cuarto constitucional también fue objeto de análisis profundo durante las administraciones de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Se buscaba implementar en ese entonces un sistema de salud universal en el que el Estado fuera el máximo garante de la salud, más no precisamente el encargado de brindar los servicios.
En resumen, el modelo que podría llamarse neoliberal es el que se implementó en el desaparecido Seguro Popular, una estrategia financiera que hizo a un lado la construcción y disposición de unidades médicas y hospitalarias para priorizar la distribución de recursos destinados a cubrir los costos de la atención médica de los ciudadanos en la unidad que presentara mejores condiciones y calidad.
Ese mismo afán, de tercerizar los servicios para asegurar la calidad de la atención, fue el que motivó el nacimiento de los llamados Contratos de Prestación de Servicios y, posteriormente, las Asociaciones Público Privadas; es decir de esquemas rentables y funcionales si se toma en cuenta que el Estado ha demostrado permanentemente ser un mal administrador, pero susceptibles a ser objeto de corrupción y de privilegios para los empresarios que, como ha dicho el presidente, fueron consentidos en regímenes pasados.
López Obrador tiene razón en que las nueve APPs hospitalarias que quiere comprar —dos operando para el IMSS, cuatro para el ISSSTE y tres para la Secretaría de Salud— se concesionaron con condiciones muy ventajosas a empresarios cercanos al régimen de gobierno y, además a todo lo que rechaza el presidente, empezando por el cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari, Hipólito Gerard y su empresa GIA+A, y la controvertida española Acciona de José Manuel Entrecanales.
Pero lo que AMLO no ha querido comunicar, o probablemente no alcanza a entender, es que los 98 mil millones de pesos que el Estado deberá pagar a esos concesionarios en un periodo de 20 años reciben como contraprestación la operación de prácticamente todos los servicios adicionales a los que brinda el personal médico de los institutos de salud. Por ejemplo el equipamiento y mantenimiento de las instalaciones; la limpieza, desinfección y manejo de residuos; los servicios de informática y telecomunicaciones; la seguridad y vigilancia; la provisión de alimentos; los servicios de ropería y de esterilización; el suministro de gases medicinales, y los estudios de laboratorio, entre muchos otros.
Por lo tanto, si bien la compra de esos nueve hospitales representaría para el Estado una erogación no menor a los 40 mil millones de pesos, en las próximas dos décadas se tendría que desembolsar para su operación una cantidad muy superior, con el riesgo de que en el corto plazo se alineen al bajo nivel de calidad que actualmente se muestra en los hospitales operados totalmente por el gobierno, aunque este se jacte de que cada vez se parece más a Dinamarca.
@MarioMal