Desde el lunes de la semana pasada, cuando revelamos en este espacio que el consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, había presentado su renuncia, las cosas comenzaron a moverse dentro del gabinete. El fin de semana previo, Andrés Manuel López Obrador se reunió con Adán Augusto López en Chiapas para planear su llegada a la Secretaría de Gobernación. Se sabía entonces que el entrañable amigo y paisano del Presidente se haría cargo de algunas de las responsabilidades que tenía Scherer, entre ellas la relación con el Poder Judicial y la Fiscalía General de la República.
Era el golpe final para un funcionario que había cabildeado y negociado prácticamente todos los asuntos relevantes del gobierno federal y del Presidente, desde empujar las reformas legales, como la del Poder Judicial, hasta la relación con empresarios y los políticos clave para el Ejecutivo; también la configuración de expedientes contra los acusados de algún delito, desde defraudación fiscal, corrupción y hasta traición a la patria. Scherer fue el ariete de AMLO en todos los asuntos importantes, ya sea jurídicos o económicos.
La salida de Scherer del gabinete deja un vacío que preocupa y que lamentan los empresarios y actores políticos, pues era su interlocutor más eficiente con el gobierno y, en especial, con el Presidente. No se ve cómo la nueva consejera Jurídica, María Estela Ríos, pueda retomar esas relaciones. El único de los funcionarios del gabinete con buena interlocución con la iniciativa privada es el canciller Marcelo Ebrard, quien, sin embargo, también se desdibuja, pues el ala moderada pierde poder.
Varios temas quedan sueltos con la salida del consejero Jurídico. Algunos de ellos tienen que ver con el caso más emblemático de corrupción del sexenio pasado, el de Emilio Lozoya, cuyo manejo desde la FGR ha dejado mucho que desear. Scherer se encargó, por ejemplo, de acercar a Alonso Ancira con la Fiscalía y Pemex para negociar el acuerdo reparatorio de 216 millones de dólares que hoy desconoce el empresario coahuilense, quien desde su residencia en San Antonio, Texas, busca enfrentarse legalmente con el gobierno de la 4T para no pagarle ni un quinto.
Otros temas que quedan pendientes son el de la Cooperativa Cruz Azul y el del empresario Raúl Beyruti. Con este último hubo por lo menos tres intentos para hacer un acuerdo reparatorio en términos fiscales. En la última reunión el ofrecimiento del dueño de GIN Group para resarcir el daño fiscal fue de mil 200 millones de pesos, pero ni el Presidente ni la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, aceptaron. “Debe ser mucho más”, le mandaron a decir al llamado Rey del Outsourcing.
Muchos otros frentes de negociación con empresarios quedaron abiertos con la salida de Scherer del gabinete. El abogado, a quien el Presidente consideró “un hermano” en su conferencia matutina del jueves, se alejará de la política y los negocios por un tiempo. Como lo anunció López Obrador, regresará a sus actividades privadas, como lo venía haciendo antes de integrarse al equipo de la 4T; sin embargo, es muy probable que en el corto plazo se vaya a Estados Unidos.
Se ha especulado que Scherer podría ser propuesto para convertirse en ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La realidad es que el exconsejero Jurídico no busca un puesto en el máximo órgano de justicia del país. Su plan es regresar a la práctica privada, enfocado en los litigios inmobiliarios y de bienes raíces.
El camino en la Corte queda abierto para que el Presidente envíe una nueva propuesta para sustituir al ministro José Fernando Franco, quien termina su periodo en noviembre de este año. La terna del Presidente serían las integrantes del Consejo de la Judicatura, Loretta Ortiz y Eva Verónica de Gyvés y, de nueva cuenta, Ana Laura Magaloni. Por su parte, la favorita para convertirse en la nueva ministra presidenta de la Corte a partir de 2023 es Yasmín Esquivel Mossa, aunque otro de los que va a pelear ese puesto será, precisamente, un cercano a Scherer: el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.
Muchas cosas se moverán con la salida de Julio Scherer del gabinete.
Licitación en Salud… a sobreprecio
La dirección general de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Salud, que lleva Christian José Jiménez Costas, tendrá una segunda oportunidad para adjudicar a menores costos el contrato para el “Arrendamiento de Equipos de Cómputo Personal y Periféricos”, correspondiente al procedimiento de compra IA-012000991-E87-2021.
Esto porque, apenas el viernes de la semana pasada, el Órgano Interno de Control de la dependencia declaró nulo el fallo por el que se adjudicó este servicio a la oferta de Ofi Productos de Computación, con un sobreprecio calculado hasta en 153 millones de pesos.
Con esta decisión, según el texto de resolución del OIC, la SSA, que encabeza Jorge Alcocer, está en posibilidad de ajustarse a los lineamientos de austeridad y ahorro que le exigen la Función Pública y el gobierno de López Obrador, ya que podrá adquirir el mismo servicio con ofertas que se colocan casi a la mitad del precio que se eligió en la primera adjudicación.
@MarioMal
mario.maldonado.padilla@gmail.com