La radicalización de AMLO y el golpe económico

La reforma a la industria eléctrica propuesta por Andrés Manuel López Obrador y avalada fast track por los legisladores de Morena y sus partidos afines es por mucho el cambio más importante de su administración en términos económicos… pero para mal.

La ley que privilegia a la Comisión Federal de Electricidad en el despacho de energía –por decreto, no por eficiencia ni costo-beneficio– en detrimento de privados, tiene efectos múltiples que van más allá del sector; es un golpe a la confianza de inversionistas, a las finanzas públicas, al funcionamiento de la mayoría de las industrias y a la relación comercial y diplomática de México con el exterior, principalmente con nuestros dos principales generadores de inversión extranjera: Estados Unidos y España.

Las primeras estimaciones del impacto económico señalan que hasta 60 mil millones de pesos de inversiones están en riesgo, cifra que superaría el presupuesto de 21 de 26 dependencias del sector público, según un análisis del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. La Concamin prevé que el gobierno tendrá que pagar más de 70 mil millones de dólares por indemnización a las empresas afectadas, algo así como 7% del PIB, lo que pondría en jaque las finanzas públicas del país.

Asimismo, industrias clave para la recuperación económica y para el país, como la de telecomunicaciones, las manufacturas, el sector de alimentos y bebidas, el comercio, la minería, el turismo, la construcción y otras más, verán impactados sus costos por el aumento en la electricidad y el riesgo que supone que la CFE límite el autoabasto de energía, ya sea por propias plantas o las de terceros.

Con esta reforma, el Presidente desoyó a todos sus colabores sensatos, entre ellos al secretario de Hacienda, Arturo Herrera; a su exjefe de Oficina y supuestamente todavía enlace con los empresarios, Alfonso Romo; a la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, y a su consejero jurídico, Julio Scherer. Los tres primeros le advirtieron del daño económico y las relaciones bilaterales con Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, mientras que el último le anticipó lo que ayer lo hizo explotar: la lluvia de amparos de las empresas afectadas y la inconstitucionalidad de la reforma.

De entrada, AMLO fue contra sus propios dichos sobre que no se reformaría el marco jurídico del sector energético en los primeros tres años de su administración, y también deshizo la promesa de mediados de 2019 de mantener un esquema en el que la CFE genera 54% de electricidad, y los privados el otro 46%. El otrora jefe de Oficina, Alfonso Romo, también aseguraba que los criterios de inversión para el sector eléctrico serían de 54% para el Estado y 46% para los generadores de energías limpias.

Dentro del gabinete algunos colaboradores del Presidente se preguntan el porqué de la reforma en estos momentos y la forma radical que no admitió consensos ni consejos. La respuesta, dice uno de ellos, son las elecciones del 6 de junio en las que se juega el resto de su sexenio con la renovación de la Cámara de Diputados. La radicalización de López Obrador, que lo llevó a enfrentarse con el Poder Judicial, con los empresarios y medios de comunicación, es parte de su campaña para mantener dividido el voto y fortalecer sus bases. Es romper con el pasado, con los “grupos de intereses creados”, los “conservadores”, los “neoliberales”, los que no quieren que se acaben sus “privilegios”.

La reforma al sector eléctrico es una decisión de política electoral que generará un gran costo económico y de imagen para México, pero AMLO ya echó sus cartas por delante.

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