Las diferencias externadas el domingo en los discursos del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, auguran una relación ríspida entre los poderes Ejecutivo y Judicial hacia el cierre del sexenio, cuando se tendrán que votar en el máximo tribunal de justicia asuntos prioritarios para el gobierno federal, como las controversias y acciones de inconstitucionalidad sobre el Plan B de reforma electoral y la militarización de la seguridad pública y la Guardia Nacional.
Lo que inició como una batalla perdida para López Obrador, al no poder influir en la decisión sobre el nuevo presidente de la Corte, se convirtió en un rosario de descalificaciones y ataques contra el Poder Judicial. Primero, el presidente exhibió los votos de quienes apoyaron a la ministra Norma Piña. Fueron dos propuestos por él (Juan Luis González Alcántara y Yasmín Esquivel) y otros tres provenientes de gobiernos pasados (Javier Laynez, Alberto Pérez Dayán y Jorge Pardo).
Un día antes de la votación, a sabiendas de que “su candidata”, la ministra Esquivel, ya no tenía posibilidades de convertirse en presidenta de la Corte, el presidente arremetió contra el Poder Judicial. “Está secuestrado… va a ser una labor hacia adelante poder liberarlo, que jueces, magistrados y ministros internalicen lo que es la justicia porque parece contradictorio, pero no tienen claro o no tienen sentimientos”, dijo. Y luego sentenció: “Se fue eclipsando con el dinero, hace falta una renovación completa”.
Las descalificaciones del presidente no hicieron sino unir a los ministros y ministras, quienes optaron por votar a una presidenta de carrera, férrea defensora del Poder Judicial. Y así se plantó Norma Piña el domingo en el aniversario de la Constitución Mexicana, con dichos y con gestos que luego fueron criticados por el presidente López Obrador, quien retador dijo que le daba gusto que la ministra se hubiera quedado sentada cuando terminó su discurso en el Teatro de la República de Querétaro. “¿Cuándo se había visto que se quedara sentado el presidente de la Corte de un acto así?”. “Eso me llena de orgullo”, expresó.
Todo indica que, tal como lo dijo en su discurso el domingo y como se lo ha transmitido en privado al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, la nueva presidenta de la Corte va a irse al otro extremo de lo que fue su antecesor, el ministro Arturo Zaldívar, considerado cercano al gobierno. Piña buscará ser un contrapreso del Poder Ejecutivo.
El ambiente ríspido y de confrontación, sin embargo, no es compartido por todos los ministros y ministras y tampoco por otros integrantes del Poder Judicial que buscarán exponer este tema con la también presidenta del Consejo de la Judicatura Federal (CJF). El asunto que más preocupa es el presupuesto del Poder Judicial y en particular los sueldos y prestaciones de jueces, magistrados y ministr@s.
En los círculos de la 4T ya comenzó a circular información sobre los 14 fideicomisos (seis de la SCJN, seis del CJF y dos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) cuyos fondos suman poco más de 20 mil millones de pesos y son usados principalmente para mantener prestaciones de por vida a los juzgadores, entre los que están aguinaldos, primas vacacionales, gastos de alimentación, apoyo para medicamentos, lentes, gasolina y peajes; seguros de gastos médicos, de vida y funerarios; vehículos blindados, escoltas; presupuesto para viajes y tecnología.
Para 2023, el Poder Judicial sufrió un recorte de 2 mil 286 millones de pesos, para quedar en un total de 78 mil 544 millones. El temor es que ahora, consciente de que no le alcanza el tiempo ni los votos para promover una reforma constitucional, el Presidente busque recortar considerablemente el presupuesto del PJF, con todas las consecuencias que ello tenga.
Posdata
La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, está sufriendo en carne propia la guerra sucia que jugó en contra del presidente del PRI, Alejandro Moreno, y otros actores como el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal. Y no es que los funcionarios en cuestión no tengan cola que les pisen, pero como dice el refrán: "El que a hierro mata, a hierro muere”. Entre su sobrino, Gerardo Sánchez, el contratista Christian Ganzo y los funcionarios de su gobierno que fueron captados recibiendo fajos de dinero, la exalcaldesa de Álvaro Obregón está bajo fuego y ya con nulas posibilidades de irse a abanderar la campaña presidencial de su amiga, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum.
@MarioMal
