El anuncio de los primeros integrantes del gabinete de Claudia Sheinbaum tuvo efectos positivos en los mercados financieros y en la opinión pública, por el perfil técnico, académico y experimentado de quienes van a ocupar seis de las principales secretarías de Estado el próximo sexenio. Este fue el objetivo principal de la presidente electa, y salió bien. Pero detrás de dos nombramientos, el de Marcelo Ebrard y el de Juan Ramón de la Fuente, hay otros mensajes, particularmente dirigidos a Estados Unidos.
La temprana designación de Juan Ramón de la Fuente como secretario de Relaciones Exteriores, y de Marcelo Ebrard como secretario de Economía, busca que desde ahora, en la transición, se vayan generando acercamientos y acuerdos con Estados Unidos, que es una de las principales preocupaciones de Sheinbaum para el arranque de su gobierno, sobre todo por el posible regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en noviembre.
La mancuerna Ebrard-De la Fuente luce capaz y estratégica, pero no asegura un éxito ante un impulsivo Donald Trump que retomará en su campaña los temas migratorios, de seguridad, de combate al tráfico de drogas –el fentanilo, principalmente– y comerciales, los cuales hace nueve años tensionaron a un grado máximo las relaciones entre México y Estados Unidos. Lo mismo ocurre con Joe Biden, quien buscará la reelección y tendrá que elevar el tono en su campaña, sobre todo a raíz de los cuestionamientos por su estado de salud, poniendo cierto foco en las problemáticas de México.
Este jueves, Trump y Biden se enfrentarán en el primer debate de cara a las elecciones de noviembre. El republicano y el demócrata se verán las caras, contrastarán propuestas e intercambiarán acusaciones durante 90 minutos en las instalaciones de la cadena de noticias CNN, en Atlanta.
La tarea para la dupla Ebrard-De la Fuente es “socializar” la reforma judicial y tranquilizar a los inversionistas y a los empresarios estadounidenses, y sobre todo desvincular de la discusión el TMEC, que va a renovarse en 2026. El mensaje que buscarán transmitir es que el nuevo sistema judicial, lejos de generar incertidumbre jurídica, garantizará la imparcialidad en los eventuales juicios que pudieran enfrentar en el territorio mexicano, además de que en Estados Unidos, algunos jueces locales ya se eligen mediante el voto.
Por el lado de seguridad, buscarán convencer a los estadounidenses de que el sistema judicial actual es el que no ha permitido que muchos de los objetivos que reclama Estados Unidos hayan sido extraditados, precisamente por la corrupción de algunos jueces en México. Lo mismo ocurre con el combate al narcotráfico y al crimen organizado, cuyos líderes a menudo son liberados por orden de un juez.
“Te pongo el ejemplo del Z40, cuya extradición no se ha podido lograr en 11 años porque un juez no ha firmado la opinión favorable”, me dijo Ebrard el viernes pasado.
Por eso, tanto De la Fuente como Ebrard van a comenzar una serie de acercamientos y de giras a Estados Unidos, para hablar no solo con la clase política, que estará más bien concentrada en el proceso electoral, sino con los inversionistas y los empresarios, por lo que el punto de partida será Nueva York.
El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, también se involucrará en esta misión, aunque más bien es el subsecretario Gabriel Yorio el que tiene la relación con los bancos y fondos de inversión internacionales. No se descarta, además, que la presidenta electa se sume a alguna de las giras, sobre todo más cerca de su toma de protesta.
Toda una operación es la que Claudia Sheinbaum ha solicitado a dos de sus futuros secretarios de Estado con respecto a Estados Unidos. El pronóstico por ahora es reservado y mucho dependerá del tono que Biden y Trump le impriman a sus compañías.
Posdata 1
En la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) están hechos un manojo de nervios y de incertidumbre por su futuro. Las ministras y los ministros del máximo tribunal analizan la mejor ruta de salida ante lo inminente: la reforma al Poder Judicial que disolverá la Corte como se conoce actualmente y renovará a todos sus máximos integrantes.
La ministra presidenta, Norma Piña, es quien tiene más presión, pues en su cruzada por defender al Poder Judicial del presidente López Obrador y rehusarse a entablar un diálogo con abierto y transparente con los otros dos Poderes de la Unión, es considerada una de las responsables de lo que viene, que es la reestructuración de todo del Poder Judicial, que no solo involucra la elección popular de jueces, magistrados y ministros, y la separación del Consejo de la Judicatura Federal, sino la reducción de las prestaciones de los mandos medios y altos, empezando, ahora sí, por la extinción de sus fideicomisos.
Por esta razón es que Norma Piña, se asegura en la Corte, es quien más pronto quiere presentar su renuncia y negociar el llamado “haber de retiro”, que no es otra cosa que sus prestaciones y pensiones. Sin embargo, la falta de estrategia y de negociación que la han caracterizado durante el año y medio que lleva como presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, podrían complicar la salida de todos los ministros, pues el plan es anunciar la renuncia y, con la ley actual, hacerse acreedores a sus beneficios por el servicio prestado. Varios de sus compañeros ya le han hecho saber a la ministra que dicha “estrategia” es igualmente kamikaze, pues tras la reforma podrían eliminarse los privilegios con los que ella y otros de sus compañeros pretenden jubilarse anticipadamente.
Lo cierto es que hoy la Corte vive días aciagos, de caras largas y tristes por lo que está por venir: la aplanadora de Morena y la venganza del presidente López Obrador a quienes lo retaron y, por lo que se vio el 2 de junio, terminarán perdiendo la partida.
Posdata 2
Hablando del próximo gabinete presidencial, una de las cruzadas de Claudia Sheinbaum será el combate a la corrupción, pero ahora sí de verdad. El presidente Andrés Manuel López Obrador utilizó esa bandera para llegar a la Presidencia, aunque durante su gobierno la corrupción permeó hasta su círculo más íntimo y cercano, y fue evidenciada por los medios de comunicación y por sus mismos funcionarios, quienes denunciaron las malas prácticas en los Órganos Internos de Control de sus dependencias, ante la Función Pública o en instancias como la Fiscalía General de la República.
Además de la intención de crear la Agencia Anticorrupción, un proyecto que encabezaría Javier Corral, el expanista al parecer ahora amplió su propuesta, la cual incluye no sólo a dicha agencia, sino al INAI y la misma Función Pública, para crear una especie de supersecretaría de combate a la corrupción.
La propuesta, que está sobre la mesa, aún no ha sido palomeada por Sheinbaum, pero tomando en cuenta lo que hizo con el Conacyt, que lo elevó a rango de secretaría de Estado, todo puede suceder. Además, primero tendría que pasar la reforma a los organismos autónomos, que disolvería al INAI y se integraría a una secretaría.
Posdata 3
Otra secretaría que podría sufrir varios cambios es la de Seguridad Ciudadana, que todo apunta encabezará Omar García Harfuch. Como ya ha trascendido, la idea efectivamente es que cuente con una área de inteligencia, probablemente tras la fusión del Centro Nacional de Inteligencia (el antiguo Cisen), de manera que, si bien no va a tener a su cargo la política de seguridad –que tiene y mantendrá la Secretaría de Defensa; este fin de semana Claudia Sheinbaum reiteró que la Guardia Nacional tendrá un mando militar– ni el presupuesto para el combate al crimen organizado, por lo menos se haga cargo de aportar inteligencia y estrategia para enfrentar a los criminales.
@MarioMal