El crimen organizado controla territorios y economías locales. Como cualquier empresa dominante fija precios de bienes y servicios sin que ninguna institución gubernamental ni mercado lo regule. La inflación histórica que aqueja a México no solo es un asunto de precios internacionales: las mafias locales son parte del problema que tiene a raya a los más pobres.
Este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo desconocer la problemática que experimentan los propietarios de comercios minoristas y de la industria de la construcción frente al crimen organizado en buena parte del país. Raro para un hombre que ha recorrido cada rincón del territorio mexicano dos o tres veces en su vida.
El crimen organizado incendia tiendas en Guanajuato, le cobra derecho de piso a cadenas comerciales de Jalisco y el Estado de México; a los productores de aguacate de Michoacán, a los comerciantes de Chihuahua y Querétaro, a los vendedores de pollo, tortilla y refrescos de Guerrero, y así en prácticamente todos los estados del país. Nadie se salva.
Al presidente no le han alertado que el cobro de piso, establecido desde hace más de dos años, ha evolucionado hasta poner en manos de la delincuencia el manejo de las economías regionales, controlando proveedores, venta al mayoreo y los precios máximos al consumidor final.
Por si el gabinete de seguridad no se lo ha informado, en las reuniones previas a la conferencia de prensa matutina, las bandas criminales extorsionan con mayor impunidad a los comerciantes de municipios de Guerrero desde finales de 2020. A partir de 2021 el cobro de piso se extendió a la zona sur del Estado de México, hasta llegar a afectar a 35 municipios, con una extensión territorial conjunta de 25 mil kilómetros cuadrados que albergan una población estimada de 1.4 millones de habitantes.
Según las denuncias presentadas por comerciantes de la industria de la construcción, el crimen cobraba a los proveedores de materiales una cuota de 200 pesos por tonelada entregada a los comercios establecidos. No obstante, el negocio evolucionó y se modificó el esquema de cobro por un modelo en el que las bandas centralizan la comercialización. Municipio por municipio, los delincuentes fueron convocando a los materialistas para expresarles que, a partir de cierta fecha, le tendrían que comprar a quien ellos les dijeran.
Como cualquier operador comercial, los delincuentes reparten listas con precios a los que deben pagar los materiales a sus distribuidores y precios en los que tienen que ofrecerlos a su cliente final. Por ejemplo, el precio a pagar a proveedor por tonelada de cemento gris es de 4 mil 600 pesos y debe venderse a los constructores en 5 mil pesos como precio máximo. La varilla de una pulgada la venden en 31 mil pesos la tonelada, para que se ofrezca siempre al cliente final a un precio de hasta 32 mil 250 pesos.
Se calcula que el monto mínimo que estos grupos obtienen de ganancia por tonelada de cemento es de 500 pesos —a pagarse en efectivo—, es decir alrededor de 10% del costo final, lo que ha generado en estas zonas de Guerrero y el Estado de México una inflación artificial adicional en la industria de la construcción de entre 20 y 40%. Además de la contracción de la inversión en obra pública y privada, y del posible cierre de unos 300 negocios que se ven imposibilitados para obtener siquiera un mínimo margen de ganancia.
Entre los municipios guerrerenses afectados por el crimen organizado se encuentran Arcelia, Tlapehuala, Tlalchapa, San Miguel Totolapan, Pilcaya, Taxco y Tetipac. En el caso del Estado de México están Luvianos, Santo Tomás, Zacazonapan, Otzoloapan, Tejupilco, Amatepec, Tlatlaya, Temascaltepec, Sultepec, Texcaltitlán, San Simón, Coatepec de Harinas, Ixtapan de la Sal, Almoloya de Alquisiras, Zacualpan, Tonatico, Tenancingo, Villa Guerrero, Malinalco, Ocuilan, Zumpahuacán, San José, Donato Guerra, Villa de Allende, Ixtapan del Oro y Amanalco.
Recientemente el crimen intentó establecer también este esquema en Valle de Bravo, Avándaro y Toluca, la capital mexiquense, con atentados a diversos negocios del lugar. En el último caso los comerciantes se organizaron, pidieron apoyo del gobierno estatal e impidieron la toma de la plaza. Lo mismo está ocurriendo en Zihuatanejo y Petatlán, Guerrero, casos que se llevaron ayer a los oídos de López Obrador, quien prefirió ignorarlos. Mientras tanto, el crimen organizado controla un mercado valuado mensualmente en 500 millones de pesos.
Posdata
Lo más probable es que la próxima semana se defina la candidatura de la alianza Va por México en el Estado de México. La elegida será la actual secretaria de Desarrollo Social, Alejandra del Moral, quien finalmente fue impulsada no solo por el gobernador Alfredo del Mazo, sino por el candidato opositor más fuerte: el panista Enrique Vargas. La candidatura adelantada de la morenista Delfina Gómez aceleró la definición de la alianza. Hoy se tiene claro que pase lo que pase con alianza Va por México a nivel nacional, en el Edomex se mantiene el acuerdo PRI-PAN-PRD y tal vez se sume Movimiento Ciudadano.
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