Además de adelgazar la estructura burocrática y confirmar que para este gobierno no es una prioridad la tecnología, el proceso de reestructura que experimenta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene otro objetivo muy bien definido: desaparecer de la 4T la huella de corrupción que dejó Javier Jiménez Espriú.
Este lunes se espera la renuncia del titular de Caminos y Puentes Federales, Genaro Enrique Utrilla Gutiérrez, personaje cercano al exsecretario y, sobre todo, al hermano de éste, el ingeniero y empresario Enrique Jiménez Espriú.
Utrilla Gutiérrez dejará un cargo que asumió desde el 13 de diciembre de 2018, impulsado por Enrique Jiménez y, sobre todo, por su socio Enrique Gavaldón Enciso, quien se desempeña como contratista de la SCT desde la época de Gerardo Ruiz Esparza.
Gavaldón Enciso y Jiménez Espriú son socios en la compañía Planificación Total SA. de CV., una firma de ingeniería fundada en febrero de 1998 por excolaboradores de grandes concesionarios carreteros, como el Grupo Mexicano de Desarrollo y Grupo Tribasa, hoy conocido como Pinfra.
El propio Gavaldón tuvo previamente colaboraciones con Grupo Hermes de Carlos Hank Rhon, donde conoció precisamente a Genaro Utrilla y lo integró a su equipo de trabajo, una cofradía que, años después, se apoderó de la dirección de Capufe.
Desde el sexenio de Felipe Calderón, Planificación Total SA. de CV. mantuvo cercanía con el gobierno, pues trabajó en proyectos de energías renovables con el Instituto de Investigaciones Eléctricas, todos estos liderados por Enrique Jiménez Espriú.
Como contratistas de la SCT en el sexenio de Enrique Peña Nieto, la empresa participó en la construcción del controvertido Paso Exprés de Cuernavaca, donde desarrolló por 1.7 millones de pesos el “Estudio de tránsito para el diseño de estrategias del desvío de flujo vehicular”.
El contrato fue adjudicado, en 2015, por medio de un procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, en el que la SCT también involucró como comparsa a las compañías SIVA, Sistemas de Validación SA. de CV. y Caxcan SA. de CV.
Adicionalmente, la firma y su principal accionista, Enrique Gavaldón Enciso, se relacionaron con el Grupo Higa de Juan Armando Hinojosa, a quien ofrecieron diversos servicios de ingeniería y supervisión en algunas de las obras que el gobierno de Peña Nieto entregó a su constructor favorito.
Como ejemplo de lo anterior, está la supervisión que Plantot —como se le conoce a Planificación Total— realizó de la obra de ampliación a cuatro carriles del tramo carretero Guadalajara-Colima, una obra en Jalisco que Higa nunca terminó, y que se transfirió para su finalización a la constructora Aldesa.
Ya en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y con el hermano de uno de los socios encumbrado en la secretaría, la empresa de Gavaldón y Jiménez Espriú fue beneficiada con el contrato para la Supervisión Externa de Operación y Dictaminador de Accidentes Graves de la autopista Mazatlan-Culiacán, del Libramiento de Mazatlán y del Libramiento de Culiacán.
El contrato, con fecha de inicio del 15 de agosto de 2020, tiene una duración de 60 meses y, lo más destacado de todo, un ingreso asegurado para la compañía de 50 millones de pesos.
Este fue el último regalo familiar del hoy exsecretario de Comunicaciones y Transportes, y también del próximo exdirector de Capufe, Genaro Enrique Ultrilla.
Llamado a la unidad de constructoras
Los cuatro delegados de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Veracruz, Daniel Caballero Pineda, Pablo Jacobo Farfán Sánchez, Diego López Méndez y Marcos Rafael Orduña Alcoser, hicieron un llamado al nuevo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal, para mantener el diálogo con el gobierno federal, a través de la Comisión Mixta SCT-CMIC.
Los representantes de la CMIC, que a escala nacional preside Eduardo Ramírez Leal, en una misiva firmada el pasado 25 de agosto, señalan que ven riesgos en la centralización de los procesos de licitación y en los diferimientos de fallos que se presentan hasta el momento y ya bajo el gobierno de la Cuarta Transformación, pues generan incertidumbre para el periodo de reactivación económica en medio de la pandemia del Covid-19.
En Veracruz, las obras de construcción e infraestructura salen a cuentagotas, y muchas de ellas para empresas que no son parte la Cámara. Asimismo, el organismo destaca que ha participado como observador externo en los procesos de apertura de licitaciones y en los trabajos de ejecución correspondientes, actividad que abona a la transparencia y que sin duda contribuye al fortalecimiento de la industria de la construcción.
El asesor de Junquera
Hay un nexo que extrañó a las autoridades de la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto sobre el caso Cruz Azul.
Resulta que Alberto Petrearse, asesor de Ángel Junquera, también colabora con Víctor Manuel Velázquez, quien orquestó la estrategia legal y financiera junto con otros excooperativistas para sustentar y documentar las pruebas contra Guillermo Álvarez Cuevas y del mismo abogado Junquera Sepúlveda, a quien señalan de diseñar la mecánica de transferencias para simular contratos con ‘empresas de papel’ por 190 millones de pesos.
Petrearse Villalpando trabajó en la Secretaría de Turismo durante la administración de Felipe Calderón y como servidor público no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales.
El equipo de la UIF indaga los recursos de este asesor, así como todos los bienes y cuentas de su círculo cercano para verificar si coincide su patrimonio con los ingresos reportados ante las autoridades hacendarias.
Los actuales dirigentes de Cruz Azul encabezados por José Antonio Marín, Juan Briseño y Víctor Manuel Velázquez no sabían que Alberto Petrearse trabajaba para Junquera, por lo que, incluso los asesores legales externos creen que le pudo compartir datos de valor para el expresidente con licencia del Colegio de Abogados de México.
