La amenaza de Raquel Buenrostro , jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), de ejecutar procedimientos penales en contra de los accionistas de FEMSA –particularmente de su presidente José Antonio El Diablo Fernández –, si no pagaban los 8 mil 790 millones de pesos que estaban en litigio, tiene detrás de sí una historia de venganzas, relaciones que acabaron mal y la necesidad imperiosa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador por recaudar más dinero para enfrentar la terrible crisis económica que atraviesa México.
La crónica de este choque se remonta a la campaña presidencial y tuvo uno de sus puntos más álgidos días antes de las elecciones, cuando el presidente de FEMSA –uno de los hombres de negocios más poderosos del Grupo Monterrey– envió a sus empleados una carta en la que les alertaba sobre la amenaza ‘catastrófica’ de las políticas populistas de gobiernos como los de Luis Echeverría y José López Portillo . Junto con otros empresarios del Consejo Mexicano de Negocios, entonces liderado por Alejandro Ramírez y Eduardo Tricio, y con el impulso de sus decanos Claudio X. González y Valentín Diez Morodo , El Diablo se jugó su última carta para evitar la llegada de AMLO a la Presidencia.
López Obrador resultó ganador con una ventaja apabullante y los empresarios que le jugaron en contra hicieron público un video para intentar recomponer la relación. Nada más ingenuo que eso para un hombre que no olvida a sus enemigos: públicamente les llama adversarios. El corporativo que representa El Diablo, quien está casado con una de las herederas del emporio que vale 24 mil millones de dólares, automáticamente se puso en la mira del nuevo gobierno, junto con otros a los que se les acusa de evadir impuestos mediante estrategias fraudulentas, las cuales justifican procedimientos penales en su contra.
Pero, así como el caso de los procedimientos contra Walmart de México, IBM y los que vienen en contra de Grupo Modelo (hoy propiedad de AB InBev), de la tecnológica Sofftek, de Blanca Treviño, y del propio Grupo Salinas, el affaire de FEMSA tiene otros vasos comunicantes que pasan por el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar ; por el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, y por el exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa.
El caso de Carlos Salazar es el más relevante. Tras haber trabajado 45 años en FEMSA, el amigo personal de José Antonio Fernández decidió postularse para encabezar el CCE, impulsado por el Grupo Monterrey y a costa del jefe de la Oficina de la Presidencia y enlace con empresarios de AMLO, Alfonso Romo, quien no tiene buena relación con ese club de multimillonarios. Al principio, la jugada parecía dar resultados. Salazar presumía ser amigo del Presidente y que este tomaba sus llamadas cada cuando. Sin embargo, las críticas de muchos empresarios por su tibieza frente al Presidente y su doble cachucha con la que jugaba (aspira a ser candidato al gobierno de Nuevo León) lo hicieron estallar a principios de abril. “Si cae la economía 10%, el único culpable será quien nos cerró las puertas (el gobierno)”, dijo ante representantes regionales del CCE. “Si eso es lo que todos queremos (la revocación de mandato de López Obrador), unámonos, nada más que debemos de tener a 30 millones de mexicanos detrás de nosotros”, aderezó.
Las críticas cayeron como balde de agua helada en Palacio Nacional y entonces sí, AMLO le cerró la puerta a Salazar. Días más tarde le recordó que 15 grandes empresas –entre ellas FEMSA– le debían al fisco 50 mil millones de pesos y le pidió convocarlas a que paguen para que el gobierno pudiera otorgar créditos a microempresas. “Aquella vez, la relación entre AMLO y Salazar se rompió para siempre”, dice una fuente de Palacio Nacional.
La cereza en el pastel de esta mala relación se la puso el ex secretario de Hacienda, Carlos Urzúa , quien tras renunciar al gobierno de AMLO con una carta estridente en la que evidenciaba la intromisión y desconocimiento de la política económica del titular del Ejecutivo –lo cual hoy padece y soporta Arturo Herrera–, se fue a refugiar al Tec de Monterrey, del cual José Antonio Fernández es el presidente del Consejo.
Además de vapulear técnicamente al gobierno de la “Cuatroté” (Urzúa dixit) en la columna que publica en EL UNIVERSAL, es sabido que Urzúa, junto con el exsecretario de Gobernación de Felipe Calderón, Alejandro Poiré, preparan en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tec un nuevo proyecto político y entrenan a posibles candidatos a puestos de elección popular para las elecciones intermedias de 2021 y apuntan hacia la grande: la de 2024.
Posdata:
La cacería del SAT apenas comienza.
EVM y la Función Pública
Le comentamos en este espacio sobre las irregularidades de los contratos que la firma EVM Energy, de Mauricio Quintanilla , tiene con la CFE de Manuel Bartlett ; los únicos que sin haber participado en Subasta de Largo Plazo tienen asegurado desde 2016 y hasta por 20 años el servicio de suministro para la empresa productiva del Estado, a pesar de que una de las plantas de generación considerada entrará en operación hasta 2021.
La novedad es que, en la Auditoría Superior de la Federación, de David Colmenares, también tienen la lupa sobre esta compañía, pues además de ser suministradora de energía eléctrica, es cliente de CFE para la adquisición de gas natural, con un consumo cercano a 600 millones de pesos reportados en 2018.
La irregularidad detectada en este caso consiste en que, de acuerdo con la Auditoría de Cumplimiento Financiero 522-DE, a finales de 2017 y principios de 2018 la CFE ‘olvidó’ facturar a EVM Energy el suministro de gas natural y, por lo tanto, la generadora ‘olvidó’ también pagar su consumo. Los daños al erario pudieron recuperarse hasta que la propia ASF hizo su intervención.
Industrias se aplican y registran
Más allá de las cuestionadas cifras por los casos de Covid-19 en México, las empresas enfrentan retos para incorporarse a la nueva normalidad. El IMSS, de Zoé Robledo , implementó los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral, con el fin de brindar seguridad a trabajadores, clientes y proveedores en los centros de trabajo.
Con las nuevas reglas para reducir al mínimo los contagios por coronavirus, más de 20 mil empresas de diferentes sectores se han registrado para cumplir el proceso de autoevaluación y reanudar actividades económicas. Esto conlleva, sin duda, un reto tanto para patrones como para empleados, ya que deberán cumplir los protocolos de salud y convivir en un espacio laboral reorganizado.
En este sentido, la industria de la construcción lidera las solicitudes en la Plataforma Nueva Normalidad del IMSS, con más 10 mil; seguida de transporte, con más de 5 mil; mientras que para minería son más de 2 mil; y rubros como la comunicación, alimentos y servicios básicos, mismos que continuaron labores, rebasan también los 2 mil registros. Así, la validación a estas empresas por parte del Seguro Social será el banderazo que marcará la reactivación económica que el país espera.
@MarioMal
mario.maldonado.padilla@gmail.com
