El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió otra vez este fin de semana su proyecto de nación, luego de las críticas hechas por el medio inglés The Economist a su administración, de cara a las elecciones de este 6 de junio. “La transformación es imparable”, le reviró a quienes considera sus detractores desde Chiapas.
Los ‘ejércitos’ de Morena también se volcaron a defender la imagen de la 4T, argumentando que la lucha anticorrupción y las decisiones en materia económica han mantenido el equilibrio en los principales indicadores, evitando las devaluaciones de sexenios anteriores. Sin embargo, ni el cierre de filas de los morenistas ni el discurso presidencial de la defensa de la democracia han podido ocultar el problema más grande que detectó la publicación internacional, que en este caso es otro tipo de devaluación: la del voto.
La realidad con la que nos encontramos en la más grande elección que ha vivido México es que las armas y los procesos judiciales parecen tener un valor superior al de los votos de los ciudadanos. De entrada, la decisión popular se ve coartada por el accionar del crimen organizado que, a fuego abierto, decide los perfiles que deben gobernar.
Se contabilizan por lo menos 35 candidatos asesinados de diferentes partidos, a pesar de una supuesta estrategia de seguridad y protección que se prometió desde Palacio Nacional, la cual, según los expertos en la materia, es inoperante, pues se detona una vez que los aspirantes han sido víctimas de las agresiones.
También desplazan el valor del voto las investigaciones que se han emprendido contra diversos aspirantes a cargos de elección popular, las cuales están listas para detonarse desde la Fiscalía General de la República una vez pasados los comicios, en especial sobre aquellos personajes que resulten victoriosos en territorios que interesan al gobierno federal, ya sea por la importancia política de la plaza o por su aportación económica.
La idea que se tiene en Palacio Nacional es que resultará más sencillo sacar del camino a un gobernante electo que a un candidato bien posicionado. El propio Andrés Manuel López Obrador les ha dejado la lección de lo peligroso que es victimizar a los oponentes.
El caso de Nuevo León es un ejemplo de ello. El candidato del partido Movimiento Ciudadano, Samuel García , será el primer blanco del ministerio público para eliminar un gobernador electo e impulsar una elección extraordinaria que ofrezca mejores condiciones a los candidatos de Morena.
Otro caso emblemático es el de Ricardo Gallardo, del Partido Verde Ecologista de México, quien se perfila como ganador de la gubernatura de San Luis Potosí. Sobre el personaje pesan un par de denuncias ante la FGR por operaciones con recursos de procedencia ilícita, las cuales el candidato ha desestimado por la seguridad que le brinda un acuerdo con el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado , quien a principios del sexenio ofreció la gubernatura de ese estado a Gallardo y a su impulsor Héctor Serrano , a cambio de los votos de la minibancada perredista en el Congreso. La suerte del candidato podría cambiar por un López Obrador inconforme con el acuerdo, y que ya ha tendido puentes en los últimos días con su abanderada en esa ciudad Mónica Rangel .
También se encuentra en la mira Marciano Dzul , candidato a la presidencia municipal de Tulum, Quintana Roo. Si bien no se trata de una gubernatura, el municipio es de interés para la 4T por su acelerado crecimiento de dos dígitos y por considerarse uno de los tramos más importantes del Tren Maya. El personaje es abanderado de Morena, sin embargo, en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y en la SEIDO se abrieron carpetas de investigación para bajarlo de la contienda.
La devaluación del voto es inminente, por muchas más razones que las esgrimidas por The Economist.
@MarioMal
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