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La curva de aprendizaje de Pablo Gómez en la Unidad de Inteligencia Financiera ha sido larga y costosa. Los montos de las cuentas que han sido desbloqueadas mediante juicios de amparo entre 2022 y los primeros días de 2023 rebasan los 20 mil 700 millones de pesos frente a los menos de 500 millones que se han congelado. Son datos de la misma UIF.
No obstante, las “bolas” que tiene el “engrudo” de la actual UIF —para decirlo en las palabras que emplea Gómez Álvarez— empiezan a ser de utilidad para el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, en un escenario de pugna con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial, de donde salen los criterios y amparos que dan sustento a desbloqueos de sujetos investigados.
En el contexto del juicio en Nueva York contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, el titular de la UIF se apareció hace un par de semanas en la conferencia matutina de AMLO. Pablo Gómez recitó una serie de cifras e intentó mostrar, a medias por la confidencialidad, el mapa de los negocios del “súper policía” del gobierno de Felipe Calderón.
La prioridad de esa disertación, según lo confirmó más tarde en esa conferencia el presidente López Obrador, era denunciar una nueva “afrenta a la justicia” del Poder Judicial, por la decisión reciente del quinto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito para eliminar a Luis Cárdenas Palomino —colaborador cercano de García Luna— de la Lista de Personas Bloqueadas y descongelarle cuentas por 5.5 millones de pesos. Lo mismo a la esposa del exsecretario Linda Cristina Pereyra.
El dedo acusador del presidente señala como responsable del asunto a la ministra presidenta, Norma Piña, con quien ha sostenido una pugna simbólica desde los primeros días del presente año, cuando el escándalo del presunto plagio de tesis de la ministra Yasmín Esquivel la colocaron como un escudo defensor del Poder Judicial.
La realidad es que la jurisprudencia que ha permitido liberar miles de millones de pesos es una herencia del ministro Eduardo Medina Mora, la cual pone en el rango de la inconstitucionalidad los congelamientos resultado de una investigación local y valida únicamente los que resultan de una solicitud expresa de gobiernos y organismos internacionales.
La “Jurisprudencia Medina Mora” es la herramienta con la que se han desbloqueado cuentas de personajes como Nassón Joaquín García, líder de la iglesia de la Luz del Mundo y culpable confeso de tres cargos de agresión sexual contra menores de edad. El criterio se forjó en 2018, unos meses antes del arribo de López Obrador a la Presidencia, justo cuando Orlando Suárez López, titular de la UIF en esos tiempos, liberaba administrativamente otros mil millones de pesos vinculados con el crimen organizado.
Con estos antecedentes se explican las razones por las que este gobierno se atrevió a presionar la renuncia del ministro Medina Mora, pero no ha podido revertir el daño que dejó este a la estrategia de combate al lavado de dinero y al manejo de recursos de procedencia ilícita. No es tarea sencilla conseguir que los ministros de la Corte elaboren una nueva jurisprudencia en la materia, sobre todo cuando los funcionarios de este gobierno suelen carecer de técnica jurídica.
De las ruinas de esta batalla pérdida AMLO construye un discurso para vulnerar la imagen del Poder Judicial, en un marco en el que el gobierno también ha perdido las herramientas con las que solía presionar.
Posdata 1
Este jueves tomó protesta como nuevo presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados Víctor Olea Peláez, quien encabezará esta organización durante los próximos dos años. Previo a la asamblea donde se llevó a cabo la toma de posesión, el abogado se reunió con la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, y con el presidente de la World Jurist Association, Javier Cremades. Este último también estuvo esta semana con el presidente López Obrador y con la presidenta de la Corte; en los próximos días la asociación que encabeza emitirá una postura sobre el Estado de derecho en México. La sorpresa fue que también reapareció con Olea y Cremades el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, como se adelantó hace unos días en este espacio. A la ceremonia que se llevó a cabo en el Club de Industriales acudió el ministro Alberto Pérez Dayán, la ministra en retiro Margarita Luna Ramos, el nuevo Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Guillermo Valls, y el abogado Javier Quijano Baz, entre otros.
Posdata 2
El 11 de enero pasado se reveló en este espacio la planeación de una nueva manifestación ciudadana en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE). La “marcha” iba a convocarse originalmente para el 5 de febrero, aniversario de la Constitución Mexicana. El puente de ese fin de semana terminó por descarrilar la movilización en esa emblemática fecha. La nueva convocatoria se fijó para este domingo 26 de febrero. Será una concentración en el Zócalo capitalino, frente al Palacio Nacional donde despacha el presidente Andrés Manuel López Obrador. La convocatoria es a las 11 de la mañana. Tod@s de rosa. También participarán políticos, empresarios, líderes de organizaciones civiles y ciudadanos que están en desacuerdo con las reformas promovidas por el gobierno federal en contra del INE y la democracia. Los oradores principales: el ministro en retiro José Ramón Cossío, la periodista Beatriz Pagés y alguna sorpresa más.
@MarioMal
No obstante, las “bolas” que tiene el “engrudo” de la actual UIF —para decirlo en las palabras que emplea Gómez Álvarez— empiezan a ser de utilidad para el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, en un escenario de pugna con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial, de donde salen los criterios y amparos que dan sustento a desbloqueos de sujetos investigados.
En el contexto del juicio en Nueva York contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, el titular de la UIF se apareció hace un par de semanas en la conferencia matutina de AMLO. Pablo Gómez recitó una serie de cifras e intentó mostrar, a medias por la confidencialidad, el mapa de los negocios del “súper policía” del gobierno de Felipe Calderón.
La prioridad de esa disertación, según lo confirmó más tarde en esa conferencia el presidente López Obrador, era denunciar una nueva “afrenta a la justicia” del Poder Judicial, por la decisión reciente del quinto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito para eliminar a Luis Cárdenas Palomino —colaborador cercano de García Luna— de la Lista de Personas Bloqueadas y descongelarle cuentas por 5.5 millones de pesos. Lo mismo a la esposa del exsecretario Linda Cristina Pereyra.
El dedo acusador del presidente señala como responsable del asunto a la ministra presidenta, Norma Piña, con quien ha sostenido una pugna simbólica desde los primeros días del presente año, cuando el escándalo del presunto plagio de tesis de la ministra Yasmín Esquivel la colocaron como un escudo defensor del Poder Judicial.
La realidad es que la jurisprudencia que ha permitido liberar miles de millones de pesos es una herencia del ministro Eduardo Medina Mora, la cual pone en el rango de la inconstitucionalidad los congelamientos resultado de una investigación local y valida únicamente los que resultan de una solicitud expresa de gobiernos y organismos internacionales.
La “Jurisprudencia Medina Mora” es la herramienta con la que se han desbloqueado cuentas de personajes como Nassón Joaquín García, líder de la iglesia de la Luz del Mundo y culpable confeso de tres cargos de agresión sexual contra menores de edad. El criterio se forjó en 2018, unos meses antes del arribo de López Obrador a la Presidencia, justo cuando Orlando Suárez López, titular de la UIF en esos tiempos, liberaba administrativamente otros mil millones de pesos vinculados con el crimen organizado.
Con estos antecedentes se explican las razones por las que este gobierno se atrevió a presionar la renuncia del ministro Medina Mora, pero no ha podido revertir el daño que dejó este a la estrategia de combate al lavado de dinero y al manejo de recursos de procedencia ilícita. No es tarea sencilla conseguir que los ministros de la Corte elaboren una nueva jurisprudencia en la materia, sobre todo cuando los funcionarios de este gobierno suelen carecer de técnica jurídica.
De las ruinas de esta batalla pérdida AMLO construye un discurso para vulnerar la imagen del Poder Judicial, en un marco en el que el gobierno también ha perdido las herramientas con las que solía presionar.
Posdata 1
Este jueves tomó protesta como nuevo presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados Víctor Olea Peláez, quien encabezará esta organización durante los próximos dos años. Previo a la asamblea donde se llevó a cabo la toma de posesión, el abogado se reunió con la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, y con el presidente de la World Jurist Association, Javier Cremades. Este último también estuvo esta semana con el presidente López Obrador y con la presidenta de la Corte; en los próximos días la asociación que encabeza emitirá una postura sobre el Estado de derecho en México. La sorpresa fue que también reapareció con Olea y Cremades el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, como se adelantó hace unos días en este espacio. A la ceremonia que se llevó a cabo en el Club de Industriales acudió el ministro Alberto Pérez Dayán, la ministra en retiro Margarita Luna Ramos, el nuevo Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Guillermo Valls, y el abogado Javier Quijano Baz, entre otros.
Posdata 2
El 11 de enero pasado se reveló en este espacio la planeación de una nueva manifestación ciudadana en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE). La “marcha” iba a convocarse originalmente para el 5 de febrero, aniversario de la Constitución Mexicana. El puente de ese fin de semana terminó por descarrilar la movilización en esa emblemática fecha. La nueva convocatoria se fijó para este domingo 26 de febrero. Será una concentración en el Zócalo capitalino, frente al Palacio Nacional donde despacha el presidente Andrés Manuel López Obrador. La convocatoria es a las 11 de la mañana. Tod@s de rosa. También participarán políticos, empresarios, líderes de organizaciones civiles y ciudadanos que están en desacuerdo con las reformas promovidas por el gobierno federal en contra del INE y la democracia. Los oradores principales: el ministro en retiro José Ramón Cossío, la periodista Beatriz Pagés y alguna sorpresa más.
@MarioMal
