Dos días después de que se defina a la “corcholata” presidencial de Morena para el 2024, la Secretaría de Hacienda enviará a la Cámara de Diputados el Paquete Económico con el que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador cerrará su sexenio. De acuerdo con fuentes gubernamentales, el presupuesto que se prevé para el siguiente año electoral en el que la autodenominada Cuarta Transformación (4T) se jugará su futuro será histórico: más de 8 billones de pesos.
El 2023 ya fue de por sí un año de presupuesto histórico. El Congreso de la Unión aprobó un total de 8 billones 299 mil millones de pesos, el cual representó un incremento de 11.6% respecto a lo aprobado para 2022. La Secretaría del Bienestar, a través de la cual el gobierno federal reparte los recursos de los programas sociales, fue la más beneficiada: obtuvo poco más de 414 mil millones de pesos, un aumento de 30% en comparación con el año pasado. Otras dependencias beneficiadas fueron la Secretaría de Energía, con casi 50 mil millones de pesos, al igual que Pemex, con 678 mil millones de pesos; ambas entidades fondean el proyecto de la Refinería de Dos Bocas, cuyo presupuesto se disparó a más del doble y tiene la candidatura de Rocío Nahle en Veracruz pendiendo de un hilo por el desaseo de la obra.
Lo más probable es que el Presidente mantenga los altos presupuestos para proyectos como el Corredor Transístmico y los remanentes de Dos Bocas y el Tren Maya. Sin embargo, el presupuesto al que se seguirán destinando más recursos es el de los programas sociales. El pasado 1 de julio el presidente López Obrador anunció un aumento de 25% a las pensiones de adultos mayores en 2024.
En 2023, la llamada Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores fue el programa social que más recursos recibió, con 339 mil 341 millones de pesos, un aumento de 43% respecto a lo aprobado en 2022. A partir del próximo año el gasto será considerablemente mayor, puesto que el padrón pasará de 10.5 millones de derechohabientes a 11.06 millones en el primer bimestre. Se estima que el presupuesto se dispare en unos 100 mil millones de pesos hasta los 440 mil millones.
En teoría, la Secretaría de Hacienda ya tiene considerado dicho aumento que anunció López Obrador en su discurso del Zócalo capitalino donde conmemoró los cinco años de haber ganado la Presidencia de la República. Y ese es el objetivo del Presidente con el incremento de los programas clientelares: mantener cautivos a por lo menos 11 millones de personas para que refrenden su apoyo en las elecciones del 2024.
Los otros grandes temas con los que tendrán que lidiar y hacer malabares el secretario Rogelio Ramírez de la O y el subsecretario de Hacienda Gabriel Yorio son la salud, la educación y la seguridad, los ramos a los que históricamente se destinan más recursos presupuestales, además de las participaciones federales a los estados de la República. En el gobierno reconocen que el presupuesto para estos tres rubros es deficiente y prácticamente imposible de lograr lo que ha prometido el Presidente: “un sistema de salud como el de Dinamarca”, un sistema educativo eficiente y de calidad, y paz para los mexicanos, en cambio de lo que tenemos hoy: un desastre en el IMSS, el ISSSTE y la SSA, además de un desabasto de medicamentos; un río de sangre en muchos de los estados de la República, atentados terroristas con coches-bomba, drones y minas, y el récord de homicidios dolosos; así como un deterioro en educación de 4.8 puntos en lo que va del sexenio, según la organización México, ¿cómo vamos?
Es un hecho: el Presidente no dejará un buen sistema de salud, una educación de mayor calidad ni un México en paz. No solo será por recursos económicos, sino por falta de planeación, ejecución y funcionari@s capaces de articular una política real en estos tres ejes, quizá los más importantes para el desarrollo de un país.
El otro tema que va a poner a los funcionarios de Hacienda a arrastrar el lápiz es el costo financiero de la deuda pública, cuyo presupuesto para este año aumentó 30% con respecto al monto aprobado para 2022, debido en mayor medida al aumento de tasas de interés.
Asimismo deberá elaborar sus pronósticos de ingresos petroleros con base en el tipo de cambio que se mantiene debajo de los 17 pesos por dólar. Como lo hemos expuesto, una moneda fuerte tiene muchas desventajas, entre estas un menor ingreso para los exportadores, las familias que reciben remesas y los prestadores de servicios turísticos. También tiene un impacto en el costo financiero del gobierno.
Habrá que ver también cuál es la proyección de crecimiento económico del gobierno para el 2024. Por lo pronto, en lo que respecta al 2023, Hacienda no ha quedado tan mal en los pronósticos. Si bien actualmente la mayoría de los analistas no anticipan el 3% que prevén Rogelio Ramírez de la O y Gabriel Yorio, el estimado se acerca al 2.5%.
Posdata
Uno de los asuntos financieros que más han sacado chispas entre dependencias del gobierno federal son los famosos bonos por casi 4 mil millones de dólares que están en los mercados financieros y que se colocaron para financiar el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco que fue cancelado por López Obrador.
Tras el anuncio de que la Mariana tomaría la administración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con cuyos ingresos fiscales (a través de la TUA) se pagan los intereses de dichos bonos, se comenzó a regar la idea de que el gobierno federal –la Secretaría de Hacienda– absorbería esas obligaciones, de manera tal que se pudieran invertir parte de los ingresos generados por la Tarifa de Uso de Aeropuerto en las dos terminales del aeropuerto capitalina.
El vicealmirante Carlos Velázquez Tiscareño, director del ACIM, lo ha dicho reiteradamente en los medios, sin haberse aceptado tal acuerdo en la Secretaría de Hacienda. Esto solo hizo que los bonos colocados en los mercados subieran aún más de precio, lo que hace todavía más costosa la operación para el gobierno.
Según nos dicen fuentes del gobierno, no hay tal acuerdo y Hacienda no absorberá esa deuda. Se asegura además que el ex subsecretario de Hacienda en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Fernando Aportela, fue quien propuso a la Marina ese esquema. El exfuncionario es dueño del despacho Altor Finanzas e Infraestructura, al cual se le atribuyen varios escándalos.
@MarioMal