El objetivo de rescatar a Interjet de la quiebra está cada vez más lejano. Su nuevo dueño, Alejandro del Valle, creyó que ‘comprando’, de saliva, la pesada deuda y los pocos activos que le quedan a la aerolínea salvaría de los litigios a la familia Alemán, pero lo único que ocasionó fue que el presidente Andrés Manuel López Obrador tomara como personal el caso y diera la orden de ir “con todo” contra los empresarios para que liquiden sus adeudos, principalmente los que tienen con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
La semana pasada la aerolínea solicitó al juzgado sexto de distrito en materia civil de la Ciudad de México un concurso mercantil para reestructurar mil 250 millones de dólares. A la fecha, Interjet no ha presentado la relación de acreedores, entre los que se encuentran el SAT, el Seneam, ASA, Bancomext, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, los arrendadores de aviones GECAS, ACG, ICBC, AerCap, AirCastle y Sukhoi, así como los miles de pasajeros que dejaron varados y los más de 5 mil trabajadores a los que se les adeudan más de cinco meses de sueldo.
Interjet contrató a la firma independiente Argoss Partners para que la ayude en su reestructura una vez que se le dé entrada a la solicitud de concurso mercantil, al tiempo que busca reiniciar sus operaciones. Sin embargo, la primera aduana de la reestructuración financiera es el SAT, al que le deben más de 3 mil 500 millones de pesos y con el que han fracasado todos los intentos por obtener quitas que van de 30% a 60%.
El organismo que lleva Raquel Buenrostro ha sido claro con la familia Alemán y Alejandro del Valle: no van a condonarles impuestos; si acaso se les ampliará el tiempo para que paguen. El problema es que ni los antiguos dueños ni los actuales han puesto sobre la mesa un plan de pago serio para hacerle frente a sus adeudos.
Lo que sí han hecho es mandar a sus abogados encabezados por Javier Mondragón, exlitigante de Telmex, a rogar por una rebaja y a prometer pagos que nunca llegan. La desfachatez de los empresarios provocó el enojo del presidente López Obrador, quien hace tres meses instruyó a Buenrostro a denunciar a Interjet y a sus exdueños Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán Magnani ante la Procuraduría Fiscal de la Federación, a cargo de Carlos Romero. “Incluyan a Miguel papá y a su hijo (en la denuncia)”, fueron las palabras del mandatario.
En febrero pasado la Procuraduría Fiscal denunció a Interjet, a Alemán Velasco y a Alemán Magnani, por no enterar a la Secretaría de Hacienda 66 millones 285 mil 195 pesos de impuestos correspondientes a 2018. La ampliación de la denuncia incluye 2019, 2020 y 2021, lo que involucra al actual dueño de 90% de las acciones de la aerolínea, Alejandro del Valle.
En los próximos días se presentará una nueva denuncia, la cual incluye el nombre de Alejandro del Valle, un empresario relacionado con el Grupo Atlacomulco del Estado de México, quien le aseguró a la familia Alemán que sus supuestas relaciones con el gobierno del presidente López Obrador le permitirían negociar los adeudos con las dependencias públicas, principalmente con el SAT, lo cual nunca sucedió.
Lo que sí ocurrió fue que los 150 millones de dólares que supuestamente inyectaría Alejandro del Valle, en asociación con el cuestionado exbanquero salinista, Carlos Cabal Peniche, y por los cuales se hizo las transferencia de acciones, nunca llegaron a las cuentas de Interjet.
La compra-venta habría sido una farsa, razón por la que los Alemán, quienes se encuentran en España, planean recuperar la empresa, aunque no tienen dinero ni nuevos socios para rescatarla.
UIF pone lupa en elección de SLP
Las autoridades electorales, pero también las financieras y judiciales tienen los ojos puestos en San Luis Potosí, donde este domingo se llevará a cabo el primer debate por la gubernatura del estado.
Uno de los candidatos, José Ricardo Gallardo Cardona, tiene en su haber denuncias por operar con recursos de procedencia ilícita, lo cual investiga la Unidad de Inteligencia Financiera.
Otros de los presuntos delitos que se le imputan son el desvío de recursos públicos y financiamiento al terrorismo mediante transferencias a personas vinculadas con grupos delincuenciales. En 2015, al candidato conocido como El Pollo, quien compite de la mano de la alianza entre el Partido Verde y PT, se le señaló por delincuencia organizada, además de elaborar un esquema que consistió en el desvío de unos 200 millones de pesos de los municipios de Soledad de Graciano Sánchez y de San Luis Potosí, cifra que ahora supera los 724 millones de pesos, de acuerdo con las querellas presentadas ante la Fiscalía General de la República, de Alejandro Gertz, y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de María de la Luz Mijangos.
Twitter: @MarioMal