El debate por los costos de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) puso en confrontación a dos pesos pesados de la economía: al secretario de Hacienda, Arturo Herrera , y a su otrora profesor en el Colegio de México y exencargado de las finanzas del país, Carlos Urzua , quien asegura que a los costos finales del fallido proyecto deberá sumársele el presupuesto de mantenimiento del Aeropuerto Internacional Benito Juárez.
El 8 de abril revelamos que el costo de cancelación del aeropuerto fue de 113 mil millones de pesos, una cifra a la que llegaron conjuntamente la Auditoría Superior de la Federación y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, luego de una serie de reuniones en las que el equipo de David Colmenares desmenuzó los recursos invertidos en el que sería el proyecto insignia de la administración de Enrique Peña Nieto .
No obstante, desde la Auditoría Especial de Desempeño, que lleva Agustín Caso Raphael, se filtraron una serie de datos que buscaban elevar nuevamente los montos. Se trata de la oficina que había calculado el costo en 331 mil millones, lo cual enfureció al presidente Andrés Manuel López Obrador y obligó a la ASF a crear un grupo especial para revisar la cifra, dirigido en esta ocasión por el Auditor Especial de Cumplimiento Financiero, Gerardo Lozano Dubernard .
Los nuevos datos surgieron de un documento titulado “Memoria de Fiscalización del Aeropuerto Internacional de México en Texcoco y su proceso de cancelación 2014-2019”, con el que se asumió que el costo de cancelación rondaría los 184 mil 600 millones de pesos. Una vez más el asunto despertó el enojo del secretario Arturo Herrera, y una segunda reacción rápida de Colmenares, quien decidió hacer finalmente pública la cifra que le adelantamos aquí.
La discrepancia de los números radica en que los 184 mil 600 millones de pesos no son en realidad un resultado de los costos de cancelación; se refiere, de acuerdo con fuentes del GACM, a los recursos que aplicaron al proyecto total tanto las entidades de la administración pública federal como los Fideicomisos. En estos últimos hay un porcentaje de capitales que no salieron del erario público, que son de los bonistas y que únicamente se tienen que devolver.
En el documento “Costo del Esquema de Financiamiento de Construcción y Terminación Anticipada de Contratos del NAICM”, difundido por Herrera, se especifica que se detectaron 66 mil 520 millones de pesos aplicados del Fideicomiso 80726 y provenientes tanto de los bonos MexCat como de la FIBRA E. Estos recursos, que mantenían a los fideicomisos con un saldo a favor de 37 mil millones, son de los inversionistas, no de la nación.
Adicionalmente, se específica que para el análisis de la Cuenta Pública 2019 no se pueden considerar los intereses que se generarán por los bonos hasta 2047, pues estos son réditos que no se han generado y que podrían desaparecer si el gobierno decide enviar una partida especial para pagar de inmediato y en su totalidad la deuda, algo que en el contexto actual resulta improbable.
El ir y venir de las cifras despertó el interés de Carlos Urzua por participar en la discusión, y agregó al costo un elemento nuevo: el presupuesto destinado al mantenimiento de la vieja terminal aérea capitalina, en un escenario en que los ingresos por la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA), que deberían reinvertirse en la propia terminal, estarán dirigidos al pago de los bonos aún vigentes.
No es la primera vez que Urzua intenta enviar lecciones de economía a su antiguo alumno. También, como en ocasiones anteriores, Arturo Herrera parece no querer entrar en confrontación directa con los dichos de su maestro. Sin embargo, la cifra final de cancelación del NAICM se quedará en los 113 mil 327 millones de pesos, por lo menos en lo que corresponde a la fotografía de la última cuenta pública analizada por la Auditoría Superior de la Federación.
Acusan a Layda Sansores por peculado
Esta semana se presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia por peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y uso ilegal de atribuciones y facultades contra Layda Sansores , candidata morenista a la gubernatura de Campeche.
El asunto se remonta a su paso por la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, cuando su administración otorgó obras y otros contratos a ocho empresas que se encuentran en la “lista negra” del SAT, donde sólo caen aquellos contribuyentes que simulan operaciones o extienden facturas falsas, entre otras actividades.
El monto de estos 15 contratos detectados, que corresponden a 2019 y 2020, suma más de 33 millones de pesos.
Por sí sola, la empresa con razón social Servicios Especiales para la Construcción Cofradía fue la que mayores recursos se llevó por parte del equipo de Sansores, al obtener un contrato por 7 millones 257 mil 933 pesos en 2019, y uno por 8 millones 419 mil 202 pesos, para un total de 15 millones 677 mil 135 pesos.
Publicidad y la Linea 12 del Metro
El colapso de la Línea 12 del Metro ha despertado un debate entre los expertos estructuristas respecto a los riesgos que existen en otras construcciones de la CDMX, especialmente sobre el segundo piso de periférico, construido también en las administraciones de funcionarios que hoy se encuentran bajo la lupa.
La preocupación se centra en las columnas de la vía elevada, las cuales están cubiertas por los llamados “jardines verticales” y principalmente por anuncios publicitarios, por lo que no se pueden realizar inspecciones oculares en las estructuras, indispensables para detectar grietas, desfases o cuarteaduras posteriores a sismos o a otro tipo de fenómenos naturales.
Las también llamadas “columnas verdes” son un proyecto que se aprobó en la administración de Miguel Ángel Mancera , y en el que la empresa Vía Verde de Fernando Ortiz Monasterio invirtió 360 millones de pesos. Sin embargo, a la luz de los recientes sucesos, se deberá revisar nuevamente su viabilidad.
@MarioMal
