El gobierno de la Cuarta Transformación se ha convertido en un blanco perfecto para los hackers internacionales por la casi nula inversión en servicios de tecnología y seguridad informática, lo que ha dejado vulnerables los sistemas estratégicos de la mayoría de las dependencias públicas.
En lo que va del sexenio se han concretado por lo menos cinco grandes ciberataques a instituciones de gobierno o empresas productivas del Estado, de una cantidad de intentos de penetración a las plataformas gubernamentales que se cuentan en más de 100 millones de pesos.
Entre los casos más sonados, por la gravedad de los ataques y sus consecuencias, están el de la Secretaría de Economía, a cargo de Graciela Márquez , y el de Petróleos Mexicanos, que encabeza Octavio Romero, en el que los delincuentes exigían un pago de 5 millones de dólares para liberar los sistemas.
Estos son apenas algunos indicios de un posible desastre que parece inminente ante una reducción de hasta tres cuartas partes del presupuesto destinado a la tecnología, e incluso hasta la cancelación o el impago de licencias de los sistemas operativos para apostar por los llamados softwares libres.
En números fríos son casi 200 mil millones de pesos los que el gobierno dejará de ejercer en los capítulos 2000 y 3000 del Presupuesto de Egresos de la Federación, correspondientes a “materiales y suministros” y “servicios generales”, respectivamente, rubros con los que suele modernizarse y fortalecerse las plataformas tecnológicas de las dependencias.
El decreto de austeridad, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 23 de abril, obligó a las unidades compradoras a reducir en 75% su presupuesto en esta materia, bajo las necesidades económicas que le representaría al país la pandemia por Covid-19, pero materializado en un escenario en el que el trabajo a distancia incrementa los riesgos de fuga de datos.
A esto se suman las intenciones de la administración de Andrés Manuel López Obrador por transferir sus plataformas operativas hacia los llamados softwares libres como OpenOffice o el tradicional Linux, las cuales podrían alcanzar efectivamente niveles aceptables de funcionalidad, pero incrementar el riesgo de fallas al carecer éstas de algún tipo de garantía.
La idea, con fines de austeridad extrema, se ve materializada en el ejercicio del gasto de los dos primeros años de gobierno, pues secretarías de Estado y oficinas de gobierno han dejado de pagar las licencias para el uso de programas y sistemas operativos de las grandes corporaciones tecnológicas.
De 2018 a 2019, por ejemplo, el gasto gubernamental para pagar las licencias de Microsoft Corporation descendió 99%, al pasar de más de 3 mil 800 millones de pesos en el último año de Enrique Peña Nieto a tan sólo 45 millones en el primer año de la Cuarta Transformación, según la plataforma Compranet.
A pesar de que en diversos contratos firmados en 2018 se contempló una vigencia multianual, la mayoría de ellos venció a principios de 2019 y únicamente se mantienen activos los de unas pocas unidades relacionadas principalmente con la Secretaría de Hacienda.
El panorama en el corto plazo no cambiará, puesto que incluso la licitación que desde la Oficialía Mayor de Hacienda de Raquel Buenrostro se preparaba el año pasado para la compra consolidada de tecnología, hoy con Thalía Lagunas ha quedado en el olvido, dejando como único beneficiario de estas decisiones a los delincuentes cibernéticos de alcance nacional e internacional.
Reviven espionaje en la 4T
En 2017, periodistas como Carmen Aristegui, Sebastián Barragán, Daniel Lizárraga, Carlos Loret de Mola y Salvador Camarena denunciaron intentos del gobierno de Enrique Peña Nieto para espiarlos mediante el software israelí, Pegasus. A la lista, se añadieron abogados que investigaban la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, defensores de derechos humanos y activistas.
En aquellos tiempos nadie dudaba que también se utilizaba para espiar a la familia, operadores, empresarios y políticos que apoyaban al entonces candidato Andrés Manuel López Obrador.
La semana pasada se reactivó la filtración de audios y videos, justo cuando el Presidente arremetió contra puertos y la corrupción que existe en varias Administraciones Portuarias.
Una de las hipótesis de los equipos de seguridad del gobierno federal es que detrás de la filtración del video relacionado con el hermano del presidente estaría Guillermo Ruiz de Teresa , cuyo sobrino, Rodrigo Ruiz de Teresa Treviño , estuvo involucrado en el escándalo de la administración priista mediante Balam Seguridad Privada, empresa que de acuerdo con Wikileaks tenía entre sus filiales a Grupo Tech Bull, la cual vendió el polémico sistema a la antes PGR, entonces al mando de Jesús Murillo Karam.
Los Ruiz de Teresa negaron que tenían relación con Pegasus, pero ahora todo apunta a que el tema es personal contra el Presidente, así que no habrá límites para revisar a fondo todo lo relacionado a este software espía, los reportes y todo para lo cual fue utilizado.
Piedra en el zapato en SCT
Uno de los temas que le hace mucho ruido a Jorge Arganis Díaz Leal , desde su llegada a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es el conflicto de interés que pueda estar ejerciendo el actual subsecretario de Infraestructura, Cedric Escalante Sauri , quien ha sido constantemente señalado de encabezar una red para favorecer a empresarios para la asignación de contratos de construcción y mantenimiento.
Al interior de la dependencia tampoco hace gracia que la SCT trabaje con gente expulsada de la CMIC, de Eduardo Ramírez , y denunciada penalmente como el exdiputado panista Marcos Salas , quien fue echado del organismo por la toma indebida y violenta de las instalaciones de la Delegación Estatal de la Cámara en Xalapa, Veracruz, y que se presume hoy es el operador político de Escalante para favorecer a un grupo selecto de constructores.
Así, el binomio Escalante-Salas tuvo su última evidencia el pasado 28 de junio cuando la firma Grupo Constructor Empresarial Taurus SA. de CV. se hizo del contrato para el mantenimiento en el camino Tlapacoyan- Plan de Arroyos. La situación podría llegar al escritorio de Olga Sánchez Cordero en Gobernación, y de la misma Función Pública, de Irma Eréndira Sandoval, pues se sabe que empresarios del sector tienen armado un expediente del subsecretario, quien antes de ser empresario, estuvo 24 años en diversos cargos de la misma SCT.
@MarioMal
