Mientras el encargado de despacho de la SICT, Jorge Nuño , presumía los esfuerzos del gobierno mexicano por recuperar la Categoría 1 de seguridad aérea en Washington, un ransomware se esparcía por los sistemas tecnológicos de la dependencia, intentando secuestrar archivos estratégicos para la infraestructura y la movilidad del país.
Era viernes 28 de octubre y el ataque cibernético a la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT) cumplía por lo menos cuatro días de ejecución, con efectos que no se informaron al director interino de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), Billy Nolen , quien escuchó durante más de dos horas argumentos para recalificar a México dentro de la máxima categoría, provenientes de funcionarios como Rogelio Jiménez Pons, subsecretario de Transporte, y de Miguel Vallín Osuna , titular de la Agencia Federal de Aviación Civil.
Sin embargo, en la oficina responsable de la aviación norteamericana ya había datos del ataque cibernético, muchos más de los que el mismo Nuño tenía como reporte interno. Estos hablaban de vulnerabilidades superiores a las 110 computadoras que la SICT anunció como afectación y que provocaron la cancelación total de trámites relacionados con el transporte, por lo menos hasta el 31 de diciembre.
El plan original era conseguir nuevamente la Categoría 1 de la FAA en el primer trimestre de 2023, suficiente para instalar oficialmente al encargado de despacho en el puesto de secretario y enviar al retiro a un Jorge Arganis Díaz todavía delicado de salud. También con eso busca echar por tierra los rumores sobre un posible ascenso del subsecretario Jiménez Pons.
No obstante, las vicisitudes que generó el hackeo, aunadas a la mala imagen que el gobierno mexicano tiene a nivel mundial con el efecto Guacamaya, hacen prácticamente imposible que México abandone la Categoría 2 de seguridad aérea en el corto plazo. Se da por hecho que será hacia el final del sexenio o en la siguiente administración cuando se logre recuperar la Categoría 1.
Si bien el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no suele darle importancia a las sanciones o degradaciones que provienen del gobierno de la Unión Americana, una baja calificación del sector aeronáutico sí pone en jaque los proyectos del presidente, quien aspira a que su Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se convierta en punto de destino y origen de rutas que crucen la frontera estadounidense. Asimismo, complica el desarrollo de la nueva aerolínea militar, cuyo nacimiento incluso se pone en entredicho por el cierre de trámites en la Agencia Federal de Aviación Civil.
Según la SICT, el problema de infiltración de una centena de sus equipos estaría resuelto en un plazo no mayor a dos semanas, aunque el efecto proyectado por las medidas preventivas amenaza con colapsar las cadenas de distribución por lo menos durante la totalidad del primer semestre de 2023, según cálculos de los organismos empresariales del sector transporte, quienes auguran un cuello de botella para la apertura de trámites en el mes de enero.
El tema es un resultado más de esa falta de inversión en tecnología que hemos reportado en este espacio, la cual se ha venido a menos de la mitad de la que se ejercía en los tiempos de Enrique Peña Nieto.
El general Luis Cresencio Sandoval tenía razón en el diagnóstico que le entregó a su comandante supremo: sin inversión en tecnología para resguardar los servidores y sin un marco jurídico adecuado, los hackeos seguirán ocurriendo, cada vez más despiadados.
Posdata
La salida de Horacio Duarte de la Agencia Nacional de Aduanas de México ha dejado en manos de las Fuerzas Armadas contratos multimillonarios que están por otorgarse, como el de la vigilancia de 14 aduanas con equipos de rayos X chinos. En la licitación habría muchos funcionarios y exfuncionarios involucrados.
Sobre el caso específico de la empresa Nuctech, se sabe que llegó a México en 2016 trabaja con una plantilla de 100 ingenieros mexicanos. Tiene una estructura de accionistas abierta, regulada, y con presencia en 170 países.
Las alertas que se encendieron en Estados Unidos por este potencial contrato con México están fundadas en la presunta injerencia del gobierno chino en la empresa, aunque esta asegura ser independiente.
Ya veremos en qué queda este contrato.
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