En la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) hay una bomba de tiempo: el centro bursátil que ahora encabeza Jorge Alegría permitió que el Grupo GICSA se enlistara como emisora con un documento alterado.
El asunto ya detonó un procedimiento judicial que se encuentra actualmente en el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, donde se aguarda una resolución con posibles sanciones para quienes participaron en la presunta alteración de una acta de asamblea con la que se inició el procedimiento para la colocación de títulos en el mercado de capitales.
De acuerdo con los señalamientos que obran en el proceso judicial, del 23 de enero de 2015, GICSA, otrora empresa líder del sector inmobiliario y de construcción, realizó una asamblea extraordinaria de accionistas en la que se acordó iniciar el procedimiento para convertirse en empresa pública. Sin embargo, ante la necesidad de ajustarse a los requerimientos que les hizo en marzo de ese año la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en ese entonces a cargo de Jaime González Aguadé, los accionistas mayoritarios, Elías Cababie Daniel y Jaime Dayán Tawil, omitieron convocar a una nueva asamblea y decidieron alterar el acta original.
En una revisión de los documentos con los que la firma que dirige Abraham Cababie Daniel ingresó de manera definitiva a la BMV, mediante un procedimiento que concluyó en junio de ese mismo 2015, se confirma que el acta de asamblea con la aprobación de los accionistas mantiene la fecha y las firmas del 23 de enero, pero en su contenido está alterada. Entre las modificaciones que los accionistas mayoritarios realizaron está la creación de un fideicomiso en Grupo Financiero Actinver, dirigido actualmente por Luis Hernández, en el que depositaron las acciones de la compañía sin el consentimiento de los socios minoritarios.
Ese último hecho, la constitución arbitraria del fideicomiso de control, fue el que derivó en la demanda y el procedimiento civil, el cual llegó hasta la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y ahora regresó al Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. En las próximas horas o días, el Tribunal que integran los magistrados Gabriela Eleonora Cortés Araujo, Alejandro Sánchez López y Carlos Arellano Hobelsberger, deberá emitir una resolución final sobre el caso. Se trata de una decisión clave si se toma en cuenta que algunos de esos juzgadores se han anotado para competir en la elección judicial, por lo que querrán resolver conforme a derecho.
En sentencias anteriores se tiene registro que los juzgadores han confirmado las irregularidades del acta de asamblea con la que GICSA ingresó a la BMV. Incluso hay presuntas confesiones de Elías Cababie respecto a que alteró el documento; no obstante, se ha analizado también para esta sentencia el Artículo 4° de la Ley del Mercado de Valores, que establece que los actos ilegales de las empresas bursátiles no pueden causar nulidad por protección de los terceros inversionistas.
En este caso, las ilegalidades se habrían cometido cuando la compañía todavía no tenía la categoría de “pública”, por lo que dicho criterio terminaría por ser desechado por los magistrados.
Adicionalmente, los mismos juzgadores han determinado que, más allá de la discusión sobre la nulidad del acta de asamblea, el Artículo 4° concede la posibilidad de imponer sanciones administrativas o penales contra los sujetos que incurrieron en la ilegalidad.
El procedimiento judicial ha generado diversas causas penales contra los empresarios Elías Cababie y Jaime Dayán, así como contra el representante legal de la compañía, Jesús Jerónimo Bugeda Piñeiro; a los tres se les giraron órdenes de aprehensión el pasado 28 de agosto, aunque cuentan con una suspensión provisional que impide por el momento su ejecución.
Otro dato que preocupa a las autoridades del mercado de valores, de manera independiente al sentido de la resolución, es que los procedimientos civiles y penales que enfrentan Grupo GICSA y sus accionistas mayoritarios no han sido informados como eventos relevantes a sus inversionistas de la BMV, lo que resulta también violatorio del Artículo 105 de la Ley del Mercado de Valores.
Posdata 1
Además de las modificaciones al uso y aprovechamiento de las concesiones de agua, Morena va con todo en lo relativo al incremento de los derechos que se cobran en actividades como la minería y los servicios migratorios.
Este jueves, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la Ley Federal de Derechos 2025, que incluye incrementos especialmente a las mineras donde están invertidos activos de los principales magnates del país, como Germán Larrea, Alberto Baillères y Carlos Slim, amén de grupos extranjeros de Canadá y Estados Unidos.
Con 24 votos a favor de Morena y sus aliados se aprobó dicha ley que aportará más de 137 mil millones de pesos al erario público, un monto 2.3 veces mayor que lo aprobado para este año.
Otro gran apretón a las empresas privadas en busca de más ingresos para el erario público.
Posdata 2
Una vez superada la aduana de la convocatoria hacia los aspirantes de la elección judicial, el siguiente reto para los Comités de Evaluación de los Poderes de la Unión será hacer valer el principio de paridad de género, en un escenario en que los perfiles inscritos arrojan una amplia mayoría de hombres sobre las mujeres.
Desde su concepción como proyecto, la reforma judicial planteó un 50% de espacios para mujeres en el nuevo sistema de justicia, además de una preponderancia para este género en los órganos colegiados con número impar de sus integrantes. Están en esta situación la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal de Disciplina y las salas del Tribunal Electoral.
Se trata de una consolidación de la presencia de las mujeres en el Poder Judicial, como una especie de inercia del impulso que recibieron durante el sexenio pasado, en el que aún sin cuotas de género las juezas, magistradas y ministras llegaron a ocupar casi la mitad de las plazas disponibles.
Durante la presidencia de Arturo Zaldívar en la Corte y en el Consejo de la Judicatura, las mujeres llegaron a ocupar más del 40% de los espacios de titularidad en los juzgados de distrito. En el caso de las magistraturas de circuito, las mujeres habían llegado a ocupar hasta un 24% de las plazas.
Ahora corresponde a los Comités de Evaluación elegir los mejores perfiles femeninos de entre los casi 10 mil que se registraron, aunque esta cifra represente apenas una tercera parte de un proceso en el que siguen siendo mayoría los hombres.
Posdata 3
Crédito Real, la empresa de Ángel Francisco Romanos Berrondo, obtuvo un amparo contra una visita de investigación que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores realizó en las oficinas de la empresa el 16 de agosto de 2022, apenas unos meses después de que la empresa cayó en incumplimientos con sus acreedores.
En el acta ejecutoria del pasado 22 de noviembre, el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito concluyó que la orden de visita de investigación reclamada “no se encuentra debidamente fundada y motivada”.
La autoridad administrativa ya tenía conocimiento de que Crédito Real se encontraba en proceso de liquidación; no obstante, “llevó a cabo una visita de investigación genérica”, lo que pudiera contravenir lo establecido en la Ley del Mercado de Valores, según el documento.
“En ese contexto, la autoridad responsable fundó indebidamente la emisión de la orden de visita de investigación reclamada (…) Entonces, asiste razón a la quejosa en cuanto aduce que la autoridad responsable debió fundar su actuación en dicha normativa”, señaló la empresa.
@MarioMal