El presidente Andrés Manuel López Obrador quiere sacarle toda la rentabilidad posible al juicio de Genaro García Luna: política, mediática y financiera. Las dos primeras explican por qué va a informar todos los días en su conferencia matutina sobre el proceso acusatorio del secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón y titular de la Agencia Federal de Investigación con Vicente Fox.
“El que lo acusa habla de que recibía un millón de dólares diarios y vamos a informar qué dicen sus abogados, ya se está hablando de sus cómplices. Es un drama judicial, una tragicomedia, no queremos que pase de noche”, soltó López Obrador.
Y también habló del dinero que su gobierno quisiera recuperar. El Presidente dijo que son unos 700 millones de dólares los que van a “pelear”, pero en realidad son unos 250 millones los que en efecto están en disputa.
Así, mientras en la Corte de Nueva York la fiscal Erin Reid busca probar que García Luna recibió dinero del Cártel de Sinaloa y que durante los sexenios panistas se configuró lo que se conoce como un narco-Estado, en el distrito de Miami se han pospuesto las actuaciones y permanece prácticamente inactivo el proceso civil por el que el gobierno mexicano pretende recuperar la fortuna del exfuncionario.
Abundan versiones fundadas de que el camino que seguiría el juicio en el distrito de Brooklyn fue parte de los acuerdos que se cerraron entre el gobierno de México y Estados Unidos de manera previa a la Cumbre Trilateral. No parece ser coincidencia que días después del encuentro se mencionara en EU que el juicio involucraría a un expresidente.
Tras las primeras revelaciones surgidas de los testimonios en la Corte, vertidas por Sergio Villarreal Barragán, alias “El Grande”, se puede inferir que las operaciones ilícitas de García Luna fueron principalmente en la primera década del siglo actual, por lo que el mandatario implicado no podría ser otro más que Vicente Fox o Felipe Calderón.
La historia se alinea a las versiones que desde inicios del sexenio se escuchan en la conferencia matutina, las cuales serán reeditadas y maximizadas cada día, justo a unas semanas de que se formalice la pelea por la gubernatura del Estado de México y a poco más de un año de las elecciones de 2024.
No obstante, si bien el gobierno y la justicia de EU podrían caminar de la mano con México en un asunto de narcotráfico, difícilmente cederán en la recuperación de esos 250 millones de dólares que están ya integrados en su economía, aun cuando el gobierno mexicano, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Procuraduría Fiscal, aseguren que su origen es ilícito.
Este proceso de “recuperación” del dinero inició el 21 de septiembre de 2021, con la demanda que el despacho Krupnick Campbell Malone Buser Slama & Hancock (KCM), en representación del Estado mexicano, ingresó a la Corte de Florida. El objetivo es reintegrar a las arcas del Estado mexicano los activos vinculados con operaciones financieras ilegales realizadas por García Luna y siete personas más.
En principio, tras desecharse las solicitudes de sobreseimiento de García Luna y su defensa, la demanda caminaba hacia la celebración de un juicio programado en la Corte de Miami para mayo de 2023, con posibilidades de victoria para México, con base en la llamada Ley RICO contra el lavado de dinero y las organizaciones corruptas.
Pero luego de la intervención de la Fiscalía General de la República, que consideró ilegal que la UIF otorgara a un despacho privado la representación del Estado, el proceso se descarriló y el calendario inicialmente propuesto por el juez William Thomas fue modificado.
Pablo Gómez y Félix Arturo Medina, titular de la UIF y la Procuraduría Fiscal, respectivamente, se mueven a contracorriente para legitimar una vez más la demanda ante las autoridades estadounidenses. El proceso penal que se sigue en Nueva York por el vínculo con el crimen organizado ha congelado el de corte civil.
Los ojos del gobierno mexicano estaban puestos en los recursos de 39 empresas y fideicomisos que García Luna constituyó con dinero desviado de la SSP. Se solicitaron en principio 250 millones, pero se tiene detectados más de 650 millones de dólares que salieron del erario hacia compañías vinculadas con el exfuncionario. Los 400 millones serán casi imposibles de pelear.
Posdata
El gobierno de López Obrador no ha terminado de zanjar las diferencias en materia energética con Estados Unidos y Canadá, cuando ya está a punto de entrar a las consultas por el maíz transgénico con el país que gobierna Joe Biden. Vaya problema para la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, quien dijo que iba a resolver el primer asunto antes de la reunión trilateral de hace unos días y parece que solo se ha complicado más.
