Gabriel García Hernández
arrancó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como el hombre fuerte de la operación electoral. Decía gozar de la confianza del Presidente y se encargó de enrolar a sus cercanos en ese grupo de superdelegados que apuntaban a ungirse en pocos años como gobernadores.
Se le encargó la tarea más importante del sexenio: construir, consolidar e incrementar un voto duro que garantizara el control para Morena del Congreso de la Unión y una rotunda victoria en el relevo presidencial de 2024. Las cosas, sin embargo, no salieron como se tenían planeadas.
La poderosa maquinaria electoral que representan los llamados Programas del Bienestar no funcionó del todo bien en las pasadas elecciones, si se toma en cuenta que los Siervos de la Nación pudieron ejercer para este rubro unos 300 mil millones de pesos anuales. A pesar de que Morena registró un avance en el control de los gobiernos estatales, se revelaron también intereses personales y una gran división, lo que obligó al Presidente a apretar tuercas en la estrategia para crear plataformas que impulsen el voto con miras a 2024.
Una de las primeras acciones fue defenestrar a Gabriel García, quien además carga con el estigma de presuntos actos de corrupción , la operación de los superdelegados con otros fines que no beneficiaron a Morena, y también una lejanía cada vez más visible con el Presidente.
La 4T llegó a la mitad de su periodo de gobierno y, como adelantamos en esta columna, el llamado Censo del Bienestar que se le encargó a García Herández nunca pudo ver la luz, por lo que la estrategia de distribución de recursos no contó con los parámetros adecuados para ganar una elección intermedia con contundencia y, mucho menos, para tener un padrón de esos beneficiarios.
Relatamos el momento en que, en 2019, el Presidente reprendió a Gabriel García en junta de gabinete por la falta de ese documento que sería más ‘preciso’ que los datos del INEGI. Dos años después de esa anécdota, el Censo sigue brillando por su ausencia y ahora también brillará por lo mismo el excoordinador de los Programas del Bienestar.
También es causa de la renuncia de García la operación que hicieron los delegados con el dinero público durante el proceso electoral, y no porque el dinero no tuviera el objetivo de apoyar un proyecto político, sino porque el único proyecto que podía haberse apoyado es el que tuviera la venia presidencial. En este caso, los Siervos de la Nación operaron para sí mismos. Ejemplo de ello fue el caso de Guerrero y Pablo Amílcar Sandoval, a quien se responsabiliza –junto a su hermana, la ahora exsecretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval – de haber operado la campaña negra contra Félix Salgado Macedonio, y también en Querétaro y Aguascalientes.
Gabriel García no sólo incumplió las encomiendas que le dio el Presidente, sino que se desvió también de los principios que tanto enarbola su movimiento y cayó en las garras de la corrupción.
En esta columna también dimos cuenta de los negocios que el jefe de los superdelegados buscó hacer con el Banco del Bienestar para la compra de unos 8 mil cajeros a proveedoras relacionadas con los empresarios Carlos Cabal Peniche y Alejandro Del Valle; un negocio por más de 10 mil millones de pesos que terminó por cancelarse y que luego intentó replicar García Hernández en Segalmex.
El otrora líder de los Siervos de la Nación tiene ahora su futuro en el Senado, con un mucho más reducido margen de operación. Su lugar podría ser ocupado en los próximos días por el actual secretario del Bienestar, Javier May.
@MarioMal