El expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales —quien se mantiene como ministro—, está siendo investigado por la Fiscalía General de la República tras una serie de denuncias presentadas por el Consejo de la Judicatura Federal relacionadas con malos manejos, entre los que están la adjudicación directa de contratos a empresas sin experiencia, pagos extraordinarios y funcionarios relacionados con las compañías.
Como resultado de la implementación de la Reforma Penal en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), se elaboró un Plan Maestro que, entre otras cosas, determinó revisar la disponibilidad y capacidad de espacios físicos y la opción de su construcción en predios propios o donados. El Plan estableció la donación de terrenos como regla general, antes de considerar la adquisición de terrenos.
Según las investigaciones, entre 2015 y 2018, periodo de la presidencia de Luis María Aguilar, la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento llevó a cabo 29 contrataciones de obra pública para la edificación del Consejo de la Judicatura Federal por 3 mil 118.6 millones de pesos. Del universo de procedimientos, 10 se celebraron por la vía de licitación pública a empresas constructoras, por un total de mil 164.5 millones, y 15 mediante adjudicación directa a empresas constructoras, por una suma de mil 613.7 millones.
La regla general para la edificación de los inmuebles fue la adjudicación directa —más del 50% del presupuesto destinado para ese objeto—, contrario a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución.
Resulta que al inicio de la anterior administración del CJF se llevó a cabo un ajuste al andamiaje normativo interno, con el objetivo de ampliar el catálogo de excepciones al procedimiento de licitación para la contratación de obra pública.
La reforma a la normativa interna amplió los supuestos de excepción para la contratación de obra, en especial tratándose de la construcción de infraestructura a instalarse en áreas contiguas a los Ceferesos por razones de seguridad y confidencialidad, y se estimó imperativa la vía de la adjudicación directa.
Durante los tres años de presidencia de Aguilar Morales, de los 15 procedimientos de adjudicación directa asignados a empresas constructoras, tres de estas se fundaron en la hipótesis consistente en razones de seguridad y confidencialidad.
Resultado de ello es que, de las 11 constructoras con las que se llevaron a cabo esas 15 adjudicaciones por un total de mil 613.7 millones de pesos, cuatro concentraron seis de esos proyectos, por un total de 743.4 millones.
Los primeros antecedentes de estas cuatro empresas (Grupo Casgo, Jonap, Marlu y Satélite), datan apenas de 2015. En dicho año se les asignaron a las tres primeras contratos para la adaptación de CJPF iniciales provisionales, lo que les permitió cubrir el requisito de contar con experiencia adquirida en la construcción de estos centros o en instalaciones dentro de éstos, en tanto que a la cuarta, sin haber efectuado previamente trabajos de obra pública, le fue adjudicada la ejecución del CJPF en el estado de Tabasco.
Paralelo a la habilitación de estas empresas, a través de las adjudicaciones directas, se echó a andar un mecanismo suplementario consistente en la solicitud de cobro de trabajos extraordinarios no considerados en los alcances de los contratos a precio alzado.
En este contexto también se determinaron procedentes las solicitudes de reconocimiento de cobro de trabajos extraordinarios, en tanto que en los demás casos las contratistas han recurrido en juicios ordinarios federales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por si fuera poco, se identificó que exfuncionarios estuvieron vinculados con representantes y personal de las cuatro empresas beneficiadas con los contratos. Entre estos figuran Francisco Javier Pérez Maqueda, Paola Graciela Silva Larios y Rodolfo Martínez Quintero.
La presidencia de Aguilar Morales en la Judicatura y la Corte ha sido más que polémica. El 10 de febrero de 2017 encontraron en la cajuela de un vehículo oficial 3 millones 400 mil pesos a Francisco Javier Pérez Maqueda, quien en ese entonces era director general de Inmuebles y Mantenimiento del Poder Judicial. También fue uno de los invitados a la boda del abogado Juan Collado, caído en desgracia en 2019.
IMSS, compras de gobierno
Con la pandemia de Covid-19 aún en marcha, las condiciones como se llevan a cabo las compras en el IMSS, de Zoé Robledo, siguen generando extrañamientos. Este es el caso de la Delegación Tamaulipas, donde recortan sus exigencias en lugar de ir por mejores condiciones.
Resulta que el equipo que lleva Velia Silva Delfín ajustó a la baja la capacidad de los cartuchos con que opera, pues aunque el año pasado debían producir 10 mil páginas o más, actualmente corre el proceso LA-050GYR018-E19-2022 en el que únicamente piden que generen la mitad, por lo que en la entidad se habla favorecer los artículos de Lexmark, marca que fábrica tóners con dicho estándar y que opera con velocidad de impresión de 50 páginas por minuto, característica que se sumó a las nuevas cláusulas.
Además, las sospechas se han visto reforzadas, ya que las modificaciones se presentan luego que los cartuchos de Lexmark fueran descalificados de diversos procesos tanto por su rendimiento limitado, como porque los reciclan, remanufacturan y rellenan para que salgan nuevamente al mercado, mientras que las autoridades tenían consigna de adquirir insumos totalmente nuevos. Este 14 de febrero se llevará a cabo la Junta de Aclaraciones, en donde se recibieron 177 preguntas. El proceso rondará los 20 millones de pesos.
@MarioMal
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