El gobierno federal alista un plan de inversión privada en energía para febrero. Aunque hasta finales de diciembre no se tenía un monto específico de los recursos que van a requerirse para echar a andar proyectos en el sector petrolero, eléctrico y de gas, se prevé que al menos sea similar a los 859 mil millones de pesos que se anunciaron en noviembre para el sector de infraestructura.
“Tiene que ser una inversión importante, por lo estratégico del sector y por las expectativas que se han creado”, me dijo a finales de diciembre el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo.
Precisamente Romo, que es el enlace del gobierno con los empresarios, lleva varias semanas trabajando con el Consejo Coordinador Empresarial y las organizaciones del sector, como Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi) y la Asociación Mexicana de Energía (AME), para delinear el tipo de proyectos y las inversiones que se necesitan para concluirlos y ponerlos en operación antes de que termine el sexenio.
La negociación entre Romo, el ‘insider’ de los empresarios, y Nahle, la férrea secretaria de Energía, ha sido intensa. Por un lado, el jefe de la Oficina de la Presidencia busca que se reabran las rondas de hidrocarburos que se cancelaron y las subastas eléctricas. Otro posicionamiento del hombre de negocios de origen regiomontano es que de una vez también se retomen los farmouts de Pemex, aunque ese tema es un tabú para Nahle.
Por su parte, la titular de la cartera de Energía –que no ha tenido la mejor relación con los empresarios del sector– quiere mantener cerradas las rondas, las subastas y, por supuesto, los farmouts. Más aún, está dispuesta a pelear en los tribunales las impugnaciones y los amparos de empresas de energías limpias contra los cambios en las reglas de los denominados Certificados de Energías Limpias (CELs) que, según se ha estimado por parte de la IP, ponen en riesgo inversiones por 9 mil millones de dólares.
En septiembre, tras la pelea del titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett , contra las empresas de gasoductos, Nahle reconoció en privado que es posible que se abran de nuevo las subastas porque se necesita ampliar la capacidad de la transmisión de energía eléctrica del país.
El CCE incluso comenzó a cabildear con el Poder Legislativo la creación de una ley que permita la participación de empresas en la red de transmisión eléctrica del país. La reforma energética que impulsó el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto aún no permite la incursión del sector privado en la transmisión, sólo en la generación de la energía.
Según Carlos Salazar, presidente del CCE, México no va a tener suficientes líneas de transmisión en los próximos años, por lo que están tratando de convencer a los legisladores de crear una nueva ley que permita la inversión privada.
La IP tiene identificados proyectos dentro del sector energético que pueden detonar inversiones por 40 mil millones de dólares (unos 780 mil millones de pesos) y crear hasta 257 mil empleos durante este sexenio.
Los proyectos abarcan a la cadena de gas, petróleo, energía eléctrica y renovables. Por lo pronto, están en juego los 9 mil millones de dólares de los generadores de energías limpias, mientras que los integrantes de la Asociación Mexicana de Gas Natural buscan extender a todos los estados del país –actualmente sólo están en 20 entidades– su red de distribución.
Por su parte, la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos planea detonar al menos 16 mil 237 millones de dólares en inversiones durante el presente sexenio, lo doble de lo destinado en la administración pasada.
Alfonso Romo ha dicho que la iniciativa privada participará en el sector energético 100% en la perforación de pozos en aguas profundas; 90% en petroquímica; 46% en electricidad, y 20% en perforación de petróleo en aguas someras y campos terrestres; mientras que en redes de gasoductos seguirán siendo los empresarios los que conecten a todo el país.
Posdata
La última vez que el Presidente habló del sector energético fue el 20 de diciembre, junto a Manuel Bartlett , cuya reputación como funcionario público está más desgastada que la artimaña que usó la Función Pública para absolverlo. En las instalaciones de la planta El Sauz en Pedro Escobedo, Querétaro, dijo que una de las prioridades de su gobierno es la consolidación energética, pero advirtió que “no ha habido inversión privada”. “Si ellos no invierten y no producen energía eléctrica, lo vamos a hacer nosotros y puede que terminemos el sexenio con 60% o 70% de la producción”. ¡Plop!
Arranca Jet Van con el pie izquierdo
Jet Van Car Rental arrancó 2020 con el pie izquierdo, luego de que por sus incumplimientos con Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) se hizo acreedora a una penalización.
No es la primera vez que sancionan a esta empresa arrendadora que encabezan Cuauhtémoc Velázquez y Teresa López. Una de sus multas más sonadas fue la que le impuso el Instituto Nacional Electoral en 2017. Es la misma empresa que entregó al IMSS ambulancias sin sirenas, torretas ni extintores.
Ahora, Segalmex alista una sanción contra la firma porque no cumplió a la cabalidad con el contrato CSS/024/2019, el cual precisa que debía entregar el 15 de diciembre del 2019 una centena de tractocamiones, indispensables para la logística de distribución de productos Diconsa y Liconsa. El último día del año, la institución que dirige Ignacio Ovalle recibió 80 unidades. La penalización procederá por fallas de seis unidades, mientras que las otras 14 serán modificadas por requerimientos del organismo público.
