La cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM) en Texcoco fue el golpe en la mesa de Andrés Manuel López Obrador para legitimar el supuesto combate a la corrupción, aun antes de tomar posesión como Presidente del país.
Sin embargo, en varias de sus obras insignia, como la del Tren Maya, participan empresas opacas que obtuvieron contratos con los gobiernos anteriores y que fueron beneficiadas con las penalizaciones originadas por la rescisión de contratos.
Es el caso de la empresa Capital Humano Especializado KRA, constituida el primer día de junio de 2020 y beneficiada con tres adjudicaciones directas, la última oficializada el 21 de agosto pasado para los servicios de supervisión técnica y la verificación de calidad en los trabajos de los Tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya por un total de 821 millones de pesos.
Capital Humano Especializado KRA es un negocio de la española Ayesa, que en México dirige Francisco Manuel González Villalobos, la cual participó en el proyecto de “Supervisión Técnica Administrativa de Construcción para el Edificio Terminal del NAIM”, un contrato por el que se embolsó mil 200 millones de pesos, es decir, casi la mitad de los recursos que la compañía ha obtenido como proveedor del sector público en el país.
Ayesa México, una empresa especializada en tecnología e ingeniería, comenzó su historial de contratos en territorio mexicano en el 2003, en Querétaro. Con la llegada a la presidencia de Felipe Calderón, la firma se catapultó como contratista del gobierno federal y mantuvo ese ritmo durante la administración de Enrique Peña Nieto. Además del NAIM, Ayesa participó en los proyectos de la Línea 12 del Metro y el Tren Interurbano México-Toluca, para acumular un monto de ganancias que ronda los 2 mil 600 millones de pesos, sumados los más de 800 millones que le ha otorgado el actual gobierno.
En su experiencia como contratista del fallido Aeropuerto de Texcoco, Ayesa México compartió consorcio con su matriz española Ayesa Ingeniería y Arquitectura, además de con Ingeniería y Economía Transportmex, URS Corporation México, Supervisión e Ingeniería de Proyectos y Cal y Mayor Asociados; esta última también está presente en la construcción del Tren Maya, donde se le han adjudicado contratos para supervisar la calidad de la construcción del Tramo 2 por alrededor de 350 millones de pesos.
Los oficios de adjudicación para todos estos contratos se encuentran firmados por funcionarios del Fonatur y de la Secretaría de Turismo, aunque se desprenden de las órdenes provenientes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para concretar los procedimientos.
Esta dependencia, por cierto, fue la responsable de la construcción de la barda perimetral del NAIM, la cual tuvo un sobrecosto de 89%, para alcanzar los casi 3 mil millones de pesos. Asimismo, la Sedena puso a construir esa costosa barrera a un par de empresas que, también se comprobó, tenían características de fachada. Ahora tienen en sus manos la construcción de la obra de infraestructura más importante del sexenio de AMLO, la cual, según admitió recientemente el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, va a costar 500 mil millones de pesos, casi tres veces lo proyectado originalmente.
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La semana pasada dimos cuenta de un contrato por unos mil 200 millones de pesos que el SAT estaba a punto de otorgar a la empresa alemana T-Systems para el llamado proyecto SENHA-2 (Servicio de Nube Híbrida Administrada-2). Esta compañía tiene bajo su control el resguardo de los datos del Servicio de Administración Tributaria, donde sus directivos al parecer tienen grandes amigos que han facilitado el otorgamiento de los contratos.
La novedad es que la empresa que en México dirige Carlos Celaya va a recibir pronto una visita del CEO global, Adel B. Al-Saleh, debido a los cuestionamientos hacia la empresa y sus políticas de cumplimiento.
T-Systems es parte del conglomerado Deutsche Telekom, y este último a su vez tiene como principal socio al gobierno de Alemania. Deutsche Telekom además de cotizar en bolsa tiene lineamientos muy estrictos relacionados a las malas prácticas, ventajas competitivas desleales y actos de corrupción.
La empresa respondió que “respecto a la reciente información compartida, en T-Systems hemos cumplido estrictamente con los procesos de licitación y trabajamos bajo los principios de competencia y transparencia”; sin embargo, sus relaciones con gobiernos anteriores también han levantado suspicacias.
En el sexenio pasado obtuvo contratos por alrededor de 4 mil millones de pesos, mientras que en la actual administración el SAT le ha otorgado tres contratos por 700 millones de pesos.
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Y hablando de contratos públicos, recientemente el IMSS, a cargo de Zoé Robledo, otorgó por adjudicación directa un contrato de 774 millones de pesos a la empresa Creatividad e Integración en Servicios Médicos para el “Servicio Integral de Unidad de Expansión Hospitalaria Tláhuac”, algo así como un anexo provisional de 100 camas para brindar atención médica a pacientes estables o en recuperación, a fin de que se liberen las áreas de atención de urgencias.
Si bien la estrategia contribuye a una mejor y más ágil atención a los derechohabientes del IMSS, resulta cuestionable que se siga obviando el esquema de licitación para estas unidades médicas provisionales, a pesar de que no hay una emergencia sanitaria como la del Covid-19.
Los contratos que esta filial de la empresa CIE obtuvo para instalar Unidades de Expansión Covid-19 sumaron los 2 mil millones de pesos en su momento, una cantidad que podría superarse con estos nuevos servicios que deberán renovarse y multiplicarse en septiembre de 2024.
@MarioMal
