La carrera de Samuel García, un joven político cuyo ascenso fue financiado con los negocios de su padre e impulsado por viejos lobos de mar de la política como Dante Delgado –a quien después desechó– pasó del cielo al infierno en menos de tres años. De ser el caballo negro en la elección de 2021 y convertirse en gobernador de Nuevo León, para después intentar ser candidato presidencial, al juicio político y la pérdida de casi todo lo obtenido políticamente. Hoy, el político de MC está supeditado a lo que digan sus más odiados rivales en el Congreso estatal, en la alcaldía de Monterrey y en Morena.
El intento de convertirse en candidato presidencial y el duro golpe que sufrió en las elecciones del pasado 2 de junio, con el fracaso de la candidatura de su esposa, la influencer y su principal impulsora mediática, Mariana Rodríguez, junto con la recomposición del Congreso estatal y los escándalos por las acusaciones de enriquecimiento ilícito, peculado y la presunta violación de leyes y mandatos de la Suprema Corte de Justicia, han puesto a Samuel García en la antesala del desafuero, el juicio político y en el peor de los casos, la cárcel.
La nueva composición del Congreso de Nuevo León, en la que el PAN y MC tendrán 10 diputados cada uno; Morena, nueve; el PRI, ocho; el PRD, tres, y el PT y el Partido Verde uno cada uno, colocan a García en una posición de vulnerabilidad, supeditado a lo que dicte el partido en el poder a nivel federal, o más puntualmente la presidenta Claudia Sheinbaum.
No solo eso. A Samuel García le brotan cada vez más escándalos relacionados con las empresas de las que él y su familia son accionistas, así como sus ligas con empresarios de Nuevo León, sobre todo con dos con quienes ha hecho grandes negocios y a cambio estos le han entregado terrenos y ranchos.
Ya se ha revelado que Grupo Gentor, del empresario Javier Garza Bufington, cedió en pago al gobernador García un terreno de 17.6 hectáreas en la Mesa de la Corona, una de las zonas más exclusivas de San Pedro, cuyo valor es de 700 millones de pesos, mientras que la constructora Mota-Engil México, de José Miguel Bejos –también relacionado con las empresas y despachos allegados a la familia de García– es la encargada de las obras del Metro de Monterrey.
El otro tiene que ver con la Constructora Garza Ponce, cuyo dueño es el empresario Chema Garza Ponce, la cual ha sido beneficiada con proyectos por más de 17 mil millones de pesos. Por recomendación de la administración estatal, la empresa formó parte del consorcio constructor del acueducto El Cuchillo II y a finales del año pasado fue adjudicada por la Secretaría de Movilidad de Nuevo León para concretar el proyecto de adecuación de las Líneas 4 y 6 del llamado Metrorrey, un contrato de más de 7 mil millones de pesos y que obtuvo en consorcio con las razones sociales Hércules Construcciones y Constructora Moyeda. Garza Ponce, además, fue responsable de los proyectos de la Línea 2.
A este empresario, Samuel García también le pidió su rancho de Linares con todo y las cabezas de ganado. La información es de dominio común entre el empresariado regiomontano, principalmente en el llamado Grupo Monterrey, donde “alucinan” al gobernador, entre otros cosas porque lo acusan de haberlos intentado “extorsionar” a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (la UIFE) –que ya no depende de su gobierno– y por parte del jefe de la Oficina de Gobernador, Miguel Ángel Flores Serna.
Por si fuera poco, la fallida inversión de Tesla en Santa Catarina, Nuevo León, tampoco se realizará, aunque el gobernador mantiene la esperanza de que el empresario Elon Musk, a quien llama “compadre”, la retome, y sobre todo que Donald Trump no regrese a la Casa Blanca.
Difícil futuro para Samuel García.
Posdata 1
Mucho revuelo generó el anuncio de la taiwanesa Foxconn sobre una nueva inversión en México. Benjamin Ting, vicepresidente senior del gigante tecnológico, dijo que están construyendo la mayor planta de ensamblaje de los superchips GB200 de Nvidia en el territorio nacional, sin dar más detalles del lugar ni del monto.
Si bien Foxconn tiene un centro de producción en Chihuahua, al que ha destinado cerca de 500 millones de dólares, no sería en este estado donde se construiría la nueva planta del conglomerado asiático, sino en Jalisco, donde en febrero pasado invirtió 453 millones de pesos en la adquisición de un terreno de 421 mil metros cuadrados. Su objetivo es ampliar la producción internacional de servidores de Inteligencia Artificial, precisamente el negocio de su socio Nvidia.
Así que todo indica que será el estado que encabeza el emecista Pablo Lemus el que se quede con la inversión que rondará entre 2 mil 500 y 3 mil millones de dólares en su primera fase.
Posdata 2
Hablando de inversiones, fue este martes cuando se llevó a cabo la reunión entre el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, y la presidenta Claudia Sheinbaum.
Los temas fueron la reunión del próximo martes con empresarios de Estados Unidos, el llamado CEO Dialogue 2025, el cual se lleva a cabo cada año en el marco del TMEC, así como los cambios constitucionales en México, particularmente la Reforma Judicial y la certidumbre jurídica; el nearshoring y la relación comercial con nuestros principales socios, sobre todo ante la llegada de armadoras de vehículos chinos en México, una de las grandes preocupaciones de la industria automotriz estadounidense.
Otro de los temas fue la continuidad de Francisco Cervantes al frente del CCE. En marzo del próximo año hay elecciones dentro del organismo cúpula de la iniciativa privada del país, y si bien hay por lo menos tres contendientes, todo indica que las principales asociaciones -entre éstas el Consejo Mexicano de Negocios- cerrarán filas para que se refrende por un año más a Cervantes como presidente del organismo gremial.
Sheinbaum pidió expresamente al presidente del CCE “hacer todo lo posible para detonar la inversión privada en el país”. El llamado coincide con los dichos del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, este martes en un foro empresarial, sobre las necesidades del gobierno en torno a la inversión privada en el sector energético.
Posdata 3
El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, se reunió este martes con la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, para delinear una estrategia de contención frente a la violencia que se vive en el estado. El objetivo es desplegar más elementos estatales y federales en la entidad, la cual lidera el número de homicidios dolosos en el país.
García Harfuch inició con el pie derecho su gestión tras presentar la nueva estrategia de seguridad federal y trasladar las reuniones del gabinete encargado de la política de seguridad al convulso estado de Sinaloa, además de tomar responsabilidad por la violencia que aqueja a estados gobernados por la oposición, como es el caso de Guanajuato.
En dicha reunión estuvo presente personal del Centro Nacional de Inteligencia, a cargo de Francisco Almazán Barocio, y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de Marcela Figueroa.
Por cierto que en el contexto de los recursos interpuestos para frenar la Reforma Judicial, uno que trascendió fue el del exgobernador de Guanajuato, Diego Sinhue, quien presentó la acción de inconstitucionalidad el pasado 25 de septiembre.
Dicha acción fue un recurso interpuesto por el exmandatario panista poco antes de dejar el cargo, pero de motu proprio, no en nombre del estado que ahora gobierna García Muñoz Ledo.
@MarioMal