En el último trimestre del año pasado, el exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, visitó un par de veces al fiscal general en su despacho. Alejandro Gertz Manero le reclamó sobre dos publicaciones que la revista Proceso había hecho sobre él. Una tenía que ver con una “casa secreta” en las Lomas de Chapultepec, y otra con el conflicto por el control de la Universidad de Las Américas Puebla y la Fundación Mary Street Jenkins. Scherer le dijo que no tenía injerencia en la línea editorial, pero el fiscal enfureció y le soltó que tenía bajo investigación a dos despachos de abogados ligados al exconsejero por extorsión, tráfico de influencias, lavado de dinero y asociación delictuosa.
Las dos reuniones acabaron mal, por lo que el exconsejero no pudo frenar la acusación formal que hizo la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de los abogados, quienes, según se asienta en la demanda, ‘operaban’ a nombre de él. Se trata de Juan Araujo y César González, quienes llevaron los casos más polémicos del sexenio, entre ellos el del abogado Juan Collado, quien fue el primero en denunciar ante la Fiscalía a los litigantes; el de Alonso Ancira y Agronitrogenados; el de los empresarios del outsourcing y las facturas falsas, Raúl Beyruti, Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Mont; y también representaron a Emilio Zebadúa en el asunto de la Estafa Maestra. Con prácticamente todos salieron mal y el pago de sus honorarios (algunos con casas, arte y otros artículos de lujo) ha comenzado a ser devuelto por los litigantes.
Junto con otros dos abogados pertenecientes al despacho Araujo, González, Peimbert, Robledo y Carrancá, la FGR los acusa de lavado de dinero, tráfico de influencias, asociación delictuosa y extorsión. Las denuncias de Collado y su hermano Antonio fueron clave para el expediente que integró la Fiscalía. El próximo 28 de febrero, los cuatro abogados acusados deberán comparecer ante un juez, donde se buscará pedir su prisión preventiva, aunque la audiencia será virtual.
Otro de los despachos investigados por la FGR, presuntamente ligado al exconsejero Jurídico de AMLO, es el de García González y Barradas, de igual forma por denuncias de supuesta extorsión en los casos de la Cooperativa Cruz Azul y la Universidad de Las Américas. En el primer caso el abogado Ángel Junquera y su hijo serían los denunciantes.
La intención inicial del fiscal Gertz era incluir en las demandas al exconsejero Jurídico, según información a la que tuvo acceso esta columna, pero fue disuadido por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, por el daño colateral que se generaría para el Presidente.
En las investigaciones y denuncias también están los nombres de Julio Javier Scherer Pareyón y el de Miguel Barba Ampudia, quien se hace llamar a sí mismo únicamente Miguel Ampudia, y en su círculo de amigos es mejor conocido como Mika. El joven de unos 35 años se presentaba como enviado del “Señor Consejero”.
Barba Ampudia o Mika es hijo de María Guadalupe Ampudia González, integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de 2014 a 2019, y quien renunciara con la llegada de Rosario Piedra Ibarra.
Miguel Ampudia también es cercano a la familia Murat, especialmente a los hijos menores, Eduardo y Lorena. La empresa que preside oficialmente, que lleva el nombre de Credifom, fue adjudicada por el gobierno de Oaxaca con un contrato con la Oficina de Pensiones del Estado para brindar créditos a los jubilados, pensionados y pensionistas cuyo pago se encontraba garantizado con el propio monto de las pensiones.
El pleito entre el fiscal Gertz y el exconsejero Jurídico es de pronóstico reservado por los alcances de las investigaciones. Atrás quedaron las relaciones que permitieron a los abogados cercanos a Scherer decir la temida frase a sus clientes o potenciales clientes: “te vamos a llevar con el Doctor”, refiriéndose al fiscal.
@MarioMal
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