El paro en la Corte, los ministros y los transitorios

El paro de labores de los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) era inminente ante la inflexibilidad del presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena de modificar la iniciativa de Reforma al Poder Judicial de la Federación. Lo que llama la atención es que, aun cuando desde el inicio las movilizaciones se gestaron con el conocimiento y la venia de la presidenta del máximo órgano constitucional, Norma Piña, así como de su más cercano asesor, el también ministro Juan Luis González Alcántara, ambos no han querido liderar públicamente las movilizaciones.

El 5 de julio revelé que el Consejo de la Judicatura Federal alistaba un paro de labores hacia mediados de agosto en contra de la reforma judicial que se votará este mes en el Congreso de la Unión. Los funcionarios del CJF acudieron a las instalaciones del edificio Prisma, en Insurgentes Sur, propiedad del Poder Judicial de la Federación, para hablar con los titulares de los órganos jurisdiccionales y transmitirles el mensaje.

El 21 de agosto inició el paro de labores de más de mil 200 juzgadores de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces, que encabeza la jueza Juana Fuentes Velázquez, cercana a Norma Piña, a lo que siguieron otras agrupaciones de integrantes del Poder Judicial, las manifestaciones de miles de estudiantes de universidades públicas y privadas, y finalmente este lunes se aprobó, por mayoría de votos, la suspensión de labores de los trabajadores del máximo tribunal.

Salvo Lenia Batres, el resto de los ministros y ministras de la Corte está preocupado por la reforma que se va a aprobar esta semana en la Cámara de Diputados, la siguiente en el Senado, la tercera semana de septiembre en los Congresos de los estados y la última –que a su vez será la final del gobierno del presidente López Obrador– en el Ejecutivo para su promulgación. Si bien siguen existiendo divisiones y distintos criterios sobre las modificaciones al Poder Judicial, ninguno considera que la elección de jueces, magistrados y ministros es buena idea ni tampoco algo sostenible en el tiempo.

Además de Norma Piña y Juan Luis González Alcánta, los ministros que están más beligerantes –en privado– contra la reforma son los tres que concluirían su periodo el próximo sexenio: Luis María Aguilar (2024), Jorge Pardo (2026) y Alberto Pérez Dayán (2027). El más vocal durante los foros y parlamentos abiertos, Javier Laynez, igualmente está que revienta, pero se ha enfocado más en intentar construir una estrategia, mientras que Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Margarita Ríos Farjat –quienes al igual que Laynez fueron titulares del SAT– han optado por no participar mucho en las discusiones. Finalmente, las ministras Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, sin bien están resignadas –aunque no convencidas de la reforma– apuntan a un nuevo cargo dentro de la nueva estructura del PJF, principalmente al Tribunal de Disciplina Administrativa.

Así, los ministros y ministras, los máximos juzgadores de México, han preferido apartarse de los reflectores para evitar que les lluevan las críticas o los intentos de juicio político que mucho han malbaratado el presidente López Obrador y Morena en contra de los altos mandos del Poder Judicial.

La esperanza, al igual que la de los inversionistas globales y los empresarios mexicanos, es que en las leyes secundarias de la Reforma Judicial se incluyan cambios; por ejemplo, la creación de tribunales especializados en los cuales los jueces y magistrados no sea electos directamente por voto popular, o bien que las elecciones sean únicamente con integrantes de carrera del Poder Judicial.

En los artículos transitorios del dictamen de iniciativa de reforma al PJF se prevé que deben hacerse adecuaciones a la legislación secundaria en un plazo de 90 días.

En tanto, el artículo 10 transitorio determina que la Ley del Presupuesto de Egresos de 2025 incluya todos los recursos necesarios para pagar las prestaciones que correspondan a los trabajadores del PJF. En ese orden de ideas no hay alguna otra previsión sobre legislación secundaria.

¿Se podrán incluir en las leyes secundarias los cambios para apaciguar a los mercados financieros, a nuestros socios comerciales y a los trabajadores del Poder Judicial? Es la pregunta del millón, luego de que López Obrador deje el poder.

Posdata 1

Sobre la Reforma Judicial la mayoría de bancos internacionales, casas de bolsa, calificadoras y agrupaciones empresariales han externado sus preocupaciones por el contenido y las consecuencias negativas que podría generar para México. Sin embargo, no solo se trata de tal reforma constitucional, sino de las que van a votarse en los próximos meses con la supermayoría de Morena y sus aliados.

Este lunes, Citibanamex expuso que la bancada de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo es similar a la del PRI de hace 40 años, por lo que la “dominancia política” de la coalición permitirá aprobar reformas que desaparezcan contrapesos democráticos en el país.

El grupo financiero recordó que entre 1997 y 2015 el electorado mexicano configuró gobiernos divididos, en los que ningún partido o coalición controlaba al mismo tiempo la Presidencia y mayorías absolutas en el Congreso.

La bancada del oficialismo es similar a la que tuvo el PRI entre 1930 y 1985, con mayorías superiores a 70% de la Cámara de Diputados.

Posdata 2

El caso de la Alcaldía Cuauhtémoc atizará la de por sí complicada situación política, económica y social que se vive en el cierre de sexenio. Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció al respecto. “Cuando es motivo de cancelación, o de desconocimiento de un triunfo el que haya insultos, sean reales o inventados, ya es otra cosa; el tema de violaciones por agravios de género hay que verlo con mucho cuidado”, dijo sobre la determinación del Tribunal Electoral de la Ciudad de México de anular la victoria de la Alessandra Rojo de la Vega, la candidata de Fuerza y Corazón por la CDMX, por violencia política de género en contra de la morenista Catalina Monreal

La determinación final quedará a cargo de la Sala Regional Especializada y en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que deberán definir si se repone el proceso antes de la toma de protesta, el próximo 1 de octubre.

Al respecto, Catalina Monreal, excandidata de Morena a la alcaldía Cuauhtémoc, se ha mostrado contundente al acusar a Rojo de la Vega de ejercer “una violencia sistemática y calumniosa” en su contra durante el proceso electoral.

En entrevista para mi programa Las Noticias de la Mañana, la candidata morenista dijo que no representa a una familia, sino a Morena, además de asegurar que no tiene vínculos con los magistrados del Tribunal Electoral y refutó las acusaciones de corrupción que han sido dirigidas hacia ella.

Caty Monreal hizo un llamado a dejar de normalizar la violencia política de género y a sancionar a quienes la ejercen. Mucha presión pública tendrán los magistrados y magistradas del TEPJF sobre este caso, que marcará un precedente electoral.

Posdata 3

En su último año, el jefe de gobierno interino, Martí Batres –ligado en el pasado a organizaciones invasoras de predios– se le ocurrió emitir un decreto este lunes sobre la reforma al artículo 3 de la Constitución local para “armonizarlo con lo establecido en el artículo 27 de la Carta Magna federal, en materia de propiedad privada, pública y social”.

“¿Qué decía la Constitución de la Ciudad de México hasta hace algunos días? ‘La Ciudad de México asume como principios el respeto a la propiedad privada’. ¿Qué dice ahora? ‘La Ciudad de México asume como principios la propiedad en los mismos términos del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos’. Esa es la reforma que estamos celebrando el día de hoy”, dijo Batres.

Con esto y con la presencia de Pablo Gómez en el anuncio, Batres –considerado del ala más radical de Morena, lo mismo que el actual titular de la UIF– lo dijo todo: la CDMX podrá atentar contra la propiedad privada argumentando un interés público superior.

@MarioMal