La revelación de las fotografías del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, con presuntos líderes del crimen organizado, desataron una cadena de complicaciones para el exfutbolista, no sólo con las autoridades mexicanas, sino con las instancias de justicia de Estados Unidos.
El exsecretario de Seguridad en Morelos, Alberto Capella, presentó ante la Fiscalía General de la República en la denuncia con folio 002316 por los “delitos de delincuencia organizada, contra la salud y/o los que resulten”, cometidos presuntamente por Blanco, los cuales están también en manos de las autoridades de EU, a las que se les pidió realizar las investigaciones correspondientes para determinar si se constituye alguno de los ilícitos señalados.
De acuerdo con información a la que tuvo acceso esta columna, entre los miembros del gabinete de Blanco bajo el escrutinio de las instituciones están José Manuel Sanz Rivera, jefe de la Oficina del gobernador; Víctor Aureliano Mercado Amador, conocido como “El güero Mercado”, otrora secretario de Movilidad de esta entidad; Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, titular de la Secretaría de Desarrollo Social, y el hermano del exjugador americanista, Ulises Bravo.
Asimismo, las averiguaciones alcanzan a José Jesús Alejandro Villarreal Gasca, exsecretario de Hacienda en Morelos, cuyo nombre recientemente apareció en una de las narcomantas dirigidas al gobernador, como presunto organizador de la reunión en la que se habrían tomado las conocidas fotografías.
Desde agosto del año pasado, las agencias de inteligencia estadounidense habrían sido alertadas sobre posibles movimientos financieros y compra de propiedades en este país por parte del gobernador emanado del extinto Partido Encuentro Social (PES), específicamente en el estado de Texas.
En cuanto a las indagatorias del lado mexicano, estas empezaron desde su gestión como alcalde de Cuernavaca y en lo que corresponde a la operación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de ese municipio (SAPAC), un negocio que, de acuerdo con la información incluida en la denuncia, vale anualmente 200 millones de pesos, de los cuales alrededor de 50 habrían sido para usufructos personales de los funcionarios involucrados.
En lo local, la Fiscalía del Estado de Morelos, bajo el mando de Uriel Carmona, tiene también en sus manos la resolución del caso sobre el asesinato de un presunto delincuente conocido como “Ray”, ocurrido dentro del penal de Atlacholaya. El personaje es uno de los que aparece por cierto en las imágenes con Cuauhtémoc Blanco.
Y en las carpetas de investigación de la Fiscalía morelense existe otro proceso promovido por el Congreso de la entidad, el cual se convertirá en el primero por el que el gobernador deberá ser citado a comparecer en los próximos días.
Además, el ministerio público va a llamar también a declarar a quienes “pudieran conocer y aportar datos” sobre la supuesta reunión entre los jefes de plaza y el gobernador, incluidos por supuesto los líderes eclesiásticos.
En Morelos no hay duda de que el círculo que rodea al gobernador se resquebrajará pronto. El cuestionamiento es cuál de los involucrados será el primero en colaborar con las autoridades para alejarse de las pesquisas, aunque en esa tarea tenga que traicionar al creador de la “cuauhtemiña”.
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