A menos de tres meses de que termine el primer sexenio de la Cuarta Transformación, Andrés Manuel López Obrador mostró en su conferencia de prensa matutina lo que podría calificarse como un acto de humildad: dejando a un lado los “otros datos”, el presidente aceptó que el proyecto del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) no funcionó y estuvo a punto de declarar textualmente que, en el intento de colocar al sistema de salud mexicano en un nivel “similar al de Dinamarca”, su gobierno cometió errores, los cuales costaron vidas.
En un país en el que no se ha logrado dar cumplimiento al Artículo 4° Constitucional, para que el Estado garantice la salud de los mexicanos, resulta positivo que los gobernantes acepten que en sus políticas públicas sanitarias hubo fallas, pero preocupa también que estos yerros no se hayan atendido. Más grave aún, sorprende que los principios que motivaron el fracaso del proyecto que encabezó Juan Antonio Ferrer en el Insabi se mantengan presentes en un nuevo intento de modelo de salud denominado IMSS-Bienestar.
López Obrador considera que las fallas del modelo de salud establecido en 2019 radicaron en que, al igual que sucedía en el modelo del Seguro Popular, “las inercias” obligaron a transferir multimillonarios recursos a las entidades federativas, una fórmula impensable en un concepto de gobierno centralista como el que se ha implantado en esta Presidencia, más si se toma en cuenta que al inicio del sexenio sólo cinco estados eran gobernados por Morena; ahora 24.
Si bien el postulado de López Obrador sobre el “neoliberal” Seguro Popular tiene algo de verdad, en el sentido de que los gobiernos estatales manejaron con frecuencia de manera irregular los recursos que la Federación les enviaba para otorgar los servicios de salud –hubo casos de gobernadores que afiliaron hasta el 110% de sus posibles derechohabientes para acceder a más recursos–, el problema real del modelo sanitario que ahora se propone es el enfoque en el desarrollo de infraestructura.
El Seguro Popular, diseñado y puesto en marcha en los tiempos de Vicente Fox por el hoy flamante rector de la UCLA –la universidad pública de mayor prestigio en los Estados Unidos–, Julio Frenk, era una estrategia financiera; el modelo cumplía con el principio de salud universal manteniendo al Estado como garante de los servicios sanitarios. No obstante, no era el responsable de brindar directamente la atención médica, sino de cubrir el gasto generado por servicios que se daban en centros de salud, ya sea públicos o privados.
En cambio, ante una visión de un Estado “todopoderoso”, como el que siempre ha deseado López Obrador, los servicios sanitarios deben ser otorgados en la infraestructura que el gobierno edifica, administra y opera a través de su propio personal de salud. Por loable que sea ese propósito, los resultados han sido desastrosos, pues los recursos que requiere este modelo deben ser por demás vastos, como nunca los ha dispuesto este gobierno.
Los casi 130 mil millones de pesos que tendrá como presupuesto este año el IMSS-Bienestar alcanzarán apenas para brindar servicios de salud a 9.5 millones de personas que, se presume, ya son beneficiarias de ese sistema; sin embargo, son más que insuficientes para dar cobertura médica a un total de 66 millones de mexicanos que carecen de seguridad social. A esto hay que restar los recursos que el nuevo órgano de salud se verá obligado a regresar a la Tesorería de la Federación para dar cobertura a otros rubros. El Insabi llegó a retornar hasta el 90% de su presupuesto en algunos años.
Las cosas no cambiarán mucho para el siguiente sexenio, empezando porque es casi un hecho que se mantengan en sus cargos el director general del IMSS, Zoé Robledo, y el responsable del IMSS-Bienestar, Alejandro Calderón Alipi. También se confirma que seguirán llegando médicos desde Cuba, porque es más viable que este tipo de personal se ajuste a lo poco que se tiene de presupuesto.
Posdata 1
La familia Alcalde también seguirá teniendo una gran influencia en el próximo gobierno. Luisa María, la actual secretaria de Gobernación, será la nueva presidenta de Morena a partir de octubre, cuando comience la administración de Claudia Sheinbaum y Mario Delgado –quien termina su mandato formalmente en octubre– tome posesión como secretario de Educación Pública.
Su hermana, Bertha Alcalde Luján, quien tomó la dirección del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en febrero pasado, es probable que sea ratificada en la misma posición, a menos de que sea una candidata, de nueva cuenta, para llegar a la Corte o a la Judicatura. Más interesante será el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial que se creará con la aprobación de la reforma constitucional.
Alcalde Luján no está de lo más cómoda en el ISSSTE. En el grupo de los herederos del Presidente, especialmente en el de Andrés Manuel o “Andy”, se propuso que el relevo de Pedro Zenteno fuera Almendra Ortiz, quien llegó a ocupar la dirección de Administración y Finanzas del ISSSTE luego de su paso por la Ayudantía de la Presidencia de la República, mientras que los militares impulsaron al general Jen Pedro Lohmann, actual titular de Birmex y ahora encargado de la megafarmacia. El presidente López Obrador optó –en una decisión salomónica– por Bertha Alcalde.
Los principales retos de Alcalde Luján son la recaudación de las cuotas del ISSSTE que adeudan las entidades federativas por más de 80 mil millones de pesos, principalmente de aportaciones para las cuentas individuales de los trabajadores. Dichos recursos irán a parar al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Alcalde Luján también se ha llevado varias sorpresas al revisar los contratos de servicios integrales para la atención de los derechohabientes, un rubro a cargo de Almendra Ortiz donde se han hecho varios negocios.
Posdata 2
Lázaro Cárdenas Batel fue designado jefe de la Oficina de la Presidencia por Claudia Sheinbaum. La virtual Presidente electa le hizo dos ofrecimientos previos que rechazó: primero, la Secretaría de Energía, y segundo, la dirección de Petróleos Mexicanos. Fue en una reunión en la que también participó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. El nieto del expresidente Lázaro Cárdenas agradeció las consideraciones y pidió tiempo para pensarlo. Finalmente rechazó ambos ofrecimientos y propuso reinstalar la Jefatura de Oficina de la Presidencia, cargo que han tenido en el pasado prominentes políticos, con excepción del empresario Alfonso Romo, quien no logró ejercer a plenitud la posición, en buena medida porque López Obrador lo acotó demasiado y lo desautorizó en varias ocasiones.
Cárdenas Batel, que ya fue coordinador de Asesores de AMLO, pretende ejercer, ahora sí, el cargo en toda su expresión, con la venia de Sheinbaum. Será el nuevo “Julio Scherer”, sin los escándalos con los que se le relaciona al otrora poderoso exconsejero jurídico, pues llevará la relación con el Legislativo, con el renovado Poder Judicial, con los gobernadores, con la oposición y además coadyuvará con el futuro canciller, Juan Ramón de la Fuente, y con el próximo secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en fortalecer la relación con Estados Unidos. El exgobernador michoacano tiene experiencia diplomática, pues fue miembro del Consejo directivo de WOLA (Washington Office on Latin America) e integrante del Grupo de Análisis Político de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos.
Así que contra Donald Trump van a cerrar la pinza De la Fuente, Ebrard y Cárdenas Batel.
Posdata 3
La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) consideró que los aranceles de hasta 25% al acero y aluminio anunciados este miércoles por Estados Unidos tienen un impacto fuerte para algunos sectores productivos de México.
Los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Estados Unidos, Joe Biden, acordaron nuevas acciones conjuntas para evitar que los productores de acero y aluminio de China y otros países eludan los aranceles estadounidenses desviando sus productos a través de México. La famosa triangulación de la que se viene acusando a México y a China desde hace meses.
López Obrador dijo ayer que la decisión de respaldar la aplicación de aranceles al aluminio y acero proveniente de China por parte de Estados Unidos está vinculada a mantener la buena relación en América del Norte.
Asimismo, recordó que el país cuenta con la posibilidad de enviar acero y otros bienes a sus vecinos del norte, lo cual trae beneficios para la economía local a través del establecimiento de fábricas, la llegada de inversión y la creación de empleos.
La medida beneficia a empresas mexicanas productoras de acero y aluminio como DeAcero, la cual ha pugnado porque la cadena de valor de esta industria sea 100% nacional.
@MarioMal
