En abril pasado, cuando iniciaba la crisis económica de la pandemia del Covid-19 y el presidente Andrés Manuel López Obrador se negaba a dirigir apoyos al sector productivo, se refirió al Fobaproa y aseguró que a los empresarios —en especial a los banqueros— que “en tiempos de crisis se les estimula la voracidad”.
Ocho meses después, los hechos le han dado la razón. El banquero favorito de su gobierno, Ricardo Salinas Pliego, está a punto de imponer en el Congreso una reforma a la Ley del Banco de México que, con el espíritu del estigmatizado Fondo de Protección al Ahorro, rescata el negocio de intercambio de divisas de Banco Azteca, a cambio de poner en serio riesgo las reservas internacionales de la nación.
Los cambios son impulsados desde el Senado de la República por el coordinador de la bancada morenista, Ricardo Monreal, cuyo pragmatismo legislativo es conocido y ahora aprovechado por el propietario de TV Azteca y de la red de tiendas Elektra.
No obstante, diversas señales revelan que el asunto contaría también con la aprobación, por lo menos tácita, del titular del Ejecutivo, quien no ve con malos ojos enviar una señal a Banxico de lo vulnerable que es su autonomía en tiempos de la 4T, y de paso brindarle un gesto de buena voluntad al empresario que lo invitó a su televisora hace apenas unos días— el pasado 2 de diciembre—, justo la tarde en que renunció Alfonso Romo y la relación con los empresarios se volvió, para algunos cuantos, pura y directa.
La iniciativa para reformar los artículos 20 y 34, y adicionar los artículos 20 Bis y 20 Ter a la Ley del Banco de México, no es otra cosa más que transferir al banco central la responsabilidad para manejar moneda extranjera de dudosa naturaleza, por lo que también se transfiere a la institución que preside Alejandro Díaz de León el riesgo de contaminar sus reservas con estos recursos y recibir sanciones de organismos internacionales o incluso locales por posibles vinculaciones con casos de lavado de dinero.
En suma, sería contaminar dinero bueno con el malo, algo que estaba previsto en la esencia inicial de la reforma, cuando se proponía que el Banco de México comprara las divisas en poder de la Fiscalía General de la República, aun cuando éstas provinieran del crimen organizado.
Por tanto, según diversos expertos consultados —algunos incluso afines a la 4T—, no existe beneficio o razón técnica para obligar al banco central a comprar a las instituciones de crédito los billetes y monedas foráneas que no puedan ser colocadas; primero, porque la repatriación de divisas a sus países de origen no es en realidad un problema para los bancos, quienes en su mayoría tienen acuerdos sólidos de intercambio con sus homólogos extranjeros; y, más importante aún, porque los cambios en la Ley de Banxico convierten a la institución en un depósito de “desechos radiactivos” que, aunque en baja cantidad, pueden generar un desastre que tire prácticamente la economía.
Son los pequeños peces que, en palabras de Díaz de León, pueden contaminar a toda la pecera.
Aunque cuestionados en repetidas ocasiones por el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, los números que Banxico ha presentado al Congreso de la Unión confirman que de los más de 4 mil 700 millones de dólares captados en efectivo por los bancos mexicanos de enero a septiembre de 2020, el 16% los colocaron con sus clientes y usuarios, mientras que 82% se repatriaron a sus países de origen mediante sus convenios de corresponsalía con entidades del exterior.
Fueron 15 las instituciones financieras que exportaron sus dólares y monedas extranjeras a países como Estados Unidos, España y Canadá, en donde fueron recibidos por 11 entidades. No existen en bóveda excedentes importantes de dólares, pues los bancos los han sabido colocar en sus respectivos mercados mediante convenios basados en la confianza y en el apego a la regulación. Todos excepto uno.
Banco Azteca no cuenta desde 2017 con convenio de corresponsalía con entidades extranjeras, luego de que la Oficina de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos sancionó a su socio, el Lone Star National Bank, por violar la legislación en materia antilavado en su relación con el banco de Salinas Pliego. Esta es la institución de crédito que Banxico ha identificado como la responsable de acumular, en los primeros nueves meses del año, más de 10 millones de dólares en efectivo, una bomba de problemas que, con el apoyo de la 4T y la anuencia de su máximo líder, pretende colocarse en manos del administrador del tesoro nacional.
