El 29 de abril de 2019, frente a catedráticos y trabajadores de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, el presidente del Patronato universitario, Gerardo Sosa Castelán, emitió una postura respecto a los señalamientos de actividades delictivas en su institución: “Nos acusan de tener mucho dinero. ¡Somos chingones! ¿No?”.
Y efectivamente, la institución educativa hidalguense goza de una inusual abundancia; con 17 unidades productivas y 10 empresas controladas por su Patronato, con gasolinera, hotel y tienda de ropa incluidos, la UAEH genera cada año 750 millones de pesos de recursos propios, una de las cifras más altas en el sistema de universidades públicas estatales.
Pero ni siquiera este modelo de universidad empresarial ha podido convencer a la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos de que la prosperidad es producto únicamente de actividades lícitas; mucho menos cuando la Casa de Estudios recibe transferencias multimillonarias provenientes de cuentas ubicadas en países como España y Suiza.
Aun con todo, la UAEH consiguió hace unos días la resolución judicial que necesitaba para acceder a los 151 millones de dólares que la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto le congeló a principios del año pasado; éste un bloqueo solicitado directamente por la DEA como parte de los acuerdos de Cooperación Internacional.
Específicamente, en la decisión del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito se establece como causal de la suspensión el que la UIF no incluyó en el expediente la solicitud de congelamiento de la DEA, el cual es un documento que, según el acuerdo de cooperación con Estados Unidos, debe ser reservado para protección de los agentes involucrados en la investigación.
En la resolución prevalecieron también las famosas jurisprudencias del exministro Eduardo Medina Mora, las mismas que en el último año permitieron descongelar miles de millones de pesos de la delincuencia organizada, por considerar que la suspensión de estos actos no perjudican el interés social o alteran el orden público.
En total fueron 15 meses de bloqueo a los recursos de la UAEH, en los que la Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz Manero no completó el proceso para concretar el aseguramiento, y en los que legisladores cercanos a Sosa Castelán bloquearon la posibilidad para que la UIF pudiera aplicar la extinción de dominio.
En noviembre de 2019, le relatamos la operación de la diputada federal, Lidia García Anaya, para bloquear las reformas planteadas a la Ley de Instituciones de Crédito, en el sentido de que la Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, pudiera iniciar procesos para asegurar recursos relacionados directamente con la delincuencia organizada.
García Anaya se desempeñó como dirigente del Sindicato de Personal Académico de la UAEH y forma parte en la actualidad de un grupo de legisladores locales y federales vinculados a la institución, que llegaron a Morena como resultado de un acuerdo de Sosa Castelán con los operadores de Andrés Manuel López Obrador en territorio hidalguense.
Parece entonces que la historia no terminará aquí y, aunque Sosa asegure que las acusaciones son resultado de “la pinche envidia y coraje” que les tienen, en Estados Unidos siguen creciendo las sospechas sobre vínculos del grupo universitario con el crimen organizado.
Puesta por desarrollo sustentable
PetStar, al mando de Jaime Cámara , dio a conocer su Informe de Sustentabilidad 2019 en el cual refrenda su liderazgo en Economía Circular a nivel mundial. Esta firma, considerada la planta de reciclaje de PET grado alimenticio más grande del mundo y que forma parte de la Industria Mexicana de Coca-Cola, consiguió el año pasado la certificación “Cradle to Cradle”, uno de los máximos galardones otorgados a organizaciones que presenten soluciones innovadoras globales en temas sustentables.
A través de un Webinar con un panel titulado “Reciclando con PetStar no dejamos a nadie atrás”, en donde figuraron representantes de organizaciones como la Red de Pacto Mundial de las Naciones Unidas en México, World Wildlife Fund (WWF) y la Fundación Mayama AC, se habló de la importancia de las empresas ante los retos que dejará el Covid-19 desde la perspectiva de la Agenda 2030, los derechos humanos, impactos sociales y la agenda climática y energética, rubros en donde PetStar ya trabaja para lanzar iniciativas.
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