El presidente Andrés Manuel López Obrador no ha soltado el caso de Genaro García Luna por una simple razón: Morena mandó a hacer encuestas las cuales han arrojado que el descrédito del veredicto de la Corte del distrito de Nueva York, la cual declaró culpable de múltiples cargos al exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, ha significado un tremendo golpe a la imagen del Partido Acción Nacional (PAN).
Y efectivamente, el resultado del juicio contra Genaro García Luna en Estados Unidos ha causado estragos en el instituto político que lidera actualmente Marko Cortés y ha impactado a profundidad en la opinión ciudadana, según diversas mediciones internas y externas del PAN, reveladas por los encuestadores a esta columna.
La estrategia del PAN ha sido negar que el exsecretario de Estado sea panista o haya tenido algo que ver con el partido; sin embargo, hasta el 80% de las personas consultadas para diferentes encuestas afirma que las investigaciones y acusaciones contra el exfuncionario deberán alcanzar al expresidente Felipe Calderón.
Al interior del PAN, García Luna es un tema que causa incomodidad. Marko Cortés evita reiteradamente abordar el asunto y se limita a asegurar que, a pesar del contundente fallo de la justicia estadounidense, su militancia está enfocada en optimizar la estrategia para ganar las elecciones presidenciales del siguiente año.
No obstante, las manos del líder panista están amarradas, pues tampoco puede deslindarse de los dos expresidentes que su organismo encumbró en la primera década del siglo, los cuales llevaron al llamado “super policía” a afianzarse como director de la Agencia Federal de Investigación y luego titular de Seguridad Pública.
El discurso no ha servido siquiera con la militancia blanquiazul. Según las mismas mediciones, más del 70% de los panistas considera que los exmandatarios deben ser investigados por los delitos de los que se acusa a García Luna, y cerca de la mitad de los militantes da por buenas las acusaciones contra el otrora jefe de la Policía y sus cómplices.
El escenario para el PAN no es nada sencillo si se toma en cuenta que el 54% de la población en condiciones de votar –unas 48 millones de personas– está enterada de las acusaciones por tráfico de drogas, delincuencia organizada y falsedad de declaraciones que pesan sobre Genaro García Luna y que, de ese universo, el 80% las relaciona con el PAN.
De ese tamaño será el reto para quien resulte el candidato presidencial que pondrá el PAN sobre la mesa, con el que luego tratará de convencer a los demás partidos de oposición para que sea éste quien encabece la alianza Va por México. La tarea se ve muy difícil, ya que las mismas encuestas apuntan a que el 85% de los priistas consideraría que las acusaciones alcanzan al expresidente Calderón.
En el caso del PRD, el otro partido que conforma el frente opositor, las encuestas señalan que alrededor del 77% de los militantes o simpatizantes relacionan a García Luna con los expresidentes panistas.
En las elecciones presidenciales del 2024, en las que Marko Cortés asegura que ganará el candidato de la alianza Va por México, votarán alrededor de 96 millones de personas. De acuerdo con el padrón electoral del INE, 50 millones son mujeres y 46 millones, hombres.
Para hacerse de la Presidencia el PAN deberá superar por mucho los 12 millones de votos obtenidos aquel 6 de julio de 2018 con Ricardo Anaya como candidato, en un escenario en el que el oficialismo obtendría por lo menos unos 20 millones de votos, según los cálculos de Palacio Nacional.
Posdata 1
Para el canciller Marcelo Ebrard el destino está trazado: componer las relaciones con Estados Unidos, relacionados a los temas de seguridad, migración, el TMEC y la diplomacia en general, los cuales serán claves para que su intención de convertirse en candidato de Morena en el 2024 se convierta en realidad.
Hoy se ve cuesta arriba que el secretario de Relaciones Exteriores se coloque como el favorito para abanderar esa candidatura, pero todo puede pasar. Estados Unidos, que también tendrá elecciones presidenciales en noviembre del 2024, va a jugar un rol importante en los comicios mexicanos, pésele a quien le pese, aseguran funcionarios del gobierno de Joe Biden.
Posdata 2
En el año de 1973, cuando se creó el Nuevo Centro de Población Ejidal José María Pino Suárez, Antonio González Avilés tenía dos predios: uno de 49-69-99 hectáreas con ubicación en la delegación de Felipe Carrillo Puerto y otro de 105-60-00 hectáreas de terrenos propiedad de la nación que tenía en posesión colindante con la Zona Federal Marítimo Terrestre del Mar Caribe en la Delegación de Cozumel; este último le fue afectado por la resolución presidencial del 8 de octubre de 1973 que creó al Nuevo Centro de Población Ejidal José María Pino Suárez, para pasar a ser propiedad del núcleo agrario.
Estos días, los magistrados Laura Granados Guerrero, Alfonso Gabriel García Lanz y Gerardo Dávila Gaona, integrantes del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito con residencia en Cancún, Quintana Roo, van a resolver el amparo directo 564/2021 en el que deberán decidir si le dan validez al fraude documental hecho en 1975 por Antonio González Avilés y Financiera Peninsular, en complicidad con el Notario Público número 33 de Mérida, Yucatán, Hernán Cetina Albertos, por haber cambiado documentalmente el predio Punta Piedra de 49-69-99 hectáreas en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, las cuales las dividieron en 10 fracciones y las pasaron documentalmente de Felipe Carrillo Puerto al Municipio de Cozumel para ubicarlas colindantes a la Zona Federal Marítimo Terrestre del Mar Caribe, en tierras propiedad del Nuevo Centro de Población Ejidal José María Pino Suárez.
Los magistrados también deberán decir si le dan valor legal a un acta de medición y deslinde definitivo levantada para proteger el fraude cometido por Antonio González Avilés y Financiera Peninsular, misma que fue hecha por el topógrafo deslindador Rafael García Medina el 22 de abril de 1981, la cual es contraria a la resolución presidencial de fecha 8 de octubre de 1973, así como al artículo 8 fracción III de la Ley Federal de Reforma Agraria y 27 fracción VIII, inciso c) de la Constitución, el cual declara nulas las actas de medición y deslinde con las cuales se esté afectando tierra ejidal.
Los ejidatarios solicitaron la intervención de la ministra Norma Lucía Piña en su carácter de Presidenta del Consejo de la Judicatura Federal para que el amparo directo 564/2021 se resuelva conforme a derecho mediante escrito presentado el 6 de enero de 2023, en el que le explican en forma pormenorizada todas las irregularidades que se han cometido en su contra.