La orden surgió desde la Secretaría de Hacienda el 28 de septiembre de 2021 y, de inmediato, se ejecutaron las instrucciones para cancelar la licencia y hacer oficial la intervención de Banco Accendo en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que llevaba Juan Pablo Graf . También se dio la orden de congelar, desde la UIF, las cuentas de su director, Francisco Javier Reyes de la Campa, y de sus hermanos Oscar y Luis Ricardo. El regulador financiero era ya un desastre, por lo que Rogelio Ramírez de la O decidió dar un manotazo sobre la mesa.
Este fin de semana fue detenido el exdirector y expresidente Javier Reyes de la Campa por el presunto delito de administración fraudulenta. En Twitter dimos a conocer que elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX lo interceptaron cuando recorría tranquilamente los pasillos de Plaza Artz, lo que significa que el exdirectivo no se escondía de la justicia, y ni siquiera tenía conocimiento de la orden de aprehensión que pesaba en su contra.
La intervención de Banco Accendo fue uno de los últimos clavos en el ataúd de Juan Pablo Graf, quien en julio de 2020 también había sido factor, con sus laxas regulaciones, de la caída de Banco Famsa, con una liquidación de éste que prácticamente dejó en ceros los recursos del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, que tuvo que enfrentar, poco más de un año después, una nueva liquidación bancaria.
Las indagatorias que la autoridad hacendaria llevó a cabo sobre la institución arrojaron la existencia de anomalías en la operación, pues desde su presidencia se habrían utilizado mecanismos sofisticados para extraer recursos en efectivo y realizar triangulaciones con otras empresas identificadas como factureras, entre las que se encuentran razones sociales identificadas como Estagirita del Sur, Recursos Financieros Kerala y Dendra Servicios.
Además, Reyes de la Campa habría también defraudado a sus socios Moisés Cosío , Javier Fernández y Miguel Ángel Gómez , así como a varios fondeadores externos, casas de bolsa e inversionistas, quienes alertaron al gobierno federal de la situación.
Aunque desde el inicio de la liquidación el IPAB anticipó que no tendría problemas para pagarle a los más de mil 500 ahorradores de Accendo, lo cierto es que los 2 mil millones de pesos contemplados en esta operación por concepto de créditos y 9 mil millones en activos, sumados a los 25 mil millones del también extinto Famsa, han causado inconvenientes en el sistema financiero mexicano.
En este escenario, y con las múltiples irregularidades cometidas, Francisco Javier Reyes de la Campa se volvió un blanco fácil para la actual administración, en medio de la estrategia emprendida para incrementar la recaudación. Por ello, la orden de aprehensión se emitió de manera exprés y se cumplimentó ese mismo día.
Sin embargo, es probable que Reyes de la Campa logre llegar a un acuerdo reparatorio con las autoridades y consiga arreglar su situación jurídica. De acuerdo con fuentes judiciales, el empresario habría recibido un ofrecimiento para devolver los recursos que ilegalmente se extrajeron en efectivo del sistema financiero y pasaron a un esquema de triangulación en el que participaron también sus hermanos y al menos cuatro razones sociales.
POSDATA
Hace un par de semanas confluyeron en la boda de una hija de una exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación varios prominentes personajes, entre ellos cinco ministros de la Corte en activo y Eduardo Medina Mor a, a quien la 4T sacó a punta de investigaciones y congelamientos de cuentas del máximo tribunal de justicia del país. Al parecer, no le cayó muy bien el exilio, pues fueron pocos quienes lo saludaron y muchos los que se extrañaron de su nueva y extraña personalidad.
mario.maldonado.padilla@gmail.com