Con más de un millón 320 mil casos de Covid-19, cerca de 120 mil muertes y una escalada de contagios en las últimas semanas, en la Secretaría del Bienestar que encabeza el tabasqueño Javier May Rodríguez parecen haber dejado de lado el interés por conservar la salud de los beneficiarios de los programas sociales para hacer proselitismo político.
La entrega de apoyos por hasta 10 mil pesos a los más de 200 mil damnificados por las inundaciones en Tabasco, quienes durante horas hicieron largas filas sin cumplir las medidas de sana distancia en los módulos que instaló la dependencia federal, evidenció la irresponsabilidad de Javier May, quien aspira a ser gobernador de Tabasco.
El actual gobernador de ese estado, Adán Augusto López, le sugirió que los recursos fueran distribuidos a través de transferencias electrónicas para evitar tumultos que agravaran el ya de por sí preocupante semáforo epidemiológico naranja en el que se encuentra la entidad.
Sin embargo, los mensajes que el mandatario estatal envió a su coterráneo fueron ignorados; más aún, el titular del Bienestar responsabilizó a los damnificados por ocasionar las aglomeraciones, pues aseguró que varios estaban acudiendo a los módulos en días que no les tocaba cobrar.
La entrega de recursos en efectivo abona además a la opacidad que, según la Agencia de Gestión Social y Cooperación, presentan 99 de 116 programas sociales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. “La administración federal 2018–2024 debe plantear una revisión integral de la política social para evitar los actuales niveles de dispersión”, se lee entre las recomendaciones que hizo la agencia.
En específico, debe revisarse lo que se denominó la “caja negra” del gasto social, que son programas de los cuales no se reportó la población beneficiaria ni las acciones correspondientes de la estrategia, pero se les asignaron unos 4 mil millones de pesos de presupuesto público.
Otros programas más, con alrededor de 194 mil millones de pesos, fueron calificados con un nivel de desempeño escaso, tanto por presentar bajos niveles de cobertura de su población potencialmente beneficiaria como por los “avances mediocres en el cumplimiento de sus metas”. Ahí se encontraron, entre otros, el de Sembrando Vida y el Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente.
Ante las irregularidades, se exhortó a que el Poder Legislativo tome previsiones en materia de transparencia y rendición de cuentas respecto a los programas para los próximos ejercicios fiscales. “De los 17 programas sociales prioritarios del presidente Andrés Manuel López Obrador, 14 obtuvieron bajos niveles de desempeño y uno operó bajo condiciones de opacidad”, señala el reporte.
A esos programas se les aprobaron 158 mil 962 millones de pesos en 2020, mientras que para 2021 se contempló un incremento superior a 3% en el presupuesto.
Además de Tabasco, beneficiarios de los programas del bienestar han acusado anomalías con la entrega de apoyos en estados como Aguascalientes, Puebla y Chihuahua; este último un estado donde el exdelegado federal y pareja de la subsecretaria Ariadna Montiel, Juan Carlos Loera, fue señalado por desplegar una campaña de promoción con espectaculares previo a ser nombrado candidato de Morena para buscar la gubernatura.
Existen al menos 97 denuncias contra los superdelegados por promoverse con fines electorales con los recursos federales y por el manejo irregular de los programas sociales.
Un desastre.
mario.maldonado.padilla@gmail.comTwitter:@MarioMal
